Desde la cárcel La Picota de la capital, ante notario, con dos compañeros de celda como testigos y con las respectivas credenciales electorales, se posesionaron ayer como alcaldes de los municipios cordobeses de Moñitos y Los Córdobas, José Félix Martínez Bravo y Bonifacio Contreras Díaz, respectivamente.
Ambos mandatarios están privados de la libertad desde el pasado 18 de octubre y se les investiga por su presunta participación en el ‘Pacto de Marisco’, suscrito entre varios políticos de la margen izquierda del río Sinú y el exjefe de las AUC, Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán.
A raíz de las pesquisas, un Fiscal de la Unidad Nacional Contra el Terrorismo les impuso el pasado 3 de noviembre, a los mandatarios y a una decena de políticos y funcionarios cordobeses más, medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación.
Mientras tanto, en Moñitos y Los Córdobas, continúan con los mismos alcaldes elegidos hace cuatro años debido a que los alcaldes elegidos por voto popular en las recientes elecciones, están presos por ‘parapolítica’.
Al respecto, el gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, señaló el pasado 1 de enero, durante su acto de posesión, que “estos dos alcaldes tienen medidas de aseguramiento ejecutoriada, por ello mañana a primera hora debemos oficiarle a la Fiscalía por cuenta de la cual están siendo investigados, para que nos confirmen la medida de aseguramiento a fin de que se ratifique la medida y nosotros procederemos a encargar a los respectivos secretarios, hasta tanto fijemos el procedimiento en cuanto a si los partidos deben enviar o no una terna, o se realizarán nuevas elecciones”.
La polémica está armada
Mientras que algunos entendidos opinan que ambos mandatarios, en virtud a la presunción de inocencia, tienen derecho a ejercer su cargo de elección popular hasta tanto no sean condenados, otros creen que los alcaldes deben ser suspendidos hasta que se resuelva su situación jurídica. Por otra parte, sorprendió la declaración a Caracol Radio del director del Inpec, general Gustavo Ricaurte, quien dijo que los mandatarios podrán gobernar “por comunicación telefónica, haciendo sus actos administrativos”.
Por Andrés Agámez Polo y Tomás Betín del Río
Montería y Bogotá