Buscan revocarle el mandato al alcalde de San Benito
Esta es la primera iniciativa de revocatoria del mandato a los alcaldes de este cuatrenio, pero en Sucre hay descontento con la labor de otros mandatarios locales, entre ellos el de Tolú, quien no le ha cumplido a los empleados del Hospital Local con los pagos de forma puntual.
Por lo visto, la administración de Agustín Villarreal en el municipio de San Benito no ha llenado las expectativas de sus electores, que en 365 días de mandato no han visto su primera gran obra de gobierno, por lo que ya fue radicada en la Registraduría Municipal una iniciativa que busca revocarle el mandato.
El sentir surgió inicialmente de varios aspirantes al Concejo que acompañaron a Villarreal en su propósito de llegar a la Alcaldía y que se dieron cuenta –un año después– que sus promesas de campaña fueron solo eso, unas promesas. En razón a ello, se aliaron a los concejales de la oposición y a la ciudadanía en general para conformar el comité pro-revocatoria, el cual ya inició la socialización de esta iniciativa en varias comunidades.
Andrés Pupo, uno de los cinco concejales de la oposición de Villarreal, le dijo a AL DÍA que en San Benito hay una insatisfacción generalizada con la labor del alcalde en su primer año de gobierno, “la comunidad llega para que le solucionen sus problemas y no lo hacen, no los atienden. Aquí la administración a las familias más pobres les ayudaba con los funerales y eso ahora no lo están haciendo. Además, no hay una obra que mostrar y esto no lo podemos permitir”, anotó Pupo.
Antes de surgir el comité de apoyo a la revocatoria de mandato que integran 32 personas, ya habían realizado cuatro reuniones públicas, y la ciudadanía estuvo de acuerdo con ello.
La iniciativa de revocatoria del mandato a Agustín Villarreal tiene página web y en ella están expuestos los 13 contratos por más de $3.200 millones que el mandatario habría desviado, pues las obras no están.
Entre esos contratos se encuentra uno por cerca de $1.000 millones para asesorar, apoyar y acompañar a las secretarías de despacho; otro contrato por $305 millones para complementos alimentarios y uno más por $119 millones en la adquisición de textos para las instituciones y biblioteca.
