APP del Canal del Dique, una encrucijada sin solución a la vista
El proceso se encuentra suspendido por una controversia jurídica. Comunidades, con voces divididas sobre el trámite del proyecto. Gremios hablan sobre los impactos.
La incertidumbre reina entre las comunidades asentadas en la zona de influencia del Canal del Dique. La decisión del Gobierno nacional de suspender indefinidamente el proceso de adjudicación ha causado preocupación debido a la “dilación” que tendrían las obras necesarias para evitar una nueva emergencia en la zona a causa de la ola invernal.
Así lo refrendó Franklin Ortega, líder comunitario del sur del Atlántico, quien aseguró que es necesario adelantar una intervención en la zona para dilucidar el fantasma de una tragedia similar a la vivida en el 2010.
“Esta tutela nos pone en una situación compleja. Hay una gran afectación, porque en estos momentos estamos con unas lluvias intensas y esto preocupa a las comunidades”, dijo.
Por eso hizo un llamado a las comunidades para “evitar que se interpongan acciones que van a tener un desenlace fatal en lo social; se suspende el avance del proyecto y que no haya un contrato que obligue al operador para que se adelante la gestión de obras de mitigación”.
Entre las comunidades también sostuvieron que es positiva la voluntad del actual Gobierno de impulsar el diálogo con las comunidades para enriquecer el proyecto y reducir los impactos negativos.
“Entre Gobierno y comunidades vamos a construir un proyecto fuerte que respete el medio ambiente, pero sobre todo que garantice la seguridad alimentaria para pescadores artesanales, agricultores y ganaderos en los municipios y corregimientos de la región”, sostuvo Antuaneth Ospino, presidenta de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos-ANUC y miembro de la Ruta Cimarronaje,
Humberto Currea, líder del municipio de Luruaco, puso de presente que puede poner en riesgo la seguridad alimentaria de muchas familias de esta ecorregión.
“Vemos con preocupación los derechos de los pescadores artesanales, que son más de 30 mil familias que devengan su sustento a través de este oficio en el Canal del Dique”, expuso el líder.
Juan Pablo Vélez, presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena, expuso que existe preocupación debido a los “aplazamientos indefinidos” del proyecto, que se ha constituido en una “promesa fallida más de varios gobiernos”.
Reiteró que la APP del Dique contempla “soluciones definitivas” para más de 1.5 millones de habitantes de 19 municipios de los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre. Agregó que es una iniciativa que “pretende proteger y preservar un sistema hídrico del cual dependen tantos sectores: fincas agrícolas, ganaderas y piscícolas, los distritos de riego del rur del Atlántico y de María La Baja, y las camaroneras próximas a la bahía de Barbacoas”.
Puso de presente que la decisión de suspender indefinidamente la adjudicación no puede llevar a correr el riesgo “de enfrentar una nueva tragedia ambiental y social. Tenemos una responsabilidad con las comunidades, con el medio ambiente y el sector productivo, la cual no podemos evadir”.
“Las constantes lluvias que hoy estamos viviendo siguen generando afectaciones a las comunidades aledañas. Tenemos una responsabilidad con las comunidades, con el medio ambiente y el sector productivo, la cual no podemos evadir”, agregó el presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena.
Por otro lado, Vélez dijo que desde la labor de articuladores y facilitadores impulsarán que se cumpla el debido proceso, “bajo una premisa esencial y es proteger el medio ambiente y a las comunidades vecinas. Las obras del Canal del Dique deben ser sinónimo de protección”.
Con relación a los diálogos, el líder gremial expuso que “es clave continuar haciendo los diálogos, escuchando las diferentes voces”. Empero, indicó que “el proyecto debe avanzar y debemos superar cuánto antes todas estas controversias, las comunidades serán las principales beneficiadas y esto no puede ponerse más en riesgo”.
Por su parte, Efraín Cepeda, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, reiteró que el proyecto del Canal del Dique es de “gran importancia” porque tiene como objetivo mitigar el impacto sobre posibles inundaciones en Bolívar y Atlántico.
Sostuvo que se encuentran a la “expectativa” de la decisión que tome la Corte Constitucional sobre la acción de tutela que dio lugar a la suspensión temporal del proceso de adjudicación de la APP del Canal del Dique tras la exigencia de las comunidades de que se haga el proceso de consultas previas.
“Destacamos que la ANI mantenga la programación de las mesas de diálogo y concertación con las comunidades y los actores directamente interesados en ese proceso, para avanzar justamente en la atención de la solicitud de quienes instauraron la tutela”, dijo el líder gremial.
El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), William Camargo, sostuvo que mientras se resuelve el proceso en la Corte Constitucional avanzarán en la socialización con las comunidades.
El funcionario expuso que se han contemplado adelantar mesas de trabajo en distintos municipios de Atlántico, Bolívar y Sucre. En esos espacios se busca determinar cuáles son las inquietudes de los habitantes de las zonas adyacentes al Dique para poder establecer acuerdos que permitan avanzar en este proceso.
“El plan B es lograr con las comunidades que las medidas cautelares que solicitaron, que esperamos cubrir, nos permita documentar un acuerdo”, sostuvo.
Recordó que la adjudicación se encuentra suspendida de forma indefinida. “Mientras no se resuelva, el proyecto está suspendido hasta que ese concepto nos permita reiniciar el proceso”.
La APP del Canal del Dique tiene una longitud total de 115,5 kilómetros, que abarcan la hidrovía entre el municipio de Calamar y la bahía de Cartagena. La ejecución de las obras incluye, entre otros, un sistema de compuertas en Calamar, así como esclusas en Calamar y Puerto Badel, con el fin de evitar la entrada no controlada de caudal y grandes cantidades de sedimentos al sistema. El proyecto tiene previsto un valor de inversiones cercanos a los $3,25 billones.
