La Ley del ‘Montes’: Cepeda contra Uribe, ¿debate o cuentas de cobro?

El debate más esperado en la historia reciente del país, en el que se develarían por parte del senador Iván Cepeda, los vínculos de Álvaro Uribe con los grupos paramilitares, estuvo muy lejos de las expectativas. No solo porque los argumentos de Cepeda terminaron sepultados por una maraña de documentos casi todos conocidos por la opinión pública, sino porque tampoco sirvió para demostrar las estrechas relaciones de buena parte de la clase política nacional con grupos narcotraficantes y de extrema derecha.

La falta de grandeza y sentido histórico del debate empezó por el propio senador Cepeda, quien desaprovechó la mejor oportunidad para demostrar no solo que no tiene vínculos de ninguna clase con las Farc –principal señalamiento de los uribistas-, sino que terminó dándoles la razón a quienes desde un comienzo sostuvieron que el suyo no sería un debate contra el paramilitarismo y sus vínculos con la clase política, sino un enjuiciamiento a Álvaro Uribe Vélez, a quien señala de ser su máximo jefe. Más que un debate político, lo de Cepeda pareció un ajuste de cuentas.

El único dato novedoso de la intervención de Cepeda en contra de Uribe fue la presentación de un documento de 1983 en el que su nombre aparece como miembro de la junta directiva de Comfirmesa, empresa de Luis Carlos Molina Yepes, administrador de la cuenta bancaria desde la cual salió el cheque con que se pagó el asesinato de Don Guillermo Cano, Director de El Espectador. Todas las demás “pruebas” resultaron poco reveladoras, desde los vínculos sociales que tuvieron las familias Uribe y Ochoa en Antioquia por cuenta de los caballos, hasta los encuentros de Mancuso con Uribe, que el propio ex mandatario ha relatado y en los que siempre aclara que conoció al jefe paramilitar –extraditado por órdenes suyas a los Estados Unidos- cuando era comerciante en Córdoba. Habló Cepeda de las relaciones de algunos miembros de la familia Uribe con integrantes del llamado “clan de los Cifuentes”, de las licencias que Uribe expidió como director de la Aerocivil, entre ellas las de un helicóptero que habría sido hallado en el complejo cocalero de “Tranquilandia” en los 80, de su oposición a la extradición como congresista y de las relaciones de sus jefes de seguridad con organizaciones criminales, cuando era Presidente.  Ninguna de esas historias sorprendió, pues todas han sido narradas por los enemigos políticos de Uribe. Y el propio Uribe se ha referido a todas ellas. “Todas aparecen en Google”, me dijo un senador del Centro Democrático, después del debate.

La “bomba” de Cepeda fue desactivada de inmediato por Uribe, quien –también con documento en mano- demostró que jamás hizo parte de la junta directiva de Comfirmesa, debido a que rechazó el ofrecimiento que le hicieran directivos de la compañía de Molina Yepes. Al caerse la “prueba reina”, el debate entró en el terreno de las “sanguijuelas”, los gritos y el bochinche.

La tarea de Cepeda –en la que lleva empeñado más de diez años- de demostrar que Uribe es un paramilitar no es fácil. En esas andan todos sus enemigos, desde las Farc a las que les declaró la guerra luego del asesinato de su padre y después arreció en sus ocho años de gobierno, hasta sus antiguos aliados y hoy enemigos declarados, como son los congresistas que hacen parte de la Unidad Nacional, todos ellos nuevos amigos de Juan Manuel Santos, el uribista arrepentido de mayor rango. Todos ellos han pretendido demostrar que Uribe es “paraco” y todos tenían la esperanza de que el miércoles Cepeda lo demostrara ante el país.

Al no haber prueba reina en su contra, Uribe ripostó contra todos los que pretendían enjuiciarlo. A Cepeda le enrostró un correo de alias Raúl Reyes en el que dice que el “camarada Iván Cepeda me ha pedido organizar marchas” contra el gobierno. También salió a relucir su parentesco con un ex funcionario del Congreso, denunciado por una serie de robos a la Corporación, así como sus encuentros con jefe paramilitares en distintas cárceles a quienes les habría ofrecido gabelas a cambio de testificar contra el ex mandatario.

El agua sucia de Uribe también le cayó al presidente Santos a quien le recordó sus encuentros con organizaciones criminales en tiempos del gobierno de Ernesto Samper, de quien dijo –sin nombrarlo- que había sido quien le presentó a César Villegas, cuando se desempeñaba como director de la Aeronáutica Civil. Sobre el encuentro de Santos con criminales para conspirar contra Samper, se preguntó Uribe: ¿A quién le pidió permiso para reunirse con delincuentes? Del vicepresidente Germán Vargas Lleras también se preguntó por qué no avanzan las investigaciones en contra suya por presuntos vínculos con paramilitares del Casanare. Del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que había sido “tramitador” de cheques del cartel de Cali y que no confiaba en él, puesto que le había pedido que lo protegiera contra el ex alcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez, y después terminó siendo su aliado político. Del presidente de la Comisión Segunda del Senado –escenario del debate- Jimmy Chamorro, afirmó que había recibido cheques de narcotraficantes.  En fin, no dejó títere con cabeza.

Pero Uribe también salió magullado del debate, pues se defendió enlodando a todos, que es la peor defensa. Y ello es así porque vino acompañada de un tufillo de “hagámonos pasito, porque toda la clase política nacional tiene rabo de paja”. En el debate Uribe pretendió demostrar su inocencia señalando los pecados de los demás, empezando –claro- por los de los mismos congresistas que ahora lo señalan de vínculos con paramilitares cuando en el pasado ellos fueron contertulios frecuentes de Mancuso y compañía. O los pecados de quienes estaban en la otra orilla: mandándole recados a Raúl Reyes y compañía. 

