Los secuestros en el sur de Bolívar, como el perpetrado la semana pasada por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que tiene privados de la libertad a tres extranjeros y dos bolivarenses, estaban cantados desde el año pasado.

EL HERALDO conoció ayer un informe de la Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos y DIH, donde se alertó el año pasado a las autoridades civiles, de Policía y militares sobre el peligro que corrían varios municipios del sur de Bolívar con el accionar de los grupos ilegales. Entre esos municipios estaba Norosí y su corregimiento de Casa de Barro, donde ocurrió el secuestro la semana  de los trabajadores de la empresa de exploración minera GeoExplored.

Según el informe, emitido apenas hace cinco meses, la población asentada en municipios del sur del Departamento, como Norosí, Tiquiso y Arenal, se encuentra en altos factores de vulnerabilidad por el fortalecimiento de los grupos armados al margen de la ley, los cuales vienen desde entonces incrementando sus amenazas, intimidaciones, extorsiones, secuestros y otros hechos de terror sobre las comunidades.

Generadores de violencia. En el informe se revela además cómo este tipo de acciones contra la población se han incrementando gracias a un presunto pacto de trabajo entre el autodenominado grupo ilegal de las Autodefensas Gaitanistas/Águilas Negras/Urabeños y las Farc, para disputarse el territorio en una guerra cerrada contra el ELN.

El propósito del pacto entre los grupos de ultra derecha y la guerrilla de las Farc, según  la Defensoría,  es controlar la cadena del narcotráfico (cultivo, procesamiento y tráfico de estupefacientes y de insumos químicos), así como ejercer el control social y económico sobre la explotación y comercialización del oro, metal por el que se vive en el sur de Bolívar en una verdadera ‘fiebre’ que está dejando buenos dividendos con el aumento del precio de la onza de oro, la cual hace dos años alcanzó precios históricos internacionales de hasta 1.891 dólares la onza.

Corredores de droga. La disputa entre el grupo ilegales, según se lee en el informe gira en torno al control estratégico para el transporte de estupefacientes, insumos, vituallas y armamento por corredores que comunican desde Arenal, Norosí, Puerto Tiquisio, el Coco Tiquisio, Puerto Venecia, Montecristo, Guaranda (Sucre) y Nechí en Antioquia, hasta puertos localizados en la Costa Caribe colombiana con conexión a países de Centro América y el mar Caribe.

“Dicha ruta facilita el comercio de los alijos de coca hacia mercados internacionales como Panamá, México y Guatemala; consecuentemente el conservar el dominio territorial de estos municipios, les permite contar con bases permanentes para dirigir sus acciones y canalizar los recursos obtenidos de la explotación aurífera y el tráfico de estupefacientes”, dice el informe.

ELN infunde temor. Los guerrilleros del ELN que conforman los frentes de guerra Darío Ramírez Castro y de las autodenominadas compañías Guillermo Ariza y Simón Bolívar, advierte la Defensoría, viene  desde el año 2011 proferido amenazas contra la población campesina en la parte alta de los municipios Norosí, Tiquisio y Arenal, agudizando la situación de temor y zozobra que repercute en el desarrollo de las actividades sociales, económicas y políticas de la comunidad.

“El ELN mediante la presión pretende cooptar a las juntas de acción comunal y a los pequeños mineros, con el ánimo de generar una base social ‘tolerante’ o ‘leal’ hacia esta organización irregular, al mismo tiempo que busca ganar su confianza, ofreciendo protección frente a la posible agresión de otro grupo armado ilegal”, describe el informe.

Cuarto secuestro. Los familiares del ingeniero cartagenero William Batista Jinete, uno de los cinco plagiados, informaron que esta es la cuarta vez que es secuestrado, todas en el cumplimiento de su trabajo. Manifestaron su incertidumbre por la suerte de su ser querido, pues no tienen conocimiento alguno de qué tipo de operativos realiza el Ejército en el sur de Bolívar y si estos son seguros para la integridad del ingeniero. Manuel Batista, hermano del secuestrado, comentó que la última vez que habló con su familiar fue un día antes de que la guerrilla lo privara de su libertad.

“Ese día nos manifestó su preocupación por la falta personal de la Fuerza Pública, situación que estaba haciendo insegura la zona”, comentó Manuel Batista.  EM