El Heraldo
Rodrigo Granda, miembro de la delegación de paz de las Farc en La Habana, Cuba.
Política

Farc plantean que en referendo se vote amnistía para los guerrilleros

El negociador Rodrigo Granda asegura que la guerrilla “peleará por un indulto”. Dice además que ‘Timocheno’ solo ha ido una vez a La Habana y que él no se ha reunido con el ELN.

La guerrilla de las Farc propondrá que los colombianos decidan en un eventual referendo para avalar los acuerdos de La Habana, si habrá amnistía para ellos una vez se firme la paz con el Gobierno, indicó Rodrigo Granda.

Granda, que forma parte del secretariado de las Farc e integra el equipo de negociadores en Cuba, aseguró que los guerrilleros “pelearán por un indulto”.

“Esto es un arreglo principalmente de carácter político, esa es la esencia del trabajo y de los convenios a los que se puedan llegar en La Habana. Tienen un elemento jurídico, pero ese elemento jurídico hay que construirlo entre las partes y luego que sea el pueblo colombiano que ratifique eso. Nosotros peleamos por una amnistía y pelearemos por un indulto”, indicó en entrevista con Blu Radio.

Con estas palabras, el líder subversivo abrió la puerta a que las Farc no paguen penas de cárcel, un tema objeto de intensa polémica en las últimas semanas. Mientras el ministro de Justicia, Yesid Reyes, indicó que plantear esa posibilidad compete exclusivamente al presidente, Juan Manuel Santos, y la comisión negociadora del Gobierno, mientras el exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, planteó la intervención de este organismo si no hay penas de prisión.

En la entrevista, Granda aseguró que el máximo líder del grupo guerrillero, alias Timochenko, solo ha estado en la capital cubana una vez, contrario a lo que afirmó el propio presidente Santos, que dijo haber autorizado dos viajes.

Por otro lado, sostuvo que no tiene conocimiento o que por lo menos no ha “participado” en los supuestos encuentros entre el ELN y las Farc confirmados por el líder del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino.

Sin embargo, valoró la posibilidad de que ambos grupos armados lleguen a una eventual reunión. “Siempre ha sido productivo en los proceso de paz del mundo que las guerrillas lleguen unidas a una única mesa de negociación”, declaró.

El guerrillero no se mostró partidario de que en al menos otros dos años termine oficialmente el conflicto armado. “Tres o cuatro años para parar una guerra de 60 años me parece un tiempo demasiado corto, los tiempos serán los que el proceso necesite porque no va a haber una paz express, pero tampoco una indefinición. Podemos demorarnos unos añitos más construyendo eso”, apuntó.

Amnistía Internacional se pronuncia. La organización Amnistía Internacional (AI) criticó que el proceso de paz colombiano no contenga “ningún compromiso para llevar ante la justicia” a los responsables de abusos y violaciones de derechos humanos.

En un comunicado, AI recuerda que “no habrá una paz duradera si la justicia y los derechos humanos no forman parte del proceso” y manifestó que en la declaración conjunta en la que el pasado 7 de junio el Gobierno y las Farc manifestaron su responsabilidad con las víctimas “no se tiene en cuenta el tema judicial”.

Los tiempos del referendo
La Corte Constitucional sentenció que para que los colombianos avalen los eventuales acuerdos de paz con las Farc estos deben darse a conocer antes de presentar en el Congreso una ley para convocar al referendo. Esto pone limitaciones y restringe el calendario si se quiere que el referendo se realice junto con las elecciones locales del próximo 25 de octubre de 2015. Para tal fin, el acuerdo debería firmarse, a más tardar, el 22 de febrero y ser publicados y divulgados el 23 del mismo mes. De esta manera, el mismo 24 de febrero podría ser presentado el proyecto de Ley, cuya discusión tendría que durar mínimo 30 días hábiles, plazo que podría cumplirse si se presenta en comisiones conjuntas y con carácter de urgencia.

También subrayó que no se puede hablar de “posconflicto” debido a la difícil situación de riesgo que viven cientos de defensores de derechos humanos, así como la creciente “ola de violencia a manos de paramilitares” en algunas regiones, pese a la presencia policial y militar.

De manera que insisten en que “no es cierto” que hayan desaparecido los grupos paramilitares después del proceso de desmovilización de 2005, pues estos siguen “atacando a la población civil. El Gobierno los llama ahora bandas criminales y afirma que se trata de delincuentes comunes”.

*Con información de Efe

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