La sequía está matando al Casanare

Acusaciones mutuas van y vienen entre los aparentes responsables de que en esta época veraniega se hayan secado, más de lo acostumbrado, las fuentes de agua del Casanare y que por tal razón hayan muerto alrededor de 20 mil animales que, según los pobladores, son muchos más de los que habitualmente mueren en las sequías. Se espera que las investigaciones digan qué es lo que está pasando y, sobre todo, qué hay que hacer para que no siga pasando.

Las imágenes de los chigüiros enlodados y moribundos, la tierra árida cuarteada, la poca agua viscosa y grisácea, la ausencia de la sombra y de los árboles y de la vida, como un vistazo al fin del mundo, desató el escándalo el pasado fin de semana y todos los entes, como siempre, se rasgaron las vestiduras y anunciaron pesquisas.

Lo que ha pasado es que el Casanare ha estado seco desde finales de 2013, y sobre todo, según la Gobernación, al norte, en Paz de Ariporo, el tercer municipio más grande. (Ver infografía)

Esta sequía, aunada a otros factores, ha producido la mortandad, según el departamento, de unos 20 mil animales, entre ellos chigüiros (unos 15 mil), venados, galápagas, zorros, peces, garzas, patos, vacunos, bovinos, porcinos, tortugas, lapas, babillas y caimanes.

Los otros factores que habrían hecho que esta sequía produjera estos desiertos mortales serían, según los entendidos, el cambio climático, las petroleras que desvían las fuentes hídricas con sus perforaciones y detonaciones, los agricultores (arroceros y palmicultores) que usan mal los cuerpos de agua, los ganaderos que talan bosques para dejar pastizales y, por supuesto, la anuencia cómplice de las autoridades locales, departamentales y nacionales que, además de no haber estudiado las dinámicas hidrológicas de la zona ni haber hecho planeación frente al calentamiento global, otorgan licencias irregulares para que estas industrias capten agua sin las mínimas garantías ecológicas.

Recurso desaprovechado. Para el director del Ideam, Omar Franco, el verano del Casanare “es completamente normal” y lo que ocurrió fue que “no se aprovechó en la región el agua que cayó en junio y noviembre de 2013”.
Explicó que “lo que ha sucedido por años es que los ganaderos han ido abriendo campo, tumbando bosques y morichales y, como todo lo queremos volver pradera y pastizales para ganado, perdemos sostenibilidad. El agua que cuidaban esos bosques ahora se evapora, porque no aguanta las altas temperaturas”.

Aseguró, además, que “sería un error culpar a las petroleras” porque “la Orinoquía tiene el 47% del agua subterránea del país. Es la región con mayor potencialidad de este recurso, que no está siendo aprovechado ni para el consumo humano ni para la producción. Hay más agua incluso que en los ríos”.

Al contrario, el senador casanareño electo por la Alianza Verde, Jorge Prieto, le dijo a EL HERALDO que la situación no es para nada normal porque este ha sido “el verano que mayores efectos negativos ha tenido”, ya que “antes, las aguas veraneras se mantenían por más intenso que fuera el verano, pero en esta ocasión empezaron a secarse”.

Advirtió que “han tratado de esconder” que la actividad más intensa que hay en la zona es la petrolera, que “con la sísmica, la detonación a 50 o más metros de profundidad de dinamita, al terreno se le abren fisuras, por donde las aguas se hunden” y, de igual manera, “para los oleoductos hacen zanjas de 3 o 4 metros, que hacen que las aguas superficiales también se desvíen”.

El congresista pidió que “suspendan la sísmica y la deforestación de los ganaderos, mientras se investiga”.
Falta estudio. La directora del Instituto Humboldt, Brigitte Baptiste, opina que las autoridades del Casanare no han estudiado ni sus características ecosistémicas, ni sus dinámicas hidrológicas.

Agrega que aunque los habitantes dicen que no habían presenciado una mortandad de esta naturaleza, en verano la población de chigüiros en estas zonas se reduce hasta en un 30%, ya que se reproducen en grandes cantidades y, por la selección natural, mueren. Sin embargo, considera necesaria una pesquisa a fondo.
Ingrid Falla, directora de la Asociación de Protectores de la Fauna Colombiana, Aprofac, señaló por su parte que es “lamentable” el hecho de que “el Ideam les había informado lo que iba a pasar, pero hubo negligencia de un gobernador, de un alcalde, de una corporación y del mismo Ministerio de Ambiente”.

