Consejo Nacional Electoral tiene bajo la lupa 19 demandas por revocatoria en Atlántico
Las denuncias fueron presentadas en nueve municipios y corresponden a 9 casos de alcaldías, 5 a concejos, 3 a JAL y una a la Gobernación.
De las mil cuatrocientas demandas que estudia el Consejo Nacional Electoral (CNE) por motivo de revocatorias a inscripciones de candidatos, 19 han sido presentadas en el departamento del Atlántico. Nueve de ellas contra candidatos a alcaldías municipales, cinco a Concejo, tres a ediles y una a Gobernación, repartidas en nueve municipios.
La única petición de revocatoria al primer cargo del Departamento la tiene la candidatura del liberal Eduardo Verano, que el pasado 26 de agosto cumplió con la audiencia pública ante el Consejo y espera la decisión de la entidad.
Soledad concentra la mayor cantidad de demandas con siete quejas ante el CNE, tres de ellas contra los candidatos a la Alcaldía del municipio: Jackeline Reina, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais); Enrique Chapman, del Partido Liberal; Marlene Cera de Alba, del movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (Aico) y Joao Herrera Iranzo, de Cambio Radical.
Este último partido también tiene dos proceso abiertos contra la inscripción de la totalidad de su lista al Concejo. En julio, pocos días después de finalizado el proceso de inscripciones, el represente legal de Aico, Manuel Bitervo Palchucan, manifestó que tanto el aval con que se inscribió Cera de Alba y la lista al Concejo eran falsos puesto que no habían sido expedidos por el partido.
En Barranquilla hay cuatro casos, tres de ellos contra aspirantes a Juntas Administradoras Locales (JAL):Ubaldo Medrano (Riomar), del Parido Conservador; Fredy Del Castillo (Norte Centro Histórico), de la Alianza Verde, y Sergio James Rivera (Suroriente), de la Unión Patriótica. Sumado a un aspirante al Concejo: Andrés Hernández, del Mais.
Por su parte en Repelón está demandada la lista liberal al Concejo.
Alcaldías. Además de Soledad, en otros seis municipios se presentaron demandas contra aspirantes a alcaldías: cuatro de ellos candidatos de Cambio Radical: Efraín Bello (Malambo), José Vargas (Galapa), Antonio Roa (Luruaco) y Steimer Mantilla (Puerto Colombia). Un conservador, Álvaro Sarmiento (Ponedera); y un independiente, Robin González (Polonuevo).
El caso de Puerto
La última de estas demandas, de la que tuvo conocimiento EL HERALDO, fue presentada en Puerto Colombia contra el candidato Steimer Mantilla, por motivo de una presunta inhabilidad al no haber renunciado dentro de los tiempos exigidos por la ley a su cargo de personero municipal.
Según el demandante, David Barrios Miranda, “se le pidió un concepto a Departamento de la Administración Pública en el cual queda en manifiesto que el tiempo de renuncia de un personero debe ser de 24 meses antes de inscribir su candidatura y no 12 meses como se dio en este caso”.
Barrios argumenta que la renuncia presentada por Mantilla el 12 de septiembre de 2014 a su cargo como personero y su posterior inscripción el 22 de julio como aspirante a la Alcaldía, constituye una inhabilidad que debe derivar en la revocatoria de su inscripción.
El CNE ha manifestado que para el 25 de septiembre deben estar resueltas todas las demandas por revocatoria, ya que en esta fecha vence el plazo para que los partidos reemplacen los candidatos inhabilitados.
“Origen político de CNE frena celeridad en sus decisiones”
El Consejo Nacional Electoral es un organismo administrativo que en su conformación no responde a una lógica jurídica sino política. Esto ocasiona que sus magistrados no sean tan “hábiles como operadores judiciales” y se demoren tanto en unos procesos que tienen tantos intereses.
Así lo advirtió el doctorante en Derecho Público y especialista en Derecho Administrativo, Rachid Náder Orfale, tras indicar que esta es la principal causa por la que el CNE no actúe con celeridad ante los delitos electorales.
“El Consejo Nacional Electoral es un órgano político que no tiene magistrados de carrera ni de profesión, sino que son magistrado que representan los intereses de los partidos políticos, de forma tal que el mismo origen del CNE, al ser elegido por el Congreso y no por carrera ni por las altas cortes, lo convierte en un órgano de naturaleza no judicial sino política”.
Explica que como es de origen político, tiene magistrado en representación proporcional de los partidos, que son elegidos por cifra repartidora en el Congreso, y que no tienen mayor experiencia en lo contencioso administrativo.
Para Náder, quien además es rector de la Universidad Libre de Barranquilla, “debería haber un sistema de requisitos para la elección de magistrados mucho más exigente, es decir: personas que demuestren cierta experiencia en asuntos de carácter contencioso administrativo, de forma tal que sus decisiones como luego son controvertidas en el Consejo de Estado, sean decisiones acordes con la jurisprudencia del Consejo de Estado”.
Sin embargo consideró que al CNE lo aqueja el mismo problema que a la rama Judicial, “que es un problema de congestión latente. La misma congestión judicial la encontramos también en la organización electoral”.
Aunque resalta: “Sería incoherente que se revocara una elección con base a una inscripción nula, por eso todas las nulidades de las inscripciones deben producirse antes del debate mismo, para darle seguridad jurídica a las elecciones. He ahí la necesidad de que tenga celeridad en sus actuaciones”.
