Los resultados de las auditorías realizadas arrojaron resultados preocupantes para el sector portuario de la Costa Caribe y el aeropuerto Ernesto Cortissoz, reveló la contralora general, Sandra Morelli.
La funcionaria, quien estuvo ayer en la ciudad participando en el foro Infraestructura y TLC: Realidad Caribe, organizado por Protransparencia y V.L. Noticias, dijo en referencia al aeropuerto que existe un evidente retraso por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, en el proceso de licitación para entregarlo en concesión.
“Cuánto hace que sabíamos que se terminaría esa concesión y no se convocó la licitación, se terminó y está allí la Aeronáutica Civil, ahora con pasivos”, dijo Morelli.
Indicó que la Contraloría consideraba bajos los 2900 millones de pesos anuales que aportaba los anteriores concesionarios del terminal aéreo, pero destacó que ahora hay un saldo negativo de unos 3000 millones de pesos anuales.
“Tenemos allí un balance negativo de 3000 millones de pesos, la causa de esto es que no se hizo un proceso de licitación oportuno y han tenido que salir recursos del Presupuesto General de la Nación para financiar la operación de este aeropuerto, eso no tienen ningún sentido”, sostuvo la Contralora.
“Nos preguntamos por qué no se ha realizado la licitación, si hay operadores expertos interesados y ya el Estado colombiano decidió privatizar esas administraciones”, agregó.
En cuanto al sector portuario, en la auditoría adelantada se encontró una valoración inferior de lo que debe ser el pago o reconocimiento a la entidad pública por la concesión o uso de los puertos.
La falencia en el cumplimiento de estas obligaciones es de unos 250 mil millones de pesos.
Morelli, manifestó que materia de infraestructura en el país se han logrado avances importantes, tales como una oportuna intervención del legislador en lo que se refiere al Estatuto Anticorrupción y en la reglamentación que ayudó a evitar el giro de las vigencias futuras para ciertas obras, que llevaría a una no sostenibilidad fiscal del país.
Igualmente destacó la prohibición de adjudicar, si no hay cierre financiero, y la aplicación de normas más rigurosas que establecen la solidaridad entre el funcionario y el contratista cuando se identifica una conducta dolosa o gravemente culposa. “Con lo que hay podemos hacer buenas contrataciones”, sostuvo y agregó que la falta de planeación adecuada es la fuente de todos los problemas en los procesos de contratación de las obras de infraestructura en el país.
“Lo que veo es que la administración es paquidérmica, lo que provoca retrasos”, indicó la funcionaria.
La Contralora dijo además que en la auditora realizada a la ANI, se verificó que hay importantes retrasos, en especial en las obras de las vías de cuarta generación, donde hay unos 44 billones de pesos sin ejecutar.
“Como la Contraloría ha sido acusada de manera reiterada, aunque no de frente, de ser la causante de la no ejecución en el país, decidimos no hacer estas auditorías en tiempo real, pero lo que encontramos fue una gran lentitud en la ANI, con cero ejecución en los 44 billones de pesos”, aseveró.
Se evidenció que en algunas de las nuevas licitaciones se incluían trazados que ya estaban concesionados, lo que se traduce en pagar dos veces la misma vía.“Nos dijeron que ya esta situación estaba corregida y esperamos los resultados de la auditoría”, indicó Morelli.
Por Lupe Mouthón Mejía
