La Corte, una ‘bomba’ que se expande

Dos semanas completan los ires y venires por el escándalo de corrupción en la Corte Constitucional: unos magistrados denuncian, otros se defienden, particulares entregan un par de versiones y salen del país, el Gobierno pide celeridad en pesquisas y renuncias a togados cuestionados, analistas critican costumbres de la alta justicia y pobres resultados del Congreso en averiguaciones contra aforados y hasta las autoridades investigativas se declaran impedidas en el proceso.

Todo se inició, al menos para la opinión pública, el viernes 27 de febrero, cuando el magistrado Mauricio González Cuervo radicó una denuncia en la Comisión de Acusaciones de la Cámara contra su par, el monteriano Jorge Pretelt Chaljub, por un supuesto soborno de 500 millones de pesos que, según le contó el abogado barranquillero Víctor Pacheco, le habría pedido el monteriano al legista, para influenciar la decisión frente a una tutela que interpuso la empresa fiduciaria en liquidación Fidupetrol, para no tener que pagar 22.500 millones de pesos a la Gobernación del Casanare, como lo estableció la Corte Suprema de Justicia.

González pide que se presenten ante el Congreso tanto Pretelt como Pacheco, e igualmente que se llame a declarar a los magistrados Luis Ernesto Vargas, el barranquillero Gabriel Eduardo Mendoza y María Victoria Calle, quienes conocieron los hechos.

El denunciante advierte que Vargas le contó el 3 de febrero pasado que Pacheco le había afirmado que Pretelt “le habló de la posibilidad de lograr una decisión favorable a la entidad accionante” si recibía la millonaria suma “supuestamente solicitada por el magistrado ponente (González)”, y que “ante su incredulidad, el doctor Pretelt le había expresado que el magistrado ponente era amigo suyo y que solo él podía ‘hablarle al oído’ de tales temas”.

Agrega González que se reunió con Pacheco el 6 de febrero pasado en una cafetería del aeropuerto de Cartagena y allí este le reiteró lo ocurrido. Y aseveró: “declaro bajo la gravedad del juramento la falsedad del acuerdo simoníaco con el que se pretendería relacionarme, como de cualquier otro acto miserable de corrupción que se me quisiera endilgar”.

Luego, Pretelt, a su vez, radicó otro documento en la célula legislativa, en el que asegura: “no participé en la selección de la referida tutela, voté en contra de los intereses del accionante y jamás, tal cual lo reconoce el magistrado González, le hice comentario alguno defendiendo los intereses del accionante en este caso”.

Se supo, además, que en los registros de la Corte se da cuenta de que Pacheco no sólo estuvo en los últimos meses en los despachos de la Corte Constitucional, sino también en el Consejo de Estado y en la Corte Suprema, y que se dieron unas 40 entradas del jurista al Palacio de Justicia.

REACCIONES

El estallido del escándalo puso a las partes enfrentadas a plantear acusaciones de lado y lado: Pretelt habló de un supuesto complot de los liberales contra los conservadores y los liberales lo negaron  y calificaron el asunto como un caso aislado de presunto soborno.

El monteriano advirtió el 2 de marzo que la Corte “está dividida en dos grupos. Uno de ellos mandaba. Hasta que hubo una modificación de la integración de la corporación, pero esa confrontación, lejos de disminuir, se ha aumentado”, y que entre sus colegas hay una “indignación de que Pretelt, conservador, vaya a elegir un registrador del Estado civil, (…) y que sea uno de quienes vaya a elegir en compañía de las cabezas de las otras dos cortes a una directora de la Rama Judicial”.

González le respondió que “la solicitud que radiqué ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes fue una decisión enteramente mía, jamás de grupo, impelida por la más personal de las indignaciones y por el más elemental deber de denuncia”, y añadió que “esto es un asunto de moralidad pública, no de complot político”.

Los dos bloques políticos en la Corte son: el conservador, integrado por Luis Guillermo Guerrero (nariñense), Martha Sáchica (bogotana), Gabriel Mendoza (barranquillero), Mauricio González (tolimense) y Jorge Pretelt (monteriano); y el liberal, conformado por Luis Ernesto Vargas (tolimense), María Victoria Calle (paisa), Jorge Iván Palacio (paisa) y Gloria Stella Ortiz (pastusa).

