Pese a las inquietudes que han expresado con insistencia las autoridades y los gremios de Barranquilla y el Atlántico con respecto a las operaciones de cargue y descargue de fondeo, el Gobierno central parece empeñado en sacar adelante su plan sin abrir el menor paréntesis para la reflexión.

La noche del miércoles, la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales, Dian, publicó formalmente en su portal de internet la última versión del proyecto de decreto por el cual se modifica la regulación aduanera, que establece las bases normativas para las operaciones de fondeo en el río Magdalena. El documento, de unos 260 folios, abandona los eufemismos con respecto al primer borrador divulgado en mayo pasado, al llamar por su nombre –“operaciones en zonas de fondeo”– lo que en el texto anterior se denominaba “operaciones de aligeramiento de carga”. El nuevo documento ofrece muchos más detalles sobre esta nueva modalidad de transporte de mercancías. Establece, por ejemplo, que la mercancía que se cargue por fondeo en cualquier punto del río tendrá carácter de “exportación” desde el mismo momento en que la operación se lleve a cabo. Esto tiene unas implicaciones obvias para Barranquilla, cuyas consecuencias habrá que valorar, pues la ciudad podría perder su condición de última ‘frontera’ fluvial de Colombia.

En un comunicado de prensa, la Dian señala los pasos a seguir, no solo tras la publicación de la última versión del proyecto, sino cuando se apruebe el propio Decreto, lo que pone de manifiesto una actitud de oídos sordos a los requerimientos de los máximos representantes institucionales y económicos de Barranquilla, que días atrás hicieron llegar al Gobierno central un minucioso estudio, elaborado por tres mesas de expertos, en el que se recogen diversas preocupaciones sobre las operaciones de fondeo frente a la ciudad.

En dicho estudio se exigía al Ejecutivo central que abandonara su pretensión de autorizar las operaciones de fondeo mediante un decreto y tramitara dicha actividad mediante un proyecto de ley ordinaria que pudiera ser debatido en el Congreso de la República. El Gobierno no se ha tomado la molestia de responder a los requerimientos que se le han hecho desde Barranquilla y, a modo de aviso de intenciones, la Dian ha colgado en su web la “última versión” del Decreto.

Como ya se dijo en un editorial pasado, el Gobierno cometería un craso error si sacara adelante su proyecto sin haber explicado antes a los barranquilleros y atlanticenses los alcances económicos, técnicos, ambientales y de seguridad de la operación de fondeo. Si el Ejecutivo está convencido de que dichas operaciones serán beneficiosas para la ciudad y el Departamento, que lo aclare con datos, y contribuya así a disipar cualquier temor. El silencio solo ayuda a alimentar las sospechas de que, detrás de este decreto, se agazapan intereses particulares ajenos al interés de los atlanticenses.