La ambientalista se queja, además, de que “las autoridades hacen reuniones a puerta cerrada y no invitan a las ONG para escuchar propuestas, soluciones, sugerencias”.

Anunció que están convocando a las asociaciones ambientalistas del país “para hacer una mesa neutral y obligar al Gobierno a revisar qué está pasando con las mineras, para que se ejerza la función de prevenir y no tener que lamentar”.

Las medidas. El Ministerio de Ambiente –que se supone debía prever esta crisis desde lo nacional–, en cabeza de Luz Helena Sarmiento, una vez conocido el desastre, hizo una “inspección” y celebró “los planes de emergencia y mitigación” del Gobierno.

Según la funcionaria, con las aguas subterráneas se empezó a bombear sobre los lechos de los ríos creando espejos de agua para los animales. Esto se mantendría hasta mediados de abril, cuando, según las previsiones, se inicien las lluvias.

Señaló Sarmiento que “esta crisis se estaba gestando desde hace años y debido al calentamiento global se ve exacerbada”, y añadió que “se juntaron muchas malas prácticas” en esta, la zona más deforestada del país y en medio del séptimo verano más fuerte del Casanare en los últimos 40 años.

No obstante, sobre las medidas que se tomarían solo se permitió la ministra mencionar que “necesitamos adoptar un componente de adaptación para la agricultura, ganadería y, por supuesto, para la actividad petrolera” y que “los planes de desarrollo del departamento deberán ser revisados”.

Por su parte, la Fiscalía anunció investigaciones para determinar si la tragedia se debe “a acciones u omisiones de las empresas que operan en la región o de las autoridades ambientales, encargadas de otorgar las licencias para el uso de fuentes hídricas”.

“Se investiga lo que viene ocurriendo concretamente en Paz de Ariporo, la vereda Caño Chiquito, Centro Gaitán, Normandía y Las Guamas”, indicó la fiscal Gloria Arias y adelantó que se citó a entrevistas al gobernador Marco Tulio Ruiz y al alcalde de Paz de Ariporo, Édgar Bejarano.

Entre tanto, la Procuraduría pidió a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, que le remita todas las licencias para proyectos a ejecutarse en el departamento durante los últimos tres años.

Así mismo, solicitó conocer las sanciones que ha impuesto por el incumplimiento de obligaciones sobre el suministro de agua potable.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, de otro lado, asumió el control de la emergencia ambiental, luego de analizar los inconvenientes para contratar que tiene la Gobernación por la Ley de Garantías, ante la urgencia de tomar medidas.

Como además ni el departamento ni el municipio de Paz de Ariporo tienen los recursos suficientes para seguir atendiendo el desastre, la Unidad destinó mil millones de pesos.

Ganadería más ecológica

El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, informó que van más de 4 mil reses muertas y que esta situación se hubiera prevenido si la Ley de Garantías no hubiera impedido la creación de bodegas para almacenar alimento para los animales.

Sin embargo, Lafaurie admitió que es necesaria la implementación de “una ganadería más amigable con el medio ambiente, con sistemas que ofrezcan condiciones más boscosas donde se practica esta actividad”. El gobernador Ruiz afirmó que “los efectos del fuerte verano son un componente del cambio climático, por lo que se traza un plan de acción a corto, mediano y largo plazo”. E informó que en el área afectada hay personal de las secretarías de la Gobernación, diferentes entidades y voluntarios, adelantando tareas de protección, recuperación y educación ambiental.

Petroleras niegan responsabilidad

Alejandro Martínez, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, ACP, aseguró que no hay evidencias de que los movimientos de tierra que se utilizan para buscar petróleo afecten o disminuyan el agua. No obstante, informó que desde el primer día de la emergencia ambiental “las empresas se han solidarizado” y el “aporte no solo ha sido en recursos económicos, sino también en recurso humano voluntario” y acto seguido formalizó la entrega de $2.600 millones para paliar la crisis.

Suma que resulta a todas luces irrisoria si se compara con las decenas de billones de pesos que gana, por ejemplo, Ecopetrol en un año. Igualmente, anunció Martínez que las mineras colaboran con unos 40 carrotanques que transportan 320 mil galones diarios de agua para la zona y que, además, perforarán 10 pozos profundos de agua en Caño Chiquito. Las petroleras que operan en el departamento, según la Gobernación, son: Geopark, Parex, New Granada Energy, Perenco, Cepcolsa, Petrominerales, Pacific Stratus Energy, Ecopetrol, Canacol e Interoil.