El Heraldo
Numerosas personas en una de las sedes de la caja cuando el 19 de septiembre buscaban cupos para tramitar subsidios de vivienda. Wilfred Arias
Región Caribe

El desangramiento de Comfamiliar Cartagena y Bolívar

EL HERALDO tuvo acceso a la denuncia que la Superintendencia de Subsidio Familiar presentó ante la Fiscalía General tras intervenir la caja Comfamiliar Cartagena y Bolívar.

La frase de la superintendente de Subsidio Familiar, María del Pilar González, lo resume todo: “Al Director y a su Consejo Directivo parecía que no les importaba para nada la caja de compensación”.

La funcionaria se refería a las irregularidades administrativas halladas en Comfamiliar Cartagena y Bolívar, lo que motivó su intervención total a través de la Resolución 0211 del 17 de marzo/2014.

“La caja la estaban desangrando en todo, con unas tarifas muy por encima (del mercado), arriendos de equipos, prestaciones de servicios”, dijo González a EL HERALDO.

Con la intervención fueron removidos de sus cargos Felipe Mendoza Arias, director de la caja; todo el consejo directivo integrado por Álvaro Francisco Vélez Bustillo, Pedro de Jesús González Soto, Santiago Antonio Puerta Bula, Jairo Humberto Espitia Parra y José Miguel Manzur Villalba, en su condición de representantes de los empleadores; Luis Alberto Mendoza Periñán, Manuel Salinas Casiani, Marlene Ospina Navarro, Jesús Vecino Quiñones y José Lucio Crizón Barrios, como representantes de los trabajadores.

También fue removido el revisor fiscal Eduardo Rafael Hernández Salas, que ejercía estas funciones en nombre de la Compañía de Contadores Asociados (Comtasa Ltda.). La consideración es que incumplió sus funciones porque, además de establecer que recibía anticipos de su salario, presentó un dictamen financiero a corte de diciembre de 2013 en el que se “detectaron inconsistencias” y no dio a conocer actos de corrupción.

La Superintendencia encontró que tres de los consejeros representantes de las empresas firmaron contratos con la caja y recibieron privilegios, como anticipos y pagos, pese a las inhabilidades en que incurrían.

DENUNCIAN ANOMALÍAS. El pasado 12 de mayo, a primera hora, la superintendente González presentó ante el  fiscal general, Luis Eduardo Montealegre, –radicado 20146110715462– la denuncia por las presuntas irregularidades encontradas.

En el escrito, conocido por EL HERALDO, anexó la Resolución 0211 y un informe de 89 páginas del proceso de intervención elaborado por un grupo de 10 funcionarios.

En esos documentos queda en evidencia, en múltiples detalles, lo que la Supersubsidio, en su seguimiento a Comfamiliar, terminó calificando como “desgreño administrativo, falta de control, descuido con los recursos del sistema de subsidio familiar y la incertidumbre de que estos estén llegando a los destinatarios legales (...)”, es decir los afiliados y sus beneficiarios.

A través de la nueva directora administrativa encargada, María del Pilar Acosta Barrios, y la agente especial de la intervención, Piedad Constanza Fuentes Rodríguez, que asumió las funciones del Consejo Directivo, la Superintendencia, debido a que “la caja está en riesgo, muy, muy mal”, puso en marcha un plan de salvamento al 2017, explicó González.

Con este objetivo, ante la “grave crisis financiera” encontrada y las “falencias en la información contable”, decidieron que es “urgente definir el cierre” de la EPS-S de Comfamiliar y para su liquidación dispusieron solicitar la intervención de la Superintendencia de Salud.

Igualmente, aprobaron un plan de austeridad para reducir y controlar los gastos administrativos, sobre todo los “suntuarios” y aquellos “relacionados con almuerzos, gastos de clubes y gastos de servicios telefónicos”.

DESORDEN EN CONTRATOS. En la evaluación de Comfamiliar encontraron que la contratación de bienes y servicios se hacía sin planificación; incurrían en fraccionamientos de contratos; entregaban millonarios anticipos que no eran legalizados y hasta aceptaban que contratistas firmaran sin pagar las prestaciones sociales.

La Superintendencia halló que el Manual de Contratación, adoptado mediante el acuerdo 002 del 29 de julio de 2010, fue modificado por el Consejo Directivo en julio y diciembre de 2013. Le llamó la atención que, extrañamente, fijaron unos criterios para adquirir bienes y servicios a través de órdenes y compras “sin la necesidad de realizar contrato ni solicitar pólizas o garantías”, concluyó la Superintendencia.

Este criterio fue calificado como “demasiado amplio” pues “afecta la seguridad jurídica de la caja”. De esta manera abrieron una gran puerta para contratar sin control. Por eso, en las órdenes de compra no describían ni consignaban la totalidad de las características de los bienes y servicios adquiridos ni las obligaciones y garantías a cumplir.

