Gobierno defiende Supereducación; estudiantes la critican
La Superintendencia pone en veremos la autonomía universitaria.
Tras ser aprobado el martes con absoluta mayoría en las plenarias del Congreso el proyecto de ley de inspección y vigilancia de la educación superior, presentado por el Ministerio de Educación, el debate se ha puesto ahora sobre la aparente pérdida de la autonomía de las universidades.
La jefa de la cartera educativa, Gina Parody, defiende la iniciativa “en la que realmente le dan al Ministerio herramientas de inspección y vigilancia que nos permiten garantizar el derecho a la educación”.
Entre sus artículos, esta ley incluye la presentación al Congreso, por parte del Ministerio, del proyecto de creación de la Superintendencia de Educación, en el término de 1 año a partir de la sanción de la ley. Esta superintendencia tendrá la facultad de tomar medidas de vigilancia especial con el objetivo de que las instituciones de educación superior solucionen, en el menor tiempo posible, dificultades y anomalías.
Mientras tanto, la cartera educativa podrá designar inspectores en las universidades para que investiguen las irregularidades, suspender temporalmente los programas académicos y ordenar a las entidades educativas que constituyan una fiducia para el manejo de sus recursos.
El Ministerio también podrá reemplazar durante un año a directivos que incumplan las órdenes impartidas, y nombrar a personas escogidas por esa cartera. También podrá amonestar, multar, separar de los cargos e inhabilitar para ejercer cargos en otras universidades.
En los debates, el Comité Nacional por la Defensa de la Autonomía Universitaria, conformado por senadores como Jorge Robledo, del Polo Democrático; la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, Mane, y organizaciones sindicales, criticaron que la medida le dará pie al Gobierno para extralimitarse en sus funciones y afectar los principios de autoregulación de la educación superior.
Para el congresista, el Gobierno toma esta decisión “desesperada” porque “las universidades privadas no están cumpliendo con la condición de ser organizaciones sin ánimo de lucro, y la mayoría están obteniendo un beneficio económico que va hacia los bolsillos de sus dueños y directivas".
A su vez, el vocero de la Mane, David Gómez, dijo en Caracol Radio que "el proyecto permite intervenciones del Ministerio más allá de lo constitucional", y precisó que "artículos como el que permite el nombramiento de rectores por parte del Ministerio, cuando la entidad considere que no cumple sus funciones a cabalidad, también ponen en riesgo la autonomía universitaria, pues se corre el riesgo de nombramientos a dedo".
Por eso, el líder estudiantil anunció movilizaciones de los universitarios en 2015.
No obstante, la ministra replicó que en la ley quedó definido que se debe respetar el principio de autonomía universitaria, y que "el Ministerio o la Superintendencia no pueden decir qué y quiénes pueden estudiar en la institución, o cómo eligen a sus rectores, ni qué cátedras se van a dictar".
Por el contrario, afirmó, la Superintendencia que se creará "ayudará a que el Gobierno deje de ser juez y parte en estos casos".
