Ayer concluyó la imputación de cargos a seis funcionarios por la presunta estafa de más de $50 mil millones a 63 campesinos y a la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, Corelca, con un lote de 51,4 hectáreas ubicado en el sector de Cospique, en el kilómetro 56 de la vía a Mamonal, en Cartagena.

Se trata del exgerente de Corelca Julio Mendoza; la registradora de Instrumentos Públicos de Cartagena, Emilia Fadul; el notario 10 de Barranquilla, Álvaro Ariza; el juez primero promiscuo del circuito de Mompox, Orlando Puello; el abogado demandante, Argemiro Lafont y el socio del abogado, Luis Ballestas, quienes, a través de una serie de artimañas, se apropiaron del bien en mención, que pertenecía a Corelca y que debía ser usado para la reparación de las víctimas que padecieron la instalación de un cable de alta tensión cerca a sus viviendas.

Al inicio de la diligencia, la Juez 5 de Control de Garantías indicó que Corelca sí es una víctima preliminar de los hechos, por lo que su representación dentro del proceso es válida.

La Fiscal 13 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, por su parte, tras haber hecho la imputación el pasado domingo a Mendoza y Puello, señaló que, en referencia al notario 10 de Barranquilla, Álvaro Ariza, “la protocolización de la escritura en dicha notaría favoreció un ilícito patrimonial, ya que permitió que se hicieran ilegalmente a ese bien”.

Por tal razón, señaló que el funcionario es presuntamente responsable como autor de concierto para delinquir, cómplice de falsedad en documento público y coautor de peculado por apropiación.

“A través de las acciones del gerente, juez y abogados, el inmueble pasó a manos de particulares y ellos lo vendieron, afectando el patrimonio de Corelca, en más de 40 mil millones de pesos”, indicó.

Acto seguido, la Fiscalía aseveró que Lafont, quien fungía como apoderado de las víctimas, incumplió con sus deberes y, por tal, le fueron imputados los delitos de concierto para delinquir, peculado, prevaricato, falsedad en documento público y fraude procesal.

“Para firmar la escritura de venta, celebró con Mendoza una conciliación para una dación en pago, avaló también la dación en pago de la escritura, para que el juez terminara los 13 procesos por más de 14 mil millones de pesos. Entonces, el inmueble de Mamonal estaba en cabeza de Ballestas y Duque, quienes vendieron parte del bien, además del irregular levantamiento del embargo de la Dian”, dijo la representante del ente de control.
En cuanto a Ballestas, la delegada indicó que “obtuvo fraudulentamente el bien de Corelca que estaba destinado al pago de las acreencias (…). Sin ser abogado se prestó para la sustitución de poder, suscribió el acuerdo conciliatorio, firmó la promesa de dación en pago y la propia dación en pago”.

Añadió que “(los imputados) vendieron parte del inmueble en 7 mil millones de pesos, a los destinatarios no les llegó un peso, y lo hipotecan en 500 millones que no se sabe dónde están, (…) falsifica además una licencia que debía otorgar la curaduría para dividir el bien, es decir, lo hizo embargar, hipotecar y dividir sin darle un peso a las víctimas”.

A raíz de estos hechos, a Ballestas le imputaron concierto para delinquir, prevaricato, peculado, falsedad en documento público y fraude procesal.

Finalmente, sobre Fadul, el ente acusador aseveró que “registró fraudulentamente el levantamiento del embargo que había hecho la Dian sobre el bien, y eso permitió que terceros se apoderaran de ese bien”.

La Fiscal advirtió, por lo tanto, que “Fadul desconoció los deberes que tenía como Registradora” y le imputó los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción y peculado por apropiación.
A la hora de cierre de esta edición, luego de que los imputados no se allanaran a cargos, la Fiscalía solicitaba la medida de aseguramiento.

Así fue el proceso
La Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, Corelca, fue demandada en el municipio de Mompox (Bolívar) por imposición de servidumbres en el año 2000, procesos que fueron asumidos todos por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Mompox.

En el curso de los procesos, 13 en total, se produjeron una serie de irregularidades –según narra Daniel Alsina Galofre, representante de Corelca en una carta que en febrero de 2011 envió al procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez–, que pusieron en desventaja a Corelca, impidiendo la defensa de sus intereses.

Los procesos terminaron con sentencias condenatorias en contra de la empresa y por ende se adelantaron los respectivos procesos ejecutivos en contra de la misma, donde ordenaron embargar bienes de Corelca que representó, entre esos un lote de terreno ubicado en Cartagena en el sector Cospique, de 51,4 hectáreas e identificado con la matrícula inmobiliaria No. 060-121486 de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena. Señala además Alsina que “mediante un trámite irregular e ilegal, el representante de la empresa en septiembre de 2009 cedió en dación en pago el lote de terreno descrito arriba, avaluado en $16 mil millones”. Ante esta situación, la empresa interpuso los recursos legales ante el Juzgado de Mompox, e instauró una denuncia penal ante el Fiscal Delegado de la Unidad de Delitos contra la administración pública en Barranquilla.

Posteriormente, solicitaron a la Procuraduría el cambio de radicación de dichos procesos a una sede judicial distinta, en vista que a la fecha había transcurrido más de un año de interpuesto los recursos de ley ante el Juzgado Primero Promiscuo, sin que hubiese hasta ese momento un pronunciamiento alguno al respecto.

Por Redacción País
Bogotá

 

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