El Heraldo
El puente metálico Guayepo, sobre el río San Jorge, sigue sin operar porque falta construir uno de los accesos. Cortesía
Sucre

Servidumbres frenan obras por más de $153.500 millones en Sucre

Mientras la comunidad se perjudica, dos dobles calzadas, una variante para carga pesada, un puente y el Plan de Aguas están entre las inversiones afectadas.

La servidumbre, figura jurídica que limita el dominio de un predio que puede ser necesario para construir obras que beneficien a una comunidad, ha sido en los últimos años el mayor obstáculo para desarrollar proyectos de infraestructura en  Sucre.

La ocupación ilegal de un predio, la baja oferta económica por el mismo y hasta malos procedimientos de las autoridades para solicitar la expropiación del bien son algunas de las situaciones que han llevado a que obras importantes para los sucreños estén hoy paralizadas y hasta convertidas en ‘elefantes blancos’, pese a la utilidad que pueden prestar y a los miles de millones invertidos.

El conflicto por la servidumbre resonó en Sucre a mediados de septiembre tras una visita del vicepresidente de la República, Germán Vargas, y la ministra de Transporte, Natalia Abello, quienes anunciaron, según informó la concesión Autopistas de la Sabana, la expropiación de dos bienes de Betty y Beatriz Merlano Fernández –hermanas del exalcalde de Sincelejo Jaime Merlano y del exsenador Jairo Merlano, padre del también exsenador Eduardo Carlos Merlano, destituido por el escándalo de la prueba de alcoholemia que no quiso practicarse en Barranquilla– que impiden la pronta entrega de la Variante Oriental,  entre los corregimientos de Bremen y Chochó.

La carretera de 11,1 kilómetros, cuyo costo a la fecha es de $40 mil millones, está proyectada para el tránsito de carros pesados, pero su construcción se encuentra paralizada por 800 metros que, según Autopistas de la Sabana, forman parte del terreno de las Merlano. Ellas, al rechazar las declaraciones del alto Gobierno, señalaron que el 80% de la vía fue construida con expropiaciones y que, aunque su caso no sería la excepción, el proceso no estaba adelantando porque los funcionarios englobaron los predios para dos proyectos –el otro es la doble calzada Sampués-Sincelejo– y uno de estos no tenía licencia ambiental, lo que evidencia un mal procedimiento.

“Ahora que ya tienen la licencia, ese proceso está en litigio con nosotras desde hace dos meses. Por eso lo que anunciaron los funcionarios no tiene razón de ser”, explicó Betty Merlano.

El atraso en la carretera, que debe ser entregada el 31 de diciembre próximo y que está ejecutada en un 75%, no es nada comparable con los dos años que lleva sin funcionar el puente metálico Guayepo, sobre el río San Jorge, en el municipio de San Marcos para comunicar a la subregión Mojana con el resto del Departamento. La obra, paralizada desde 2012, no ha sido puesta al servicio por el Invías porque el acceso desde San Marcos no ha podido ser construido: Marco Tulio Uribe Carriazo, propietario de la finca Santa Úrsula, exige desde 2009, cuando fue firmado el contrato, una compensación de $500 millones.

Remberto Sandoval Méndez, veedor de la construcción del puente, informó que para construir el terraplén de acceso se necesitan 8.730 metros cuadrados, de los cuales la mitad está en esa finca.

Ramón Dorado, director de Invías en Sucre, aseguró que el conflicto con el propietario de Santa Úrsula es estudiado por un juzgado de Sincelejo. La construcción del puente costó casi $8.500 millones.

Hay más. Otra obra en suspenso en un Departamento pobre como el de Sucre, y con escasas oportunidades laborales, es el del Plan de Aguas.

Pablo Márquez Raccini, gerente técnico de Aguas de Sucre, informó que la construcción de la línea de 32 pulgadas entre Sincelejo y Corozal –incluida en el plan 90/24 para suministrar agua permanente a la capital sucreña– está paralizada. Su costo es de $9. 354 millones.

Por 800 metros de servidumbre, la Variante Oriental está paralizada.

“Este proyecto, de Aguas de la Sabana y la Alcaldía de Sincelejo, no ha sido terminado porque hay problemas con unos predios en Corozal, entre los propietarios y la Lonja de Propiedad Raíz. Es el municipio de Sincelejo el que debe interponer acciones jurídicas para lograr que el predio San Ángel, propiedad de un señor de apellido Badel, sea entregado y el contrato pueda avanzar para terminarlo en diciembre de 2014”, manifestó Márquez. Las partes esperan un fallo judicial.

Sobre este caso, el secretario general de la Alcaldía de Sincelejo, Fabio Araque de Ávila, explicó que el proyecto afronta problemas con la servidumbre por: inconformidad de los propietarios con los valores establecidos por la Lonja, demoras de esta entidad en el avalúo y vacíos jurídicos referentes a la imposición de servidumbres por una entidad que no forma parte del ente territorial.

Señaló que el plan 90/24 cuesta $105.000 millones y que para pagar las servidumbres de 9 predios faltan $1.058 millones, así como la imposición de servidumbre por vía administrativa en otro.

Rubén Villalba, presidente de la Lonja, aclaró que la Alcaldía pidió actualizar cuatro predios cercanos a la sede de la Infantería de Marina y que, aunque esta diligencia ya concluyó, la administración debe ahora solicitar el cálculo particular –y no global– de posibles daños emergentes ocasionados por el proyecto.

Un dolor de cabeza. Para los secretarios de Planeación y Desarrollo de Sincelejo, Róger Mendoza y Domingo de León, respectivamente, las obras con servidumbres son las que más problemas registran porque algunos propietarios se niegan a vender al precio que establece la Lonja.

Mendoza recordó, recientemente, que otras obras paralizadas por servidumbres son las dobles calzadas Sincelejo-Toluviejo y Sincelejo-Sampués, esta última en un sector de la intersección vial en El Maizal. Estos dos tramos, de los cuales no fueron dados a conocer los valores, forman parte de una inversión de $1,2 billones que se ejecuta desde 2010 entre Córdoba y Sucre.

“Algunos propietarios no quieren vender, como ocurre con Juan Carlos Payares en la vía Sincelejo-Sampués. En algunos casos son casas y en otras fincas que rechazan el avalúo de la Lonja. Esperamos el resultado del proceso jurídico de expropiación”, explicó Mendoza, quien dijo que los problemas de movilidad por la parálisis de la construcción “son grandes”.

De León opinó que las obras no deben retrasarse porque los encargados pueden trabajar en otro frente mientras se solucionan los problemas. “Delegamos a La Lonja para los avalúos correspondientes, a cuyos valores nos debemos acoger. El propietario está en todo su derecho de aceptar o no. Si ocurre esto último la justicia debe decidir”, manifestó. Dijo que lo ideal es arrancar un proyecto sin problemas y llamó la atención sobre que cuando una obra termina en el plazo establecido no hay sobrecostos, pero no ocurre lo mismo cuando hay estos obstáculos.

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