Quedó en evidencia que se hacían pagos “sin haber recibido los bienes y sin documentar o dejar constancia de su no recibo”, como en el caso de 100 sillas para el colegio de la caja de compensación. En el informe entregado a la Fiscalía se lee que al contratista Jaime Luis Martínez Polo le pagaron $13.705.200 el 14 de marzo, por autorización del director Felipe Mendoza, pero el 27 de marzo el rector del colegio, Humberto González, le certificó a la Supersubsidio “no haberlas recibido”.

FAVORECIMIENTO A DIRECTIVOS. Otro de las irregularidades descubiertas tienen que ver con contratos y favorecimientos a 3 directivos. Señala el informe que la empresa UCI del Caribe presta a la EPS-S de Comfamiliar los servicios de hospitalización de cuidados intensivos para adultos y en 2013 radicó  “cuentas por $818.072.380” y le “otorgaron anticipos por $649.939.539”.

“Es de anotar que el representante legal de esta empresa es el consejero Santiago Puerta Bula”, destaca el informe en poder de la Fiscalía. Su nombramiento tuvo lugar el 16 de junio de 2012, “situación que conlleva una inhabilidad para dicha contratación”, advierte.

Los funcionarios de la Supersubsidio señalan que la caja justifica esta contratación argumentando que existe un déficit de camas de cuidados intensivos, pero los delegados cuestionan “que a través del pago de anticipos se otorga un tratamiento a esta empresa que no corresponde a la generalidad de los proveedores de servicios de salud” de Comfamiliar Cartagena y Bolívar.

En efecto, les llamó la atención que mientras la caja tenía proveedores con cartera vencida superior a 360 días y otras cuentas las estaban pagando a 270 días, a la empresa de Santiago Puerta “le realizaron anticipos (...) sin tener una causa clara”, desde el 2 de enero, y “sin ningún tipo de soporte”.

Igualmente, Felipe Mendoza firmó con Servicios Especiales para Empresas (SESPEM) un contrato civil de prestación de servicios mediante trabajadores en misión, desde el 21 de diciembre de 2013 al 21 de diciembre de 2014. La Superintendencia detectó que Carlos Bozzi, representante legal de esta empresa, fue elegido –también el 16 de junio de 2012– suplente del Consejo Directivo, situación que “genera inhabilidad”. En un correo electrónico este diario preguntó sobre el valor del contrato, pero la directora (e) no dio respuesta.

En el caso del directivo José Manzur Villalba, la Superintendencia señala, en la Resolución 0211, que le “realizan pagos preferentes”. Esto tiene que ver con facturas por $809.003.082 de servicios de salud que prestó a Comfamiliar la Clínica Universitaria San Juan de Dios y que fueron cedidas a la empresa Videocom, cuyo representante legal es Manzur Villalba.

Además, la Superintendencia llama la atención sobre una inhabilidad en 4 contratos –de los cuales tampoco se informó el monto solicitado– con la firma Centercom para el servicio de call center. ¿La razón? Al hacer una visita a esta empresa encontraron que funciona en la misma sede de Videocom. Al respecto, recuerda la Superintendencia que el Decreto 2463 de 1981 señala, de manera expresa, la inhabilidad para contratar con la caja a las personas con las que miembros de la junta directiva tengan “comunidad de oficina”. La Supersubsidio recomendó renegociarlos o terminarlos.

Sede de la EPS-S de Comfamiliar Cartagena y Bolívar.

LAS PÉRDIDAS DE LA EPS-S. En cuanto al estado financiero encontraron que el manejo administrativo de la EPS-S por sus pérdidas tienen en peligro la estabilidad de la caja de compensación. “La entidad se encuentra en alto riesgo financiero por los altos gastos de la EPS-S, con gastos y costos desbordados, niveles de endeudamiento del 80% y una crítica situación de iliquidez, lo cual está afectando gravemente el patrimonio de la Corporación”, dice el informe.

En medio del desorden administrativo, financiero y contable, a corte del 18 de marzo la caja presentaba pérdidas acumuladas por $36.354 millones, incluyendo las de 2013 cuando se disparó la crisis, en especial en octubre, noviembre y diciembre. En esa mismo fecha la EPS-S tenía un déficit de $40.505 millones. La IPS sumaba activos por $50.841 millones, pero estos en su mayoría –$40.722 millones– eran deudas de la EPS-S. “La IPS presenta una situación de iliquidez ya que su mayor cliente es la EPS-S de Comfamiliar Cartagena y Bolívar, con un 92% de sus ingresos”, dice el informe.

Por los hallazgos, la superintendente González en su denuncia ante el fiscal Montealegre advierte que “es importante señalar que en el presente caso la Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar, Comfamiliar, administra los recursos públicos parafiscales del subsidio familiar, así como los recursos públicos del régimen subsidiado de salud, en su condición de Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado”.

EL HERALDO preguntó a la Fiscalía en qué va la denuncia, pero no hubo respuesta sobre si fue abierta la investigación. La Procuraduría General tampoco dijo en que quedó la queja que la superintendente González asegura que presentó.

