Asesinato de Galán sigue impune 25 años después

Dos novedades casi simultáneas, y en diferente sentido respecto a la investigación, se producen un cuarto de siglo después del  magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento. Por un lado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó en firme la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que absolvió al teniente (r) Carlos Humberto Flórez, mientras que la Fiscalía anunció para el 22 de octubre el comienzo del juicio a Luis Felipe Montilla y Manuel Antonio González, ex comandante de Policía de Soacha y ex jefe de Protección del DAS, respectivamente.

En el caso de Flórez, teniente (r) del Ejército que comandaba la red de inteligencia del B-2 de la Brigada XIII, la CSJ no halló pruebas para concluir que tenía una alianza con los grupos paramilitares del Magdalena Medio a fin de perpetrar el plan. Flórez está señalado por el ente acusador de haber suministrado identificación falsa a dos de los sicarios: Jaime Rueda Rocha y José Ever Rueda Silva, ambos asesinados en 1992.

De acuerdo con el expediente, gracias a los carnés del B-2 que el teniente Flórez les suministró a los Rueda (hermanos de padre), estos pudieron moverse sin restricciones por los alrededores de la tarima instalada en el parque principal de Soacha donde el jefe del Nuevo Liberalismo pronunciaría un discurso, aquella noche del viernes 18 de agosto de 1989.

Muchas revelaciones del atentado, de su planeación y del prontuario de los confesos sicarios se conocieron tres años después (1992) en una carta que José Ever Rueda, estando en la cárcel, le escribió a su mamá. Temía por su vida, y en el manuscrito advertía que si lo llegaban a matar ese documento debía ser entregado a los investigadores. La misiva, en la que se menciona al teniente Flórez, era una de las pruebas con las que contaba la Fiscalía para inculparlo.

El segundo hecho relevante que acaba de darse, es el anuncio de una fiscal especializada de la Unidad de Análisis y Contexto en el sentido de señalar la fecha de apertura judicial contra Montilla y González y de informar que veinte testigos serán llamados a declarar, entre ellos el actual vicepresidente Germán Vargas Lleras, la periodista Olga Behar, los expolicías Gentil Vidal Sarria, Guillermo Correa Cortés y Mario Rueda León; el ex alcalde de Soacha  Fabio Arango Rodríguez y el fotógrafo de la campaña José Gercher.

También la Fiscalía, con base en los testimonios de John Jairo Velásquez Vásquez, alias ‘Popeye’, informó que investigadores especializados viajarán a Estados Unidos para recoger declaraciones de los condenados narcotraficantes Gilberto Rodríguez Orejuela, Miguel Rodríguez Orejuela, Fabio Ochoa Vásquez y Jorge Luis Ochoa Vásquez.

Al margen de estos nuevos hechos, de las condenas contra Alberto Santofimio Botero y alias ‘Popeye’, y el proceso que la Corte Suprema le sigue al general (r) Miguel Alfredo Maza Márquez por las irregularidades en la asignación de guardaespaldas a Galán Sarmiento, para su familia es claro que el crimen sigue impune, pues son muchas las verdades pendientes por descubrir.

Así lo considera el senador Juan Manuel Galán Pachón, hijo del dirigente, y la voz predominante de quienes reclaman justicia frente a un caso en el que también resultó muerto el escolta Santiago Cuervo, hombre de confianza del líder, y cuya familia, al igual que los Galán Pachón, con el paso de los años ha madurado la esperanza de que se descubra quiénes más confluyeron como determinadores de los hechos.

A criterio del parlamentario, todavía faltan personas por vincular al proceso en vista de que el complot para segar la vida de su padre tuvo cuatro componentes: los narcotraficantes de los carteles de Medellín y Cali, los paramilitares del Magdalena Medio, los políticos –especialmente liberales– dice él; y miembros del Ejército, la Policía y el DAS que aparecían en las nóminas de las mafias de la droga y que propiciaron el desvío de la investigación. Los autores materiales eran hombres al mando de Henry Pérez, los mismos que en febrero de 1989 asesinaron al líder sindical Teófilo Forero.

Los planteamientos del legislador se sustentan en que, tanto condenados como investigados, aún no han dicho todo lo que saben ni los nombres de otros políticos y miembros de las fuerzas del Estado que habrían intervenido. Uno de los muchos enigmas en torno al crimen, tiene que ver con la rara desaparición de Jacobo Torregrosa, el jefe de escoltas que de un momento a otro le fue asignado a Galán Sarmiento por orden de Maza Márquez, quien a su vez ha negado que fuera un recomendado suyo, como lo afirmaron testigos en el transcurso del proceso.

Apartándose de lo que es el expediente judicial, Gloria Pachón de Galán, viuda del que fuera el candidato con mayor opción a las presidenciales de 1990, considera que su muerte “no le sirvió al país”, y que por el contrario, este se privó de contar con un líder que se había propuesto desarrollar un modelo diferente de hacer política. “Su vida fue ejemplo para que políticos de la época  reflexionaran sobre el modo de gobernar y para que algunos líderes de las nuevas generaciones ahora lo quieran emular”, afirma.

En el mismo sentido piensa el menor de los hijos, Claudio Mario Galán, cuando manifiesta que infortunadamente el trágico episodio tuvo que pasar para que la sociedad se diera cuenta de cómo muchos escenarios de la vida nacional estaban permeados por el dinero del narcotráfico y por otros delitos.

Luis Carlos Galán Sarmiento fue un contumaz que denunció a los carteles de la droga y el modo en que estos se estaban infiltrando en la política colombiana, apoyó el tratado de extradición con  Estados Unidos y rechazó el respaldo que en algún momento de su carrera política pretendió darle en Antioquia  Pablo Emilio Escobar Gaviria, a la postre, uno de sus victimarios.

Después de un cuarto de siglo, Colombia no ha ganado su lucha contra el narcotráfico, y este nuevo aniversario del magnicidio llega en momentos en que se dan pasos para controlar y combatir el tráfico y el uso de las drogas, como los diálogos de paz en La Habana y la legalización de la marihuana con fines terapéuticos, cuya discusión dejó sobre la mesa el presidente Santos a través de un proyecto de Ley que estará respaldado en el Congreso, precisamente, por el senador Juan Manuel Galán.