El Heraldo
Juan Carlos Echeverry, presidente de Ecopetrol. Archivo
Colombia

SIC abre pliego de cargos a Ecopetrol por propiciar cartel de proveedores

Petrolera habría propiciado celebración de acuerdos para fijar precios entre proveedores de materiales pétreos de construcción en el Meta.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra Ecopetrol, 16 empresas proveedoras de materiales pétreos de construcción y 25 personas, por presuntas violaciones a la libre competencia.

Las acciones que involucran a la Asociación de Mineros de Guamal Acacías y Castilla la Nueva (Asomguaca) se habrían llevado a cabo entre 2008 y 2014, en tres municipios del Meta: Acacías, Castilla la Nueva y Guamal.

De acuerdo con el comunicado emitido por la SIC,  la conducta de la petrolera más importante del país habría consistido en “propiciar la celebración de acuerdos anticompetitivos para la fijación del precio” entre compañías que abastecen los contratistas de obras civiles de la propia empresa.

En la investigación también se especula la promoción de una asociación entre empresas proveedoras de estos materiales, con las cuales Ecopetrol habría pactado cuotas de suministro y coordinado los despachos “de forma equitativa”. Incluso, la petrolera se habría ofrecido para servir de garante de esos compromisos, según la SIC.

Ecopetrol salió al paso y no solo defendió su actuar, sino que aseguró haber denunciado “posibles acuerdos de precios en el Meta desde hace más de un año”.

En otras tres precisiones, la empresa agregó que, primero, ha colaborado con la SIC para que se investiguen y esclarezcan los hechos “advertidos por la empresa en abril de 2015”.

Segundo, que ha sido víctima de posibles conductas contrarias a la libre competencia en la adquisición de varios bienes y servicios en esa región. Y, tercero, que esas prácticas ilegales “afectan las finanzas y operaciones de la empresa”.

Rubén Darío Lizarralde, presidente de la Cámara Colombiana de Servicios Petroleros (Campetrol), aseguró a EL HERALDO que ha estado presente en varias reuniones entre Ecopetrol y proveedores del sector, “y nunca he visto un actuar como el que indica la SIC por parte de la empresa”.

Agregó que en esa y otras zonas del país, las empresas sí deben enfrentar las presiones de algunas comunidades y juntas de acción comunal que “presionan a las empresas a pagar hasta 400% más por servicios como, por ejemplo, ambulancias. Si no lo hacen, realizan bloqueos y les impiden operar en las regiones”.

¿Por qué inicia la investigación?

La investigación inició a raíz de una queja presentada en 2014 por uno de los contratistas de Ecopetrol, señaló el superintendente delegado para la Protección de la Competencia, Jorge Enrique Sánchez.

A esto le siguieron las declaraciones de “seis empresas delatoras que reconocieron su participación en los hechos y entregaron evidencias documentales”, como parte del Programa de Beneficios por Colaboración.

Gracias a este proceso, la SIC pudo establecer la participación de funcionarios de Ecopetrol en reuniones de socialización en las que, además, se presentaron a los contratistas las listas de precios del material pétreo de construcción que habrían sido previamente acordadas por los proveedores.

¿Cómo actuaron?

Asomguaca habría facilitado la operación logística, el control de los acuerdos presuntamente ilegales y, además, habría influenciado a sus afiliados (y no afiliados) sobre los precios que debían cobrar por los materiales de construcción.

Los proveedores involucrados, a su vez, habrían integrado un cartel empresarial para fijar los precios y acordar el esquema de asignación de cuotas. En este pactaron que el abastecimiento a los contratistas de Ecopetrol se realizaría en un 60% por los afiliados de Asomguaca y en un 40% por José Héctor Murillo Castillo, quien aparece como representante legal de Servipetróleos ante la Superintendencia de Sociedades.

Particulares

El pliego de cargos vinculó también a 25 personas naturales en su calidad de funcionarios o ex funcionarios de las empresas imputadas que habrían tolerado, ejecutado, facilitado y colaborado con las supuestas conductas anticompetitivas.

Multas

Por estas conductas, las empresas podrán ser multadas, máximo, con 100.000 salarios mínimos vigentes equivalentes a $68.945 millones, mientras que las personas naturales podrán ser sancionadas con 2.000 salarios mínimos, equivalentes a $1.378 millones.

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