Declaran de lesa humanidad 34 crímenes contra la UP
Así lo informó la Fiscalía, luego de un “estudio de contexto”.
La Dirección Nacional de Análisis y Contextos de la Fiscalía, basada en las declaraciones de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, informó que 34 casos de la Unión Patriótica (UP) fueron declarados como delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
El fiscal general (e), Jorge Fernando Perdomo afirmó que “se logró establecer, gracias a un estudio de contexto, que estamos ante delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, de diferente categoría, como homicidios, desaparición forzada y amenazas”.
La Fiscalía determinó que las conductas tendientes a la victimización de miembros y simpatizantes de la UP, fueron “casos de exterminio y ejecución general, reiterada y sistemática dentro del conflicto interno”.
El fiscal (e) confirmó que “se trató de ataques cometidos por grupos paramilitares, en algunos casos, en asociación con agentes del Estado, ataques generalizados, sistemáticos reiterados, entre 1986 y 1996.”
En estos casos, las víctimas fueron identificadas como: Oscar Montoya, Misael Zambrano, Luz Marina Arroyave, Julio Cañón, Rafael García, Baldomero Useche, Félix Villalba, Carlos Gomina, Norman Vallejo, Diana Cardona, Bernardo Jaramillo, caso considerado como delito de lesa humanidad desde antes; Pedro Valencia, Elkin Martínez, Alberto Muñoz y Francisco Gaviria.
También Alfredo Gómez, Leonardo Aguirre, Carmelo Durando, Arturo Moreno, Jorge Luis Julio, Iber Rojas, Darío Pérez, Alfredo Flórez, Enrique Cabria, Arsenio Córdoba, Francisco Velásquez, Iván Correa, Pedro Bermúdez, José Antequera, Gloria Cuartas, Luis Junco, Silvio Gómez, Luis Álvaro David Oliveros y Bartolomé Cataño.
Perdomo agregó que para determinar otros casos de la UP, “ahora el análisis será más fácil pues ya tenemos construido el contexto”.
“Todavía no se ha hecho justicia”. En diálogo con EL HERALDO, José Darío Antequera, hijo del barranquillero José de Jesús Antequera –líder de la UP asesinado el 3 de marzo de 1989 en Bogotá–, manifestó que la noticia es “positiva” y representa “un buen síntoma de avance” en los casos de la UP, pero que “se debe hacer justicia”.
Dijo que él y su familia esperan que esta declaración “signifique resultados efectivos en materia de investigación”, pues en su opinión “es preocupante que hayan otros casos, como el de Carlos Pizarro y el de Luis Carlos Galán, que ya han sido declarados como crímenes de lesa humanidad y sobre los que ni su familia ni la sociedad colombiana conocen la verdad completa de los hechos”.
“El proceso penal por el caso de mi padre prescribió cuando pasaron 20 años de su asesinato y en materia administrativa fue archivado por falta de pruebas, por lo que esta declaratoria era la única posibilidad que teníamos para que el caso se reabra y que la Fiscalía continúe con la investigación y llegue a los responsables intelectuales o materiales de este crimen”, afirmó Antequera.