La mejor defensa no siempre es un buen ataque. Como ocurre con las sábanas pequeñas: por taparse la cara con ella, Uribe dejó los pies al descubierto. Decirle a Cepeda guerrillero, o al ministro Cristo tramitador de cheques del narcotráfico, no borra los señalamientos que existen en su contra por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares.

En ese sentido, Uribe –al igual que Cepeda- también desaprovechó la oportunidad histórica de enterrar para siempre el fantasma que lo ronda desde hace décadas. La defensa de Uribe –por supuesto- dejó contentos a los uribistas, que disfrutaron de su jefe repartiendo puñetazos a diestra y siniestra, pero su comportamiento no solo no contribuye a aclimatar escenarios de reconciliación, sino que radicaliza mucho  más las posturas de quienes lo idolatran y de quienes lo odian. Prueba de ello es que luego del debate, los uribistas salieron más uribistas y los antiuribistas más antiuribistas.

En el lugar equivocado

No es el Congreso de la República donde se debe demostrar el paramilitarismo de Álvaro Uribe ni la condición de guerrillero de Iván Cepeda. Es en la Corte Suprema de justicia donde Uribe y Cepeda deberán probar todo lo que afirman de su enemigo político. Si –como quedó demostrado- se trataba de enjuiciar a Uribe y no de hacer el debate -aún pendiente- al fenómeno paramilitar en Colombia, entonces no era la Comisión Segunda del Senado el lugar indicado. Cepeda pretendió hacer lo que nadie ha hecho en la historia del país: tumbar a un ex presidente. Ni Julio César Turbay por cuenta del Estatuto de Seguridad, ni Belisario Betancur por el Palacio de Justicia, ni César Gaviria por la “catedral” de Pablo Escobar, ni Ernesto Samper por el proceso 8.000, ni Andrés Pastrana por el Caguán, afrontaron un debate como el que Cepeda y los enemigos de Uribe –incluyendo a sus antiguos aliados políticos- prepararon en su contra. Las instancias para “enjuiciar” a los ex presidentes son otras. De hecho, en contra de Uribe existen decenas de denuncias tanto en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes como en la Corte Suprema de justicia, escenarios naturales y competentes para juzgar sus actuaciones.

Gobierno, ¿amigo de las Farc y enemigo de Uribe?

La bancada del Centro Democrático tiene claro que detrás del debate de Cepeda contra Uribe (foto) está la mano del Gobierno. Y puede que no le falte razón, pues en el Congreso se hacen los debates que los gobiernos quieren y contra quienes los gobierno quieren. Y no solo Santos. También pasó en tiempos de Uribe y de todos los que los han antecedido. Son múltiples los debates de control político que están engavetados en los escritorios de los congresistas, empezando por los que en su momento pretendieron hacerles a Turbay por el Estatuto de Seguridad, a Belisario por el Palacio de Justicia y así sucesivamente. De manera que el debate de Cepeda contra Uribe se hizo porque el gobierno de Santos así lo quiso. Y ello pone al Presidente en una posición incómoda: la de ser “amigo” de las Farc con quienes negocia en La Habana y enemigo de Uribe, a quien maltrata promoviendo debates en el Congreso. Al menos así piensa el 50 por ciento de quienes votaron por el candidato uribista, Óscar Iván Zuluaga, en las pasadas elecciones presidenciales. La reconciliación nacional –ahora llamada posconflicto- no puede aclimatarse en contra de la voluntad de siete millones de electores, que exigen respeto a sus ideas, así como a la figura de quien las representa en el Congreso de la República.

La crisis de la Justicia

La judicialización de la política y la politización de la justicia –que es lo que ocurre en Colombia- es lo que hace que la política funcione mal y la justicia funcione peor. El fenómeno paramilitar no nació con Álvaro Uribe, como afirmó el senador Cepeda en el debate. Si el paramilitarismo nació con las Convivir, entonces la responsabilidad política de su creación debe recaer en otros ex presidentes, concretamente César Gaviria, que expidió el decreto que las reglamentó, y Ernesto Samper, cuyo ministro de Defensa, Fernando Botero, las puso en marcha a lo largo y ancho del país, incluyendo Antioquia, donde Uribe se desempeñaba como Gobernador. La justicia politizada tiene el grave problema que solo juzga y condena a los enemigos políticos de quienes la administran. A sus amigos no los toca. Y esa impunidad es la que hace que Colombia siempre deje abierto todos los capítulos de su historia, desde la Guerra de los Mil Días hasta la parapolítica y la Farcpolítica, pasando por la Violencia de los 50 y el Frente Nacional.

¿Y las otras víctimas?

Al enfrascarse en duelos de versiones y de rencillas personales, los participantes del debate del pasado miércoles dejaron de lado a las víctimas que ha dejado la guerra desde hace décadas y que paradójicamente tienen en Uribe y Cepeda a dos representantes, pues al padre del primero lo mataron las Farc en un intento de secuestro y al padre del segundo lo asesinaron agentes del Estado, siendo vocero y líder del Partido Comunista Colombiano (PCC). Tanto paramilitares como  grupos guerrilleros han dejado millones de víctimas regadas a lo largo y ancho del país. Igual ha sucedido con el narcotráfico, que también dejó miles de viudas y huérfanos, algunos de los cuales estaban en el debate, entre ellos los hermanos Juan Manuel y Carlos Fernando Galán, así como Rodrigo Lara, cuyos padres fueron asesinados por orden de la mafia. El debate -que debió servir para generar una gran solidaridad con todas las víctimas de todos los fenómenos de violencia nacional- terminó convertido en una trinchera desde la cual cada congresista disparaba epítetos contra su adversario. Ese gran debate por todas las víctimas también quedó pendiente.