El Heraldo
Roosevelt Rodríguez, Armando Benedetti, Juan Fernando Cristo, ministro del Interior; y Juan Manuel Galán, conversan durante el debate de la Comisión Primera del Senado.
Política

Acuerdos y desacuerdos en primer debate por Equilibrio de Poderes

Una feria de impedimentos negados precedió al inicio de discusiones por el proyecto de reforma política

La vehemente senadora de la Alianza Verde, Claudia López, se encargó de cerrar la discusión del proyecto que busca una reforma política y el llamado equilibrio de poderes. Haciendo una analogía gastronómica, calificó la iniciativa como un “sancocho que puede tener cosas ricas”, pero que termina siendo incompleto porque no gusta a todos y no plantea profundas reformas.

López indicó que el verdadero desequilibrio está entre el ciudadano y un gobierno poderoso y unas ramas del poder público cada vez más politizadas y clientelistas. Sin embargo, agradeció que el Ejecutivo haya atendido la proposición de la Alianza Verde en el sentido de eliminar todas las reelecciones de los funcionarios públicos y mantener en 4 años el periodo presidencial.

Uno de los temas en los que  se mostró más crítica fue el Tribunal de Aforados, al que calificó como un renombramiento de la Comisión de Acusaciones. Tildó de “pomposo” su nombre si su función sólo es la de investigar y dijo que su composición debería ser de 9 miembros y no de 5, como planeta la forma.

Añadió que su nombramiento debería salir de ternas que presenten todas las ramas del poder público. En tanto que hizo abiertas críticas al fiscal Eduardo Montealegre por tener la intención de que se legisle en su favor. “El fiscal tiene delirios presidenciales”, manifestó.

En el comienzo de la discusión el senador Hernán Andrade (Partido Conservador) aseguró que este es el cuarto intento por cambiar las costumbres políticas, defendió la eliminación del voto preferente y expresó que la reforma debe propiciar “un cambio cultural y no normativo”.

Andrade considera que es el momento de dar el paso hacia la eliminación de la reelección presidencial y recordó que cuando tal figura  se aprobó en el Congreso, la iniciativa tenía “el nombre propio de Álvaro Uribe porque el país estaba secuestrado por las Farc”.

Por su parte Armando Benedetti (La U) mencionó que el vicepresidente que aspire a ser presidente debe renunciar un año antes, y el que haya ejercido la Presidencia durante tres meses y un día, debe quedar inhabilitado.
Posteriormente el senador liberal Horacio Serpa criticó las listas abiertas en las que los principales oponentes son los propios copartidarios de los candidatos y se refirió al viejo sistema del “bolígrafo” por medio del cual los políticos impedían la llegada a la actividad de nuevas personas.

Jaime Amín del Centro Democrático defendió mantener sólo la reelección presidencial  y recalcó que a la Ley de Garantías “le faltan dientes”, de tal manera que haya elementos que impidan el abuso del poder presidencial en época de elecciones. En lo que Amín y la mayoría de senadores, al parecer, lograrán consenso, es en que se acabe el Consejo Superior de la Judicatura.

El primer debate de los 8 que deberá pasar la iniciativa había iniciado con la feria de impedimentos –todos negados– que presentó una docena de componentes de la Comisión Primera.

Se destacan de todas los radicados los de Alfredo Rangel, Claudia López y Paloma Valencia. El primero dijo tener familiares trabajando en la Procuraduría; la segunda, una demanda por pérdida de investidura; y Valencia recordó que su pariente Juan Mario Laserna es hoy investigado por la Corte Suprema de Justicia.

Propuesta de la izquierda
De acuerdo con la presidente del Polo, Clara López, su partido radicará una propuesta de reforma política que se basa en “otro aspecto del equilibrio de poderes que el Gobierno no tuvo en cuenta, y es el binomio gobierno-oposición”. López dijo a EL HERALDO que algunas de las propuestas del Polo son “reducir el umbral al 2% y participación de las minorías y la oposición en la organización electoral”. También habla de eliminar la reelección presidencial estableciendo que “quien haya ocupado la Presidencia no se puede presentar ni como candidato a Jefe de Estado ni a la vicepresidencia; y que la modificación de esa limitación dependerá de los ciudadanos”.

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