El 4 de marzo, en una diligencia de ampliación de denuncia en la Comisión de Acusaciones, el magistrado González dijo que el alto tribunal va a salir fortalecido tras este escándalo de supuesta corrupción: “la Corte es la Corte de los Derechos Humanos, es la Corte del control del poder, y es un patrimonio jurídico y moral de los colombianos”.

Un día después, el 5 de marzo, al salir de una entrevista en el búnker de la Fiscalía, el exmagistrado Nilson Pinilla advirtió: “si algo llega a pasar contra mí o contra mi familia, miren hacia el departamento de Córdoba”, aludiendo a Pretelt, al afirmar que era muy frecuente verlo solidarizándose con varios congresistas investigados por parapolítica, algunos de los cuales, como también el senador Álvaro Uribe Vélez, son vecinos en las fincas que poseen en tierras cordobesas.

Mientras tanto, luego de que Pretelt, a través de su abogado Abelardo de la Espriella, hubiese anunciado que se retiraba de su cargo de presidente del alto tribunal por 30 días, la Sala Plena de la Corte aseveró que el monteriano se apartaba indefinidamente de la dignidad.

El 6 de marzo, cuando entraron a operar algunas de las determinaciones que tomó la Corte para hacer más transparente el ejercicio desde dicha instancia, los togados entregaron a la opinión pública sus declaraciones de renta y patrimonio, y se supo que Pretelt tenía el patrimonio más alto, con 3.077 millones de pesos.

LO QUE DICE PACHECO

El abogado Víctor Pacheco, el 9 de marzo, rindió un largo interrogatorio ante la Fiscalía, el que nunca ratificó el soborno del cordobés y, en cambio, aseveró que el togado le sugirió que alistara esa cantidad de dinero para conseguir un constitucionalista “de quilates” que pudiera afrontar el caso de Fidupetrol.

Contó Pacheco que a finales de 2013 el monteriano le advirtió que tenía que alistar 500 millones de pesos para conseguir un constitucionalista que llevara el caso en la alta corte. Y, además, que Pretelt le habría sugerido que tenía que entregar regalos a Marcela Monroy, exesposa de González, y a su hijo de 17 años, para que se favoreciera la tutela de la fiduciaria.

Ese mismo día los magistrados Vargas y Mendoza rindieron declaración en la Cámara de Representantes, en la que el primero aseveró: "los magistrados de la Corte Constitucional estamos de luto, en un silencio sepulcral".

En su lacónico y muy corto pronunciamiento, Vargas  manifestó que  a todos los miembros del máximo órgano de justicia constitucional “les duele en el alma” la controversia suscitada a raíz de las denuncias.

De otro lado, el exmagistrado Rodrigo Escobar, señalado de haber sido intermediario en el supuesto pago del soborno, negó que se hubiera reunido con el presidente del alto tribunal para discutir la tutela, y aseguró que su papel, por el que cobró 200 millones de pesos, llegó hasta la emisión de conceptos jurídicos para respaldar la tesis de Pacheco, quien es experto en derecho civil y no en constitucional, como sí lo es el extogado.

Sin embargo, el columnista Daniel Coronell denunció que el contrato de Escobar incluía una prima de éxito por otros 200 millones de pesos si el fallo lo favorecía. Y la periodista María Isabel Rueda le hizo una entrevista en la que Escobar negó haber sido abogado de Fidupetrol y también negó haberse reunido con Pretelt, aunque lo señalan de haber asistido con el monteriano y con el togado Mauricio González, ponente de la tutela, a un restaurante de la zona G de Bogotá, precisamente, a tratar el asunto de la acción constitucional.

LA FILTRACIÓN DEL AUDIO

El 10 de marzo todo el país conoció la prueba reina dentro del proceso penal: se filtró a los medios un diálogo entre Vargas y Pacheco, que habría tenido lugar el pasado 2 de febrero en el despacho del magistrado y habría sido grabada por el togado.

En el audio se escucha a Pacheco contarle al magistrado que tenía un acuerdo con Pretelt para que la tutela favoreciera a Fidupetrol, y además, narra que habría acordado con el monteriano la manera en que se podía sobornar a otros magistrados. Al final, el pacto entre Petrelt y Fidupetrol se habría cerrado en 400 millones de pesos. La mitad de ese monto se le haría llegar a Pretelt por intermedio del expresidente de la Corte, Rodrigo Escobar, quien sería el encargado de ganarse la confianza del magistrado Guerrero, quien junto a González y Mendoza eran los encargados de estudiar la tutela.

