Editorial

Una gran polarización ha provocado en el país el fallo del lunes de esta semana del Tribunal Superior de Bogotá: la sentencia ratifica la condena a 30 años del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega por la muerte de Irma Franco Pineda, militante del M-19, y de Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del Palacio de Justicia; ordena que su texto se publique en las páginas web del Ministerio de Defensa y del Ejército Nacional; que esta institución armada presente disculpas al país, y que ninguna unidad militar lleve el nombre del coronel Plazas Vega.

Pero lo que más revuelo ha tenido en Colombia es el pedido judicial de que el expresidente Belisario Betancur Cuartas sea juzgado por la Corte Penal Internacional. La solicitud provocó la instantánea reacción del presidente Juan Manuel Santos, quien dijo que a nombre del país le pedía perdón al exmandatario conservador. A ello respondió la Corte Suprema de Justicia invitando al Presidente de la República a mantener la compostura, respetando los fallos judiciales.

Como se sabe, la toma y retoma del Palacio de Justicia fue un capítulo sangriento y doloroso en la historia del país, y por esos hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985 murieron guerrilleros, magistrados y civiles. El país aún recuerda la voz angustiada del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, gritando: “¡Somos magistrados y rehenes en trance de muerte, que cese el fuego!”. Pero no hubo orden presidencial para que cesara el fuego. Y a la brutalidad del M-19 en la toma del Palacio de Justicia se añadió la fuerza de las armas oficiales, que, como lo ha establecido la Justicia, incurrieron en excesos que han recaído en la cabeza del coronel Plazas Vega.

Ahora también se pide que se llame a responder por lo acontecido al expresidente Betancur Cuartas, lo que muchos no solo cuestionan sino que ven improbable porque el Estatuto de Roma que firmó Colombia solo entró en firme a partir de 1998.

Hay, sin duda, argumentos respetables en el fallo del tribunal bogotano, y razones que sustentan la unidad de cuerpo de la Rama Judicial frente a la sentencia: la cúpula de esta fue eliminada durante los acontecimientos del Palacio y uno de los mejores magistrados del país, Reyes Echandía, murió trágicamente.

Desde 1985 hasta hoy, el Poder Judicial ha mantenido la unánime posición de que el expresidente Betancur Cuartas debió evitar el derramamiento de sangre, como el expresidente Julio César Turbay Ayala entre febrero y abril de 1980 durante la toma de la embajada de República Dominicana, también por el M-19. Sin embargo, hay otras voces muy fuertes en el país que estiman que la acción militar era la única que el Gobierno Nacional podía esgrimir en ese momento para defender la institucionalidad democrática retada por un acto demencial de la guerrilla.

El M-19 llegó a la toma del Palacio de Justicia, tras romper los acuerdos de paz con el presidente Betancur Cuartas, a quien este grupo guerrillero no debió hacerle nunca eso, pues había sido un gobernante interesado en la paz, además de humanista y amante de la poesía. En su delirio por tomarse el poder, el M-19 adoptó el discurso en el que se fundamentó la acción irresponsable del Palacio, de la cual se arrepienten todos sus exmilitantes vivos, entre ellos los más famosos Antonio Navarro y Gustavo Petro, actual alcalde de Bogotá.

Los sectores que han revirado contra la sentencia del Tribunal Superior capitalino dicen que mientras el M-19 fue indultado, y gobierna desde el Palacio Liévano con Petro y Navarro, el coronel Plazas Vega ha sido condenado.

Y les asiste plena razón. Independientemente de los procesos que se hayan dado, no tiene justificación que un militar obediente como Plazas Vega esté hoy en la picota pública, mientras los responsables ocupan cargos de privilegio.

El M-19 propuso que se indultara también a los militares y el Estado no aceptó. Eso fue lo que ocurrió: entre finales de 1989 y principios de 1990.

Por eso, el discurso hoy no puede ser enrostrarles a los del M-19, y especialmente a quienes ocupan lugares prominentes en la vida pública, su pasado armado, pues hasta los viejos partidos tradicionales tienen su historia de violencia. Aquí lo que se impone es la alternativa de la reconciliación y el perdón. En aras de la paz y la democracia, cualquier concesión es válida. Es, además, lo que muestran las experiencias exitosas de otros países que lograron pasar la página de la guerra fratricida.

Al respecto consideramos que la mejor alternativa es que todos los actores de aquel trágico insuceso del 85 promuevan un acto público en el cual se presenten disculpas entre ellos, a fin de que a la historia no pase, como hecho juzgado, un desequilibrio de esa magnitud y que la injusticia prevalezca para la posteridad.