El nuevo campo colombiano que promete el Acuerdo Final
La Reforma Rural Integral sienta las bases para la transformación del campo y crea condiciones de bienestar para la población, con miras a la materialización de la paz.
El campo colombiano ha atravesado hasta la actualidad una larga lista de problemas que han obstaculizado la redistribución, acceso y uso equitativo de la tierra rural, temas fundamentales para el desarrollo económico y la realización de la paz en el país.
Entre aquellas dificultades se pueden destacar algunas más dramáticas como la concentración de las tierras en pocas manos, el despojo y abandono de las tierras rurales, la informalidad en la tenencia, la debilidad institucional y, en el centro de las anteriores, la pobreza de los campesinos.
El más reciente Censo Nacional Agropecuario realizado por el Dane muestra que la pobreza multidimensional en el campo es de 44,7%, más del doble del registro nacional de 20,2%.
Para Paola García Reyes, profesora e investigadora del departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad dek Birte, esto es especialmente preocupante pues sucede en un marcado contexto de desigualdad.
“América Latina es la región más desigual del mundo y Colombia entre los países más desiguales de la región. Esa desigualdad es mucho mayor en el campo, en cuanto a cómo se distribuye la plata y la tierra”, afirma.
Para esto, García se remite al coeficiente Gini, que mide el grado de desigualdad de los países, en el que Colombia marca 0,54 en el rubro de ingresos, siendo 1 el máximo valor de desigualdad. “El Gini de concentración de tierras se acerca a 0,80 lo que es una desigualdad brutal”, agrega García.
La profesora asegura que el hecho de que la tierra sea de muy pocas personas resulta reprobable desde el punto de vista de la justicia, pero no tanto desde la óptica económica si estuviera adecuadamente explotada.
“Pero –agrega– desde ese punto de vista también está mal utilizado porque tenemos un potencial de tierra agrícola que se está utilizando en un 80% en ganadería extensiva. Son muchos males juntos”, expresa.
El primer punto de la agenda de La Habana se ha presentado como la oportunidad histórica para abordar el problema de la tierra y la cuestión agraria colombiana, al establecer una reforma rural como condición para el fin del conflicto (ver infografía).
Según García, con este punto se plantea la solución a las causas históricas del conflicto, entre ellas la mala distribución de la tierra, que las Farc han denunciado a lo largo de su existencia, y, a su vez, se busca remediar las consecuencias del conflicto, que han profundizado esos problemas históricos. Esos dos puntos se atacarán desde tres ejes.
Acceso y uso de la tierra
El escenario rural de base tiene una amplia informalidad en la tenencia de tierra en la que mucha gente no es propietaria.
García describe, en ese sentido, tres modalidades que se utilizarán en la reforma rural y que conducirán a convertir a los campesinos beneficiarios de esos procesos en propietarios.
La primera de las modalidades es el establecimiento de un Fondo de Tierras que tiene por objetivo adjudicar 3 millones de hectáreas en 10 años, “es decir, dotar de tierra al campesino que tiene tierra insuficiente para vivir con su familia y explotarla adecuadamente”. Este fondo se alimenta de una serie de mecanismos judiciales y administrativos orientados a recuperar tierras para la Nación (ver infografía).
La adjudicación de tierras, presume García, será en algunos casos gratuita, previo cumplimiento de ciertos requisitos y en otros se entregará la tierra con subsidios del Gobierno Nacional o préstamos.
Otro de los mecanismos, la formalización, abarcará a aquellos campesinos que ocupan, explotan y viven de una tierra, pero no son propietarios. Esto se llevará a cabo mediante un programa nacional creado por el Ministerio de Agricultura en 2012 que apunta a formalizar 7 millones de hectáreas en la próxima década.
De igual forma, existe un tercer mecanismo, el de restitución, desarrollado en la Ley de Víctimas que se trata de devolver al campesino la tierra que le fue usurpada o despojada.
De acuerdo con García, la cifra inicial que pactó restituir el gobierno fue de 6 millones de hectáreas, lo que fue recalculado al no ser coherentes las solicitudes con cálculos iniciales.
El acuerdo también prevé una priorización para ciertas poblaciones, como campesinos sin tierra, desplazados y mujeres, y además contempla una importante actualización del catastro.
“Colombia tiene serias dificultades para saber cuáles son los predios, dónde están, cuánto miden y qué hay en ellos”, explica García y añade que este es el requerimiento técnico básico para hacer estos programas realidad “no solo porque permite ejecutar planes, sino que nos pondrá en la disciplina de pagar impuestos”.
También el acuerdo promueve las Zonas de Reserva Campesina, atendiendo a los campesinos que quieran adelantar procesos de constitución de las mismas y haciendo efectivo el apoyo a los planes de desarrollo de las zonas constituidas.
Enfoque territorial
El segundo eje de esta reforma consiste en un programa de desarrollo con enfoque territorial, que, según García, busca lograr el desarrollo del campo articulado a las ciudades y teniendo en cuenta las necesidades y condiciones regionales. Además, promueve la participación de las poblaciones en la formulación de sus planes.
Los programas se realizarán inicialmente en lugares que posean mayores índices de pobreza afectación por el conflicto, debilidad institucional y presencia de cultivos de uso ilícito.
“Eso se aterriza en planes de acción basados en un diagnostico participativo para formular medidas evaluables y verificables”, explica la experta.
Planes nacionales
Por último, se implementarán unos planes nacionales para la reforma integral. Estos tienen como propósito reducir en un 50% la pobreza en todas sus dimensiones, en un plazo de 10 años.
De acuerdo con García, contemplan, como complemento a la dotación de tierra para campesinos, una infraestructura de adecuación de tierra que permita mejorar la explotación, así como el mejoramiento de las infraestructuras de riego, eléctricas y viales.
Asimismo, incluye planes de desarrollo social que cubren salud, educación y vivienda, aspectos en los que el campo colombiano presenta serias carencias, y estímulos a la economía solidaria.