Ese mismo día, horas antes, el abogado barranquillero había comparecido a la célula legislativa y había manifestado no sentirse culpable por el escándalo de corrupción.

A la pregunta de si había ratificado lo dicho en el interrogatorio ante el ente de investigación penal, respondió: “no dije lo mismo que dije en la Fiscalía porque hay un derecho fundamental y es un principio también constitucional relacionado con la no autoincriminación, entonces hice uso de ese derecho fundamental para no expresar todo lo que se pudo haber manifestado en otra parte”.

También asistió a la Comisión De la Espriella, quien señaló que en la declaración “Pacheco calló sobre ciertas cosas, pero la versión que se filtró de la Fiscalía, es la correcta”.

PETICIÓN DE RENUNCIA ES UNÁNIME

Aún más temprano, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, había pedido la renuncia de Pretelt a la Constitucional: “creo que llegó el momento de que el magistrado Pretelt, aun cuando no tenga ninguna obligación jurídica de hacerlo, se aparte de su condición de magistrado de la Corte”.

Al día siguiente, su colega de la cartera política, Juan Fernando Cristo, se adhirió a su solicitud: “el ministro de Justicia ya ha expresado su opinión. Yo creo que le haría un gran favor el magistrado Pretelt a la Corte Constitucional y a la Justicia”.

De la misma manera, en una situación sin precedentes, los ocho magistrados restantes de la Corte Constitucional le pidieron al togado cordobés que renuncie: “le solicitamos al doctor Pretelt Chaljub separarse transitoriamente de sus funciones como magistrado”, y agregaron que, en respuesta, el monteriano “nos dijo que consideraría esa petición porque quería saber si perdía o no su fuero”.

También, el fiscal Eduardo Montealegre Lynett se declaró impedido para conocer de la investigación, ya que en 2010 fue en una oportunidad consultor de la firma Fidupetrol. Pero desde el despacho del vicefiscal se citaron nuevos interrogatorios a los no aforados: el exmagistrado Rodrigo Escobar Gil; Fernando Pretelt, hermano del magistrado y quien fuera mencionado como uno de los presuntos personajes a favorecerse del soborno y Guillermo Caballero Lozano, representante legal de Fidupetrol.

Desde temprano en la mañana, un día después de haber rendido su declaración en el Congreso, el abogado Pacheco salió del país rumbo a Panamá y su destino final era la ciudad de Santiago de Chile.

El 12 de marzo, González amplió su declaración ante la Comisión con detalles que había contado en su declaración a la Fiscalía y que omitió narrar en el Congreso.

También ese día la Fiscalía resolvió llamar a dos reclamantes de tierra para escucharles sus denuncias sobre otro hecho que enlodaría a Pretelt: el magistrado es dueño de tres predios que habrían comprado su esposa y él a precios irrisorios, luego de que las mismas tierras hubieran sido despojadas por grupos paramilitares a desplazados de la región del Urabá Antioqueño.

El togado monteriano, por otra parte, anunciaba que había pedido una licencia de dos meses para “demostrar la falsedad de las afirmaciones que se han realizado en mi contra, y para evitar un daño mayor a la institucionalidad y dedicarme a ejercer mi derecho a la defensa”.

La solicitud de la licencia tendrá que ser aprobada el próximo martes, cuando se convoque la plenaria del Senado, cámara que tiene entre sus funciones la de elegir a los magistrados de la Corte.

Pero, además, el togado advirtió en el mismo comunicado que la grabación entre Vargas y Pacheco fue hecha “de manera clandestina, adulterada, dirigida y usada de manera ilegal”.

Finalmente, el 13 de marzo, hasta donde va todo el lío, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá anunció que Pacheco y Escobar fueron citados para el próximo 24 de marzo para “recibir versión a los dos profesionales y, luego, el despacho entra a recaudar unas pruebas y a medida que se vaya desarrollando esa parte probatoria, se califica la investigación y si se abre pliego de cargos, se convoca a juicio. Si no, se archiva”.