"La directora de la Anla, Luz Helena Sarmiento Villamizar, se posesionó el 7 de octubre de 2011 ante el entonces ministro de Ambiente, Frank Pearl.

Aunque el permiso a la polémica minera estadounidense Drummond para cargar carbón de la bodega a los barcos fue revocado provisionalmente esta semana por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, luego de que la compañía derramara 500 toneladas en el mar de Santa Marta, el tema de fondo, el transporte del mineral en el mar, sigue siendo el verdadero asunto a resolver, pues la normativa establece que desde 2010 las compañías exportadoras de carbón tienen que cargar directamente mediante bandas transportadoras y no en transbordos con barcazas, como lo venía haciendo la Drummond, pero una serie de inéditas decisiones del Gobierno, les otorgaron un plazo a las carboníferas hasta 2014.

La fecha límite de 2010 impuesta a la Drummond inicialmente, proviene, según lo informó Portafolio, precisamente, de una sanción que le impondría el Ministerio de Ambiente el 17 de julio de 2007, a través de la resolución 1286, donde la multaría por 140 millones de pesos por idénticas razones a las actuales: por haber contaminado el mar al no haber transportado adecuadamente el carbón.

La cartera ambiental señaló entonces que la minera llevaba el carbón en barcazas poco confiables, a través de la carga indirecta, que muchas veces provoca volcamientos.

En la determinación estatal, se indica que el sistema de carga indirecta debe ser evitado y pasar cuanto antes a uno de carga directa.

A ese nuevo sistema debía cambiarse desde el 1 de julio de 2010, pero esa fecha fue modificada, a través de una serie de decisiones que tendrán que explicar el Ministerio y la Anla, y fue extendida cuatro años más, es decir, hasta el 2014.

Sobra decir que en medio de este amplio plazo concedido a la minera, fue que ocurrió el desastre ambiental que hoy ocupa la atención nacional.

O, para decirlo de otro modo, si se hubiera trascendido del sistema de transporte de carbón en el mar de una carga indirecta a una directa, la catástrofe marina en el bello mar samario no hubiera sucedido.

Más inquietudes causa aún al respecto la denuncia que hizo La W recientemente: que la Anla, entidad que se desprende del Ministerio de Ambiente, al parecer, modifica conceptos ambientales para otorgar licencias a las compañías mineras.

Según la emisora capitalina, "los conceptos técnicos preparados por expertos (biólogos, ingenieros ambientales, ingenieros forestales) son modificados por empleados del área administrativa y jurídica de la entidad con el fin de 'suavizar' las exigencias a las empresas que solicitan licencias".

Aparentemente, existen documentos en los que se evidenciaría "cómo se borran de los conceptos técnicos algunos de los apartes más estrictos en términos de protección ambiental, facilitando así la entrega de licencias".

EL HERALDO trató de obtener respuestas de la Anla el viernes pasado, en horas de la tarde, pero contestaron que "ya todos se fueron, toca esperar hasta el lunes".

Por Tomás Betín del Río
Bogotá

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