El Heraldo
Ricardo Cerpa trabaja en una construcción al norte de Barranquilla. César Bolívar
Región Caribe

Así va el proceso de reparación de víctimas en la Costa

Ricardo Cerpa es doblemente víctima, primero de los paramilitares y posteriormente del Frente 37 de las Farc. La Costa, con más de 2 millones de afectados.

El 5 de febrero de 2005 el Frente 37 de las Farc, dirigido por Gustavo Rueda Díaz, ‘Martín Caballero’, acabó con la vida de Dilia Herrera de Cerpa, de 78 años. Desde ese día, sus 5 hijos y nietos salieron desplazados de Las Palmas, corregimiento de San Jacinto (Bolívar).

Con nostalgia, Ricardo José Cerpa, de 57 años, uno de sus hijos, recuerda como si fuera el primer día ese episodio. “Era la una de la tarde cuando le arrebataron la vida”.  Relata que su mamá estaba de espaldas en la ventana de la casa y tres hombres de la guerrilla llegaron preguntando por una de sus hermanas, pero les dijeron que no estaba  y ellos pensaban que la ocultaban.

Uno de ellos dijo “la están negando, entonces vamos a desquitarnos con lo que más le duele y le preguntaron a mi mamá el nombre. Ella solo alcanzó a decir Dilia María cuando iba a pronunciar su apellido le pegaron un tiro por la espalda”, cuenta Ricardo, quien desconoce el motivo por el cual la guerrilla los buscaba, se imagina que era por el trabajo de líder que ejercía su hermana, y que tal vez a ellos les molestaba.

Ese día, el Frente 37 de las Farc, casi que de manera simultánea, también acabó con la vida de José Clemente Reyes, un joven que estaba visitando a sus padres en el pueblo. La gente sintió mucho temor y todos salieron huyendo en busca de refugio hacia la cabecera municipal. El cuerpo de Dilia quedó tendido en la sala de la casa, cuya puerta fue cerrada con un candado. Los Cerpa Herrera solo salieron con lo que tenían puesto y no se atrevieron a quedarse para darle cristiana sepultura a su progenitora.

Ricardo José es doblemente víctima, pues en 1999 salió desplazado al igual que la gran mayoría de los habitantes de Las Palmas. Recuerda que el  27 de septiembre de ese año fueron asesinadas cuatro personas a plena luz del día y en presencia de casi toda la comunidad. La masacre la perpetró un grupo paramilitar que de inmediato produjo un desplazamiento masivo.

En esa fecha, paramilitares del Bloque Montes de María de la AUC llegaron hasta el corregimiento  y en la plaza central reunieron a la población, incluidos niños, y asesinaron a cuatro campesinos. Los ‘paras’ retuvieron a los niños de la escuela para convocar a los pobladores y, a modo de “celebración”, chocaron dos jeeps que los palmeros usaban para comercializar sus productos.

Antes de salir, amenazaron con perpetrar una masacre en diciembre de ese año, por lo que cerca de 500 familias se desplazaron principalmente hacia San Jacinto y el resto de ciudades de la Costa. El desplazamiento fue masivo y convirtió a Las Palmas en un pueblo ‘fantasma’.

Para ese entonces, Las Palmas era un corregimiento próspero de unas 500 casas y sus habitantes vivían del cultivo de tabaco, maíz, yuca y ñame. Con el transcurrir de los años las autoridades retomaron el control y muchos retornaron, pero después fue el frente 37 de las Farc el que se apoderó a la fuerza de la zona. (Ver infografía)

Por la muerte de Dilia, el Gobierno Nacional les dio una indemnización de 15 millones 250 mil pesos a los Cerpa Herrera, dinero que, según Ricardo, no compensa nunca el dolor que le dejó la pérdida de su madre.

“En todos estos años solo he recibido dos ayudas del Gobierno una de $645.000 y la otra de $210.000.  De ahí  no he recibido más nada y ahora estamos a la espera de la indemnización, que el Gobierno nos va a dar pero nos han puesto muchas trabas”, manifestó.

De acuerdo con un informe estadístico a corte del 1° de junio de este año de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en la Costa, el departamento con más víctimas registradas es Bolívar, con 464.321. Le siguen Magdalena, 446. 615; Cesar, 375.103; Córdoba, 336.038; Sucre, 333.125; Atlántico, 220.259 y La Guajira, 156.815. Para un total de 2.332.276. (Ver infografía).

De la cifra reportada en el Atlántico, 203.700 casos han sido producto del desplazamiento forzado, el hecho victimizante más común. 

Durante el 2015 la Unidad invirtió cerca de 41 mil millones de pesos, representados en ayudas a las víctimas.

De acuerdo con la información de la entidad, de esta cifra usaron $13 mil millones para ayudas de “emergencia y transición” y $16.000 millones en “indemnización”. La meta de este año es reparar 3.500 víctimas. En lo corrido del 2016 han sido resarcidas 800 víctimas y la próxima semana lo harán con 250 personas, según la entidad.

En el departamento del Magdalena, 13.786 sobrevivientes han sido reparados administrativamente. Las entregas alcanzan la suma de $90.000 millones durante la implementación de la ley. Estas entregas fueron realizadas en ferias de servicios en los municipios de Ciénaga, Pivijay y Santa Marta.

Datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas indican que en Córdoba han sido reparadas 18.000 víctimas con una inversión de $60.000 millones; en Sucre han sido compensadas 9.837 víctimas del 2011 al 2015 por un valor de $50.621 millones y en lo transcurrido de 2016 han sido reparadas 554 víctimas por un valor de $4.236 millones.

En Bolívar han sido compensadas 15.000 víctimas y la inversión del 2012 al 2016  en indemnizaciones está en el orden de los $88.407 millones de pesos, en atención y ayuda humanitaria la inversión alcanza los $108.714 millones de pesos.

En Cesar y La Guajira  la reparación ha cobijado a alrededor de 14.000 víctimas

La Unidad de Víctimas fue creada en el 2012, antes  había un registro de desplazados que lo llevaba Acción Social, con 4.798.000 víctimas a nivel nacional. Ese registro indica que hoy las víctimas del conflicto en el país son 8.068.272.

De los 2.332.276 víctimas registradas en la Costa Caribe a la fecha han sido reparadas 85.623 personas, es decir el 3,6%.

Cerpa, quien se dedica a oficios varios, entre ellos a la albañilería, espera que con  el acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y dejación de las armas entre el Gobierno Nacional y las Farc que no haya más víctimas en el país y que se acabe la guerra. “Esperamos que los recursos que el Gobierno destina para desplazados llegue de verdad a los afectados porque con justicia se hace paz”.

Dice además que no entiende porque si la población de Las Palmas fue desplazada masivamente algunos los indemnizan con 17 salarios mínimos legales vigentes y a otros con 27.

Restitución de Tierras

Otro gran número de personas que se han visto afectadas por los grupos al margen de la ley son las víctimas del desplazamiento forzado, quienes han abandonado sus tierras por temor o han sido obligados a despojarse de sus terrenos.

Según la página oficial de la Unidad de Restitución de Tierras, en Colombia desde el 2011 hasta el 2016 se han tramitado 90.449 solicitudes, las cuales corresponden a 74.887 predios y 60.950 personas.

En la región Caribe, durante el mismo lapso de tiempo, el departamento con más solicitudes de ciudadanos para que le sean restituidas la tierras es Bolívar, con 6.335; los predio exigidos son 4.915 que pertenecen a 5.801 personas. El segundo departamento es Cesar, con 6.323 solicitudes que corresponden a 5.090 predios y 4.586 personas.

Seguidamente está el Magdalena con 6.233 solicitudes en las que se pide la restitución de 4.821 predios y 4.865 personas.

El cuarto es Córdoba, con 3.229 solicitudes que corresponden a 2.937 predios y 2.482 personas. En el quinto lugar de los departamentos del Caribe con solicitudes de terrenos está Sucre, con 2.972; los predios son 2.043 y las personas son 2.381.

Atlántico es el sexto departamento con 451 solicitudes que exigen la restitución de 358 predios y 270 personas. Por último está La Guajira, con 408 solicitudes que corresponden a 318 predios y 303 personas.

Presencia de las Farc

Respecto a la presencia de las Farc, la directora de la seccional Atlántico y Magdalena, Ella Del Castillo, informó que hasta el momento no se han recibido casos de despojo de tierras en Atlántico a causa de este grupo guerrillero. Agregó que las acciones de las Farc en el departamento han sido “solo de tránsito” y que las víctimas han sido más que todo afectadas por los grupos paramilitares.

No obstante, precisó que en la Sierra Nevada de Santa Marta no se han podido adelantar acciones por la presencia de este grupo guerrillero y que “seguramente con la firma del acuerdo podremos entrar a estos sectores y recibir nuevas solicitudes”.

Añadió que el Atlántico es receptor de víctimas de otros departamentos y que de las solicitudes de restitución, solo 21 corresponden a terrenos de esta parte de la región, de los cuales 17 son de Piojó, 3 de Barranquilla y 1 de Malambo, con los que se busca restituir cerca de 208 hectáreas.

Los municipios que cuentan con fallos de restitución, 2 en total,  son Remolino y Sitionuevo, con 166 hectáreas. Pero aún no han sido entregadas las tierras.

Añadió que el municipio de Repelón es uno de los más emblemáticos, específicamente en las veredas Pita y Cienaguita,  en donde “las personas abandonaron sus terrenos por una masacre que hubo a manos de grupos paramilitares en el año 2000. Pero esa zona también era de tránsito del frente 37 de las Farc”.

Del Castillo también dijo que otro de los municipios donde más se registró violencia en el tema de desplazamiento fue Tubará.

Entretanto, comentó que tras la firma del cese bilateral al fuego podrían aparecer reclamaciones de terrenos en el sur del Atlántico, específicamente por la zona del canal del Dique, donde operaba el frente 37 de las Farc. Sin embargo, aclaró que “ese frente está desarticulado hace tiempo” y que es incierto lo que pueda pasar en término de variación de solicitudes.

A nivel nacional opinó que se va a requerir de muchos esfuerzos en el sur del país, por lo que la Unidad de Restitución de Tierras decidió abrir una nueva sede en el Caquetá, ya que es uno de los más afectados por el tema del conflicto con guerrillas y hay un número importante de solicitudes  de restitución.

Explicó que ahora tendrán que revisarse los territorios donde las Farc operaron, para trabajar en el “desminado” humanitario y que, a su vez, se puedan volver zonas aptas para la restitución.

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