“Falta de pagos nos tiene quebrados”

Desesperados, especialistas de diferentes ramas de la medicina que pidieron reservar sus identidades para evitar “represalias políticas y económicas” pues sostienen que en los malos manejos de Comfamiliar Cartagena y Bolívar “hay influyentes poderes”, explicaron que “la cartera ha ido creciendo” sumando las deudas viejas, contraídas antes de la intervención, y las nuevas. Hay acreencias individuales que sobrepasan los $400 millones. Sin desconocer que seguramente hay casos en los que la pasada administración de Comfamiliar contrató a precios altos para favorecer intereses de directivos, dicen que los servicios que ellos suscribieron, años atrás, fueron con las llamadas “tarifas ISS-2001”. Afirman que pagarles con precios de hace 13 años, que aceptaron “para no salir del mercado”, significa que “el fantasma del Seguro Social sigue vivo”, por lo que se quejan ante lo que sucede: “La falta de pagos nos tiene quebrados”. Revelan que algunos tuvieron que despedir empleados y terminaron incumpliendo compromisos financieros. La superintendente de Subsidio Familiar, María del Pilar González, explica que en el plan de salvamento de Comfamiliar renegociaron tarifas. “Tenían unas altísimas”, dice. Comenta que, como en toda intervención, están depurando las deudas, proponen conciliaciones y tras un acuerdo proceden, caso por caso, a firmar los compromisos. “No tenemos liquidez y, efectivamente, no les vamos a pagar pronto a los proveedores”, manifiesta González. En defensa de los servicios prestados, los especialistas piden que “no nos mezclen” con quienes firmaron contratos onerosos. Insisten en que las tarifas a las que les pagan a ellos “no son altas” porque por más de una década han permanecido fijas y en cambio los insumos con los que trabajan han aumentado. En medio de la incertidumbre, unos dicen que esperan que “no haya más incumplimientos en los pagos”, otros no saben si embargarán. “Los que tenían bajo su responsabilidad la caja la quebraron y nadie sabe si los están investigando, pero uno, en cambio, está a punto de perder el patrimonio”, reclaman.

MILLONES SIN AUDITAR

En medio de la falta de control descubierto, la Supersubsidio evidenció graves fallas en las auditorías médicas. En 2013 fueron radicadas 130.627 facturas por $104.765 millones, pero al cierre de esa vigencia los gastos médicos sumaron $150.033 millones. “Lo anterior –dice el informe de la entidad– evidencia la falta de control sobre el costo médico” y subraya que “un total de $47.267 millones entraron a la contabilidad sin el control de auditoría médica indicado”. Esta situación fue detectada en la sede central y las oficinas municipales.

Sobreprecios y sisbén, otros escándalos

No es la primera vez que Comfamiliar Cartagena y Bolívar es sacudida por escándalos. Años atrás se registraron dos que cuestionaron sus actuaciones administrativas.
El primero por la venta con sobreprecios a Colombia Humanitaria de mercados y kits de aseo con destino a damnificados de las olas invernales de 2009 y 2010. William Murra, director de control social de Aciembol y miembro de la junta nacional de Aciem, afirma que, tras la investigación, “se demostró que hubo muchas irregularidades”. La Contraloría General, en carta del 1 de octubre de 2013, le informó al dirigente gremial que por el hallazgo administrativo por presunto sobrecosto de $5.897 millones fue abierto un proceso de responsabilidad fiscal contra la caja de compensación.
El proceso terminó en una conciliación, aprobada por la Contraloría, y Comfamiliar tuvo que entregar en contraprestación a Colombia Humanitaria mercados por más de $3 mil millones. “Eso es bastante plata y se pagó por las irregularidades”, reafirma Murra.
El segundo caso fue el de “sisbenizados fantasmas”. El dirigente presentó la denuncia ante varias entidades, entre ellas la Dirección de la Dijín que fue comisionada por el presidente Juan Manuel Santos para investigar varios casos similares en el país, pero no se sabe en qué quedaron las pesquisas al respecto. En cambio, la Contraloría sí abrió, el 8 de mayo de 2013, un juicio de responsabilidad fiscal a Comfamiliar por $3.122 millones.

MILLONARIA CONCILIACIÓN

El 18 de marzo pasado cuando los funcionarios de la Supersubsidio notificaron la separación del cargo, entre otros, del director administrativo Felipe Mendoza les informaron que este había laborado hasta el 28 de febrero por terminación voluntaria de las partes del contrato de trabajo. Después se enteraron de que al funcionario le reconocieron $120 millones por concepto de bonificación especial y $28 millones por primas extralegales y vacaciones por liquidar. Ante las pérdidas registradas en 2013 y la crítica iliquidez, para la Superintedencia “no se considera responsable con el patrimonio de la entidad ordenar el pago de compensaciones económicas por la terminación de mutuo acuerdo de un contrato de trabajo”.

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