El Heraldo
Bolívar

Capturan a veedor, a exnotario y fiscal por caso de robo de tierras

Sede de la Fiscalía en la capital de Bolívar, donde labora uno de los implicados.

Un nuevo capítulo se escribió ayer en el caso relacionado con el despojo de tierras a varios campesinos en Cartagena tras las capturas del exnotario de Barranquilla, Rubén Antonio Ariza, el gerente de la firma Conequipos Luis Orlando Barragán, un funcionario de la Fiscalía de Cartagena identificado como Rolando Millán Eljach y el director ejecutivo de la veeduría contra la corrupción, Arnulfo Molina Polo. Por este hecho ya fue capturada en Valledupar y privada de la libertad la directora de Instrumentos Públicos de Cartagena, Emilia Fadul.

Las investigaciones han permitido establecer que las capturas estarían relacionadas con el despojo de tierras a varios campesinos en la zona industrial de Mamonal en Cartagena. Los labriegos, al parecer, fueron obligados a vender sus predios a precios irrisorios y para lograr sus fines, los funcionarios se valían de escrituras falsificadas.

La Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica (Corelca), entre 1998 y 1999, extendió redes eléctricas de alta tensión en zona rural de Mompox, obras que afectaron los inmuebles de 64 familias que luego demandaron a dicha empresa.
Para indemnizar a los damnificados, Corelca cedió un terreno, en la zona industrial Mamonal, de 34 hectáreas cerca de Cartagena. Sin embargo, 12 de esas hectáreas estaban catalogadas como reserva forestal y, presuntamente, a través de falsas escrituras fueron despojados de sus predios.

La presunta estafa contra campesinos beneficiarios de una millonaria demanda por procesos de servidumbres contra la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, Corelca, dejó también al descubierto que la entidad habría sido víctima de fraudes de diversos tipos por parte de las seis personas privadas de la libertad por orden de la Fiscalía General, señaladas de engañar a los labriegos, entre ellas, la registradora de Instrumentos Públicos de Cartagena, Emilia Fadul.

Aunque no se ha dado un fallo por parte de la Corte, las víctimas continúan reclamando el predio cedido por Corelca en calidad de resarcimiento.

La historia que llevó a la cárcel a la directora de Instrumentos públicos de Cartagena, y a otras cinco personas, entre ellas un notario de Barranquilla y un ex gerente de Corelca, empezó el 25 de marzo de 2009, cuando Julio Mendoza Bula (uno de los capturados), quien apenas llevaba un mes en la gerencia de Corelca, informó a la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la empresa que “el estado de los procesos judiciales que se impulsan en Mompox son graves y de gravedad absoluta en contra de los intereses patrimoniales de Corelca”.

Por Rubén Rodríguez
Cartagena

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