Comisión Primera del Senado aprueba voto obligatorio por 12 años

La propuesta impulsada por los partidos de La U y el Liberal para implementar por 3 periodos, es decir 12 años, el voto obligatorio en el país, fue aprobada ayer en el primer debate de la Reforma de Equilibrio de Poderes, con 14 votos contra 1. De acuerdo con los senadores, esta medida se implementaría como parte de un ejercicio “pedagógico”.

Los congresistas de estas dos colectividades argumentan que con la medida se lograría un aumento aproximado de 8 millones de sufragios en el caudal electoral, en tanto que se ampliarían los estímulos para los votantes y se establecerían sanciones para los abstencionistas.

De acuerdo con la propuesta, algunas de estas sanciones serían restricciones para contratar con el Estado e incluso limitaciones para acceder a las universidades públicas.

“Se trata de que más de 8 millones de colombianos abstencionistas nos ayuden a mejorar la democracia y a limpiar las costumbres electorales. De esta manera el voto será libre, independiente y legitimará aún más las instituciones”, expresó el senador Roy Barreras.

Sin embargo, para que esta iniciativa se aplique deberá superar los próximos 7 debates de la reforma. De aprobarse, podría ser implementada en las elecciones de 2015 y en un eventual referendo sobre los acuerdos de paz que, con la ley estatutaria aprobada en el Congreso en la pasada legislatura, podría convocarse “el mismo día de unas elecciones presidenciales, parlamentarias o regionales” y facilitaría al Gobierno superar el umbral.

Para la aprobación del referendo por la paz se requiere de una participación mínima del 25% del censo electoral, lo que aproximadamente son 7,5 millones de personas.

En este sentido, Colombia sería el país número 12 en decretar el sufragio obligatorio. Los otros países de la región que ya lo implementaron son: Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Esta no es la primera vez que en el país se propone establecer la obligatoriedad del voto. La discusión se dio en la Constituyente de 1991 y a través de varios proyectos de reforma política en el Gobierno de Andrés Pastrana.

En el 2006 se radicó en el Congreso un proyecto de acto legislativo, promovido por Roy Barreras pocos días después de los comicios parlamentarios y presidenciales, donde la abstención fue del 59,42% y 55% respectivamente. No obstante, el Gobierno descartó de momento su inclusión.

Tribunal de aforados. La Comisión Primera también aprobó la creación de un Tribunal de Aforados, con competencia para investigar a los magistrados de las Altas Cortes. La iniciativa que se avaló no fue la del Gobierno, sino la presentada por la senadora Claudia López (Alianza Verde).

De acuerdo con lo aprobado, entre sus funciones, estará “juzgar –por su responsabilidad penal, disciplinaria o fiscal– la conducta de los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, al procurador, al Contralor y al fiscal, aunque hubiesen cesado en el ejercicio de sus cargos”.

“El tribunal tendrá 9 miembros, elegidos por la plenaria del Senado. Sus miembros fungirán por 8 años y no podrán ser reelegidos”, asegura la proposición. Además, solo tendrá competencia para conocer sobre hechos ocurridos “con posterioridad a la entrada en vigencia del Acto Legislativo”.

En reemplazo de la Comisión de Acusaciones se crearía una comisión de investigación integrada por 5 magistrados que elegirá el Senado y que estará encargada de investigar y acusar a los magistrados del Tribunal de Aforados, al presidente y al vicepresidente.

Al respecto, El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo manifestó que el Gobierno tendrá que evaluar las consecuencias de esta decisión.
Otros puntos aprobados. La Comisión Primera también avaló eliminar la reelección del procurador general. Además, a partir del 2018 la Procuraduría no podrá investigar ni sancionar congresistas, función que pasará a manos del Consejo de Estado.

Con 15 votos a favor y 1 en contra, también fue aprobado el punto que inhabilita a los servidores públicos para nombrar como empleados a personas con parentesco hasta cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente.

Además, con 8 votos a favor y 5 en contra, en una segunda votación luego de un empate, fue aprobado un artículo que permitiría que los congresistas sean ministros, sin violar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, y que aspiren a Alcaldías y Gobernaciones renunciando 1 año antes a su curul.

Entre las propuestas que no pasaron el debate, está la que pretendía bajar a 25 años la edad mínima para aspirar al Senado. Igualmente, el senador Armando Benedetti retiró la propuesta sobre la reelección de alcaldes y gobernadores y la dejó como constancia para que sea discutida en la plenaria del Senado.

En total fueron 35 los artículos aprobados durante los tres días de deliberación del primer debate. Ahora, el proyecto deberán ir a segundo debate en la plenaria del Senado. Antes del 16 de diciembre deberán surtir una segunda vuelta en la Comisión Primera y en la Plenaria de la Cámara.

Listas “cremallera”
Otra de las novedades que aprobó la Comisión Primera del Senado es la proposición de la senadora Claudia López para que sea obligatorio que la mitad de las listas a las corporaciones públicas estén conformadas en un 50% por mujeres y que estas sean intercaladas con los hombres. De acuerdo con López, esta iniciativa “garantizará que la mitad del Congreso que se elija en 2018 esté integrado por mujeres”.