El Heraldo
El ministro Alejandro Gaviria en el Congreso durante la discusión de la ley estatutaria.
Política

Puntos claves de la reforma a la salud

Redefinir el papel de las EPS, establecer un modelo preventivo, controlar los recursos, una caja única de recaudo y el Estado como rector del sistema, son aspectos “fundamentales”, según expertos, para mejorar el esquema de salud.

Uno de los proyectos de Ley más polémicos que ha tenido que enfrentar el Congreso y que aún se encuentra en trámite en la actual legislatura es la reforma al sistema de salud, bajo el impulso del Gobierno Nacional, en cabeza del ministro Alejandro Gaviria.

En varios debates, el Gobierno ha explicado que si no se modifican las condiciones en las que se encuentra el sistema “en cinco años será insostenible” debido a las millonarias deudas de las EPS e IPS con los hospitales y clínicas a pesar de que gran parte de esos dineros los gira el Estado.

No obstante, los cambios que propone la administración del presidente Juan Manuel Santos han sido objeto de críticas y rechazo por parte de contradictores, que afirman que con las medidas que se pretenden adoptar no se está “combatiendo la corrupción al interior del sistema” y, por el contrario, se estaría creando un “monstruo burocrático”.
Así lo planteó el expresidente y senador electo Álvaro Uribe en su última visita a Barranquilla.

“Si no sirvió el Seguro Social que contaba con 3 millones de afiliados, ahora imagínese cómo podría funcionar Salud Mía que manejaría 47 millones de afiliados, es decir a todos los colombianos. Eso será un monstruo burocrático sin esperanzas”, criticó el exmandatario con respecto a la creación del nuevo organismo nacional a través del cual se administrarían los recursos del sistema.

Además de la creación de Salud Mía, otros dos componentes han despertado polémica: la integración vertical y la eliminación de las Empresas Prestadoras de Salud, EPS.

Respecto a la integración vertical –es decir el cuestionado negocio de las EPS que contratan sus servicios hospitalarios, el suministro de medicamentos y exámenes diagnósticos con entidades propias, a costas de la atención de los usuarios–, Armando Zabaraín, representante a la Cámara por el Partido Conservador afirma que mientras algunos congresistas proponen un desmonte “total e inmediato” de dicha práctica, el Gobierno le apunta a que se haga de manera “progresiva y hasta un 30% en un plazo de tres años”.

En cuanto a las EPS, estas pasarían a hacer Gestoras de Salud, lo que muchos han criticado que sería solo un cambio de nombre y no de fondo, es decir en sus actividades y manejo.

Cómo va la reforma. La reforma integral a la Salud, contempla dos etapas. La primera fue la aprobación por parte del Congreso de una Ley estatutaria con la que se consagra la salud como un derecho fundamental.
Por ser estatutaria, la norma pasó a la revisión obligatoria de la Corte Constitucional.

La segunda etapa es la Ley ordinaria que actualmente continúa su curso en el Congreso de la República. Ya fue aprobada en los dos debates del Senado y ahora se encuentra en la comisión séptima de la Cámara de Representantes con cuyos integrantes se reunió el presidente Santos el pasado 9 de abril para tratar de destrabar su trámite en la actual legislatura.

EL HERALDO consultó a dos expertos en el tema de la salud: Juan Carlos Giraldo Vanegas, presidente de la Asociación colombiana de Hospitales y Clínicas; y Carlos Francisco Fernández, presidente de la Asociación colombiana de Sociedades Científicas; quienes analizaron los cinco puntos claves en los que deben trabajar el Gobierno y el Congreso para que la reforma a la salud sea realmente efectiva y corrija los errores del actual sistema.

Modelo preventivo

Los expertos afirman que para garantizar la efectividad de la reforma a la salud se deben “integrar los componentes de atención primaria”. Es decir, “el modelo tiene que ser más preventivo que asistencial”. Frente a esto, Giraldo asegura que el texto del proyecto de Ley “solo hace unas menciones muy superficiales sobre el tema”. En su opinión, si no se hace esta “revolución en la atención primaria”, el esquema “seguirá en lo mismo”. Fernández sostiene que la reforma “debe ser capaz de decidir exactamente cuál es el modelo de salud que necesitan los colombianos” y reiteró que si bien el esquema actual atiende las necesidades inmediatas, el país debe avanzar a un modelo que “realmente responda al derecho fundamental”.

Papel de las EPS

La reforma plantea que las EPS se conviertan en “Gestoras de Salud”, respecto a lo cual Fernández resalta la necesidad de “definir claramente” el papel de la intermediación, es decir cómo se manejarán las EPS. El presidente de la Asociación de Sociedades Científicas sostiene que las EPS son uno de los aspectos que debe modificarse “sustancialmente” para que “no manejen recursos” y abandonen la intermediación “de la que se han lucrado”. Giraldo, por su parte, considera que los “gestores” que propone el Gobierno tienen que ser “administradores regulados” y no “un híbrido entre asegurador y administrador”. En su opinión deben desempeñar “un verdadero papel de administración en la mitad del sistema” y por lo tanto ese punto “hay que cambiarlo en el texto”.

Caja única de recaudo

“El Estado deberá ser capaz de generar la suficiente información a través un sistema unificado que permita evaluar el esquema médico, en términos de indicadores de salud y no respecto a la rentabilidad económica de los actores, las entidades y el sistema en general”, manifiesta Fernández. Al respecto, el Gobierno propone la creación de Salud Mía, como único fondo de atención, recaudo y administración de recursos bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera, como lo ha manifestado el ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria. Para Giraldo, Salud Mía debe tener “la menor cantidad de funciones posibles: afiliar, reasegurar, recaudar y pagar, nada de auditoría, ni revisión de cuentas porque si no naufraga como ha pasado con el Fosyga”.

Estado: rector del sistema

Carlos Fernández argumenta que también es necesario “definir claramente” el papel de los actores dentro de “un marco que evite que los intereses particulares se antepongan a la verdadera diversidad de la población dentro de un ambiente de bienestar”. En este sentido –explica– “el Estado debe ser el garante de ese derecho fundamental dentro de un contexto que le permita ser el rector del sistema de salud”. Al respecto, el viceministro de Salud y Protección Social, Norman Julio Muñoz, sostiene que la Ley estatutaria “es clara frente a la responsabilidad del Estado en la garantía del derecho a la salud” y asegura la reforma le devuelve al ente central “la rectoría del sistema en tres frentes: afiliación, recaudo de recursos y giro directo a los hospitales”.

Control a los recursos

“Los temas de vigilancia y control son necesarios para sostener adecuadamente cualquier número de reformas que finalmente se le hagan al sistema”, argumenta Fernández, para quien, debido a la naturaleza pública de los recursos de la salud, la supervisión debe ser ”absoluta” y el manejo “centralizado”. En referencia a la integración vertical, Giraldo considera que esta practica “debe prohibirse totalmente”, sin considerar “fórmulas intermedias que beneficien a un solo actor” pues a su juicio representa un “enorme conflicto de intereses”. Además plantea que los gestores de la salud “no deben conseguir ganancias económicas por no conceder servicios, es decir, no se puede permitir que se sigan haciendo ahorros de dinero a expensas del acceso a la población”.

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