El Heraldo
Fachada del edificio en que funcionó la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes en Bogotá.
Colombia

Las reuniones de la DNE en que se concretaron los ilícitos

Por lo menos en cinco encuentros se concertaron los hechos.

Según la Fiscalía, el 5 de abril de 2006, el consorcio Bogotá-Fusa (compuesto por Gas Capital, Cogefar de Guatemala y Alejandro Char Chaljub) y la fiduciaria Fiduagraria suscribieron un contrato de fiducia con el que constituyeron el Patrimonio Autónomo Consorcio Bogotá-Fusa, cuya idea era obtener recursos para financiar el proyecto vial Bosa-Granada-Girardot, que era un compromiso del consorcio Bogotá-Fusa con la concesión Bogotá-Girardot. Así mismo, se pretendía administrar los recursos de los inversionistas y servir de fuente de pago ante eventuales incumplimientos.

La exsecretaria general (e), Clara Eugenia Garrido de Devaldenebro, “vulnerando la normatividad regente en la materia”, suscribió una invitación a las fiduciarias Fiduagraria, Fiduprevisora y Fiducóldex, para que se manejaran 30 mil millones de pesos de la DNE, correspondientes al Frisco.

El 17 de agosto de 2006 la comisión asesora de inversiones de la DNE se reunió y documentó en acta “faltando a la verdad” que participaron Garrido, el extesorero Freddy Guillermo Hernández Sandoval; el subdirector jurídico, José Camilo Guzmán Santos; la delegada de la subdivisión de bienes (e), Yolanda Chalá Martínez; el jefe de la oficina de control interno (e), Pablo Manuel Bula Narváez y la coordinadora del grupo de gestión financiera y contable, Martha Hernández Pulido.

El 28 de agosto de 2006 se suscribió el contrato 024 entre la DNE, en el que la DNE impartiría instrucciones a Fiduagraria en torno a las inversiones a hacerse. De hecho, el 5 de septiembre de 2006 se decidió trasferir a la fiduciaria 25.980 millones de pesos “y se seleccionó dentro de las diferentes propuestas al Consorcio Bogotá-Fusa”. El comité adujo tres razones para esa selección: el fideicomiso tenía calificación AAA por la sociedad calificadora BRC Investor Services, que una de las fuentes de pago estaba representada por los recursos del Inco, por recaudo de peajes y recursos aportados por los concesionarios y porque el representante legal del consorcio informó a Fiduagraria que ofrecían una rentabilidad del 12 por ciento efectivo anual para los recursos de la DNE que fueran invertidos.

El 23 de octubre de ese mismo año se suscribió la oferta comercial de cesión de derechos de beneficio con pacto de readquisición, para que se expidiera el certificado de derechos de beneficio a favor de la DNE, de acuerdo a la oferta inicial de 25.512 millones de pesos y un valor de readquisición de 28.574 millones de pesos, más el pago de intereses al final del primer y segundo año, por valor de 3.061 millones de pesos, cada uno. Y se fijó como plazo de la readquisición el 23 de octubre de 2009.

La DNE, de esta manera, trasfirió los recursos a Fiduagraria y esta, a su vez, los giró al consorcio, “cuyo control era ejercido por Miguel Eduardo Nule Velilla, Manuel Nule Velilla y Guido Alberto Nule Marino, quienes finalmente dispusieron de estos efectos a su voluntad”.

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