El Heraldo
Economía

84,4% de las pensiones más altas del país son de excongresistas

Los congresistas no aprobaron la posibilidad de que las pensiones altas paguen impuestos.

bogotá. Mientras el primer debate de la reforma tributaria se extendía y desgastaba en la explicación del nuevo impuesto para la equidad, en un santiamén senadores y representantes le dijeron no a la posibilidad de que las pensiones altas paguen impuestos.

La propuesta del Gobierno, con la que se pretendía subsidiar más política social, había sido derrotada y con esta pérdida 835 exsenadores y exrepresentantes y exfuncionarios del Congreso, el 84,4% del total de pensionados del Régimen de Prima Media (RPM), se salvaron de pagar impuestos.

El pasado jueves el debate fue interrumpido por gritos y arengas de estudiantes, profesores y sindicalistas del Sena quienes, alentados por congresistas del Polo Democrático, protestaban contra los parlamentarios que habían decidido aprobar la Contribución Empresarial para la Equidad (Cree), el nuevo impuesto que financiará su entidad, el ICBF y los aportes a la salud.

Sus gritos “ladrones, corruptos” se oyeron por todo el Salón Boyacá en el Capitolio, pero su enardecida voz no se escuchó cuando senadores y representantes pedían eliminar el artículo 7 del proyecto de ley, que pretendía gravar las pensiones onerosas, aquellas que solo ganan unos pocos en este país, entre esos los mismos congresistas que los incitaron a la protesta.

Actualmente, las pensiones altas sí pagan impuestos, pero a partir de los 50 salarios mínimos mensuales o hasta 1.000 UVT ($26 millones de 2012) y solo la parte que exceda ese monto está gravado; es decir, que los que reciben una pensión de menos de $26 millones al mes no pagan nada.

La propuesta pretendía que se gravara solo en la parte del pago mensual que excediera las 380 UVT o $9,8 millones de 2012, a una tarifa del 5%.

Si una persona recibe una pensión de $13 millones mensuales habría tenido que pagar $156.250 al mes.

En Colombia, según cifras de la Superintendencia Financiera, a agosto de este año habían 1.033.034 pensionados RPM y 57.067 pensionados del Fondo de Pensiones Obligatorias. Lo que significa que tan solo un 9% de la población económicamente activa (21,5 millones) y un 4,3% de la población total colombiana (46 millones) reciben una pensión.

De acuerdo con datos del Ministerio del Trabajo, la mayoría de colombianos que reciben pensión son de rango salarial bajo: el 8,8% reciben un salario mínimo; el 59,7% más de un salario mínimo pero menos de dos, y el 20,9% entre dos y menos de cuatro salarios.

Casi el 90% de ese poco más de un millón de personas jubiladas recibe una pensión entre $566.700 y $2.266.800.

El sistema en sí es muy inequitativo. Mientras que el 20% de la población más pobre recibe solo el 0,1% de los subsidios, el 20% con más poder adquisitivo recibe el 86,3%, de acuerdo con Rafael Pardo, ministro del Trabajo.

Según el funcionario, esto se ha reducido parcialmente gracias a las sentencias de la Corte Constitucional que han establecido topes pensionales.

De acuerdo con la Superfinanciera, del total de pensionados del RPM, solo 989 personas están recibiendo más de 16 salarios mínimos, es decir, $9 millones. Ellos representan el 0,09% de esa población. De esos 989 colombianos, 835, el 84,4%, son excongresistas, y ex empleados del Congreso, que adquieren su pensión de acuerdo con la Ley Cuarta de 1992, la cual tiene una demanda y está siendo estudiada por la Corte Constitucional.

El artículo 17 demandado dice que las pensiones de los representantes y senadores no podrán ser inferiores al 75% del ingreso mensual promedio que, durante el último año, perciban. Según el abogado demandante Germán Calderón, dicha norma viola el derecho a la igualdad y atenta contra la sostenibilidad fiscal.

Hay que recordar que el 24% del Presupuesto General de la Nación (PGN) se destina al pago pensional, lo que significa cerca de $40 billones de los $165,2 billones del PGN de 2012.
Cualquier ciudadano que pertenezca al RPM puede recibir pensiones de hasta 25 salarios mínimos, tope que impuso el Acto Legislativo 01 de 2005; no obstante, en los últimos años se han vuelto a conceder pensiones a funcionarios del Estado de más de $20 millones, a través de acciones de tutelas.

Los congresistas afirmaron que el artículo de la reforma tributaria se eliminó porque están a la espera de la respuesta de la Corte. El representante a la Cámara Ángel Custodio Cabrera dijo que es partidario de que cobren a quienes se han ganado a través de los fallos judiciales pensiones “loterías”,  y  de que al que ha ahorrado no le cobren impuestos.

Este es el argumento histórico, como bien lo dijo el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que han usado los congresistas para impedir que se graven las pensiones onerosas que las tienen algunos funcionarios del Estado. El otro es el de la sentencia de la Corte, que para Cárdenas sería la solución de fondo.

 

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