El Heraldo
Fachada de la gobernación de Córdoba. Archivo
Colombia

Tribunal niega tutela de la IPS Funtierra contra la Contraloría

EL HERALDO conoció el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó una tutela interpuesta por la IPS contra la Contraloría, en el caso de los hallazgos fiscales por $3.315 millones por el pago de recobros en la salud.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó una acción de tutela en que se invocaban los derechos al debido proceso y al buen nombre por parte de la IPS Funtierra y en contra de la Contraloría General, en el marco del escándalo de la salud en Córdoba.

En la decisión, fechada el 12 de agosto pasado, compuesta por 13 páginas y conocida por EL HERALDO, el magistrado ponente Henry Barreto asegura que no se le violó el derecho al debido proceso a la IPS debido a que no existió contra Funtierra una auditoría o proceso fiscal en su contra sino de la Gobernación de Córdoba, y que, además, por esto mismo, la Contraloría no estaba en la obligación de comunicar los hallazgos de esta auditoría a la IPS.

Y frente al otro derecho invocado, el del buen nombre y honra, relacionado con las publicaciones que hicieron los medios de prensa de los hallazgos establecidos por el ente de control fiscal, el togado consideró que "las afirmaciones contenidas en artículos periodísticos no son pruebas idóneas ni convincentes de las lesiones constitucionales que se alegan por la accionante y si bien los medios de comunicación, a través de los mismos desarrollan su actividad y mencionan el nombre de éste como presunto determinador de desfalco fiscal frente a servicios médicos pagados en su totalidad con recursos del Sistema General de Participaciones, SGP correspondientes al departamento de Córdoba, lo hacen en ejercicio del derecho de libertad de prensa".

Agrega sobre el papel de la Contraloría en todo el asunto que "el ente de control en cumplimiento de los deberes de los servidores públicos en ejercicio de sus funciones, se limitó a informar los resultados de sus investigaciones, sin que lo anterior per se implique que se está endilgando responsabilidad alguna a la parte accionante en el presente asunto, máxime cuando no se encuentra proceso o investigación en curso en contra de la accionante".

En la acción de tutela, presentada por Funtierra el 1 de agosto, consta además que la IPS pidió a la Contraloría investigar a los auditores Héctor Villanueva, Karín Álvarez y Patricia Carate "por falta a la verdad" en las pesquisas que adelantaron en su contra.

No obstante, el Tribunal encuentra que "los conceptos, estudios y hallazgos encontrados en la auditoría (...) están estrecha y exclusivamente relacionados con la evaluación que la Contraloría inició en contra de la Gobernación de Córdoba y su Secretaría de Salud, con el ánimo de ejercer control fiscal sobre los recursos asignados por intermedio del SGP para la vigencia de 2015".

El escándalo de la salud en Córdoba

El recurso de amparo se presentó luego de que la auditoría determinara que la Gobernación de Córdoba pagó más de $10 mil millones por terapias que tenían un componente por fuera del POS ("basadas en neurodesarrollo"), que no se cancelaron individualmente, como corresponde, sino por paquetes (de mínimo 50 y hasta 100 tratamientos), donde al cumplir 50 se hacía el total de pagos, con lo cual se habrían cancelado también tratamientos que no se realizaron, según el ente de control.

"Estos pagos por paquetes de terapias se acordaron incluso en documentos que no tienen ningún valor legal, como es el caso de un acta informal que suscribió el secretario de Salud Departamental de la época, Edwin Preciado Lorduy, con la representante legal de Funtierra Rehabilitación IPS S.A.S, Tania Otero Arroyo, pactando las tarifas a pagar", indica la auditoría.

Y agrega al respecto que "esta 'acta' ocupa dos sencillas hojas, con un simple título (...), y lleva las firmas de quienes la suscriben, pero en el documento no aparece ninguna identificación de la papelería oficial de la Gobernación ni de la misma IPS­". No obstante, advierte el organismo de pesquisa fiscal que "el 'acta' sirvió a la Gobernación de soporte para proceder a estos pagos, sin que existieran estudios previos, una propuesta formal de la IPS y el correspondiente contrato, que son los requisitos legales que se exigen en estos casos".

Por otra parte, en su momento, es decir, a principios de julio, cuando se revelaba el escándalo, la IPS Funtierra desmintió los señalamientos de la Contraloría y, en un comunicado, Tania Otero, representante legal de Funtierra, dijo que el organismo revisor fiscal no tiene ningún sustento ni pruebas para hacer tales afirmaciones.

"Exigimos que la Contraloría explique en qué documentos y en qué información se basó para llegar a esas conclusiones porque por el contrario nosotros mismos allegamos a sus auditores documentos con información detallada paciente por paciente y de los servicios que se le prestaron y que fueron debidamente facturados a la Secretaría de Salud de Córdoba porque se trata de terapias no POS", dijo Otero entonces.

Agregó que si se dejaron de prestar algunas terapias a usuarios, fue porque la propia Secretaría de Salud las recortó y que por lo tanto, no fueron facturadas por ellos. Y advirtió que "Funtierra denunció ante los organismos de control y ante la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, el atropello que la Secretaría de Salud estaba cometiendo contra estos menores al negarles su derecho a una atención en salud para mejorar sus condiciones de vida".

Y puso de presente que la Secretaría de Salud aún les adeuda facturas correspondientes a los meses de octubre del 2013, septiembre del 2014, octubre, noviembre y diciembre del 2015 y lo que va del presente año.

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