El Heraldo
Andrés Sepúlveda, a su ingreso a la audiencia realizada el viernes pasado en Paloquemao. Johnny Hoyos
Colombia

Fiscal pide investigar a la juez que liberó a ‘Hacker’

Montealegre dice que hay testimonios contra Sepúlveda.

Bogotá. El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, le ordenó al fiscal delegado ante la Corte Suprema que investigue a la juez Teresita Barrera por el supuesto delito de prevaricato, por decretar la nulidad de lo actuado en el proceso contra el hacker Andrés Fernando Sepúlveda “sin fundamento alguno”.

La decisión del fiscal se dio a conocer tras el fallo de la juez de dejar en libertad a Sepúlveda, según ella, porque la Fiscalía no logró soportar las pruebas para fundamentar la medida de aseguramiento y lograr su detención.

Sin embargo, Montealegre sostiene que el ente acusador sí tenía las pruebas para confirmar la responsabilidad del hacker y que en los interrogatorios de Sepúlveda “hay una clara aceptación de muchos de los hechos que la Fiscalía le imputa al señor Andrés Sepúlveda”.

“De manera inexplicable la juez Barrera consideró que la aceptación de responsabilidad realizada por el señor Sepúlveda y los documentos reservados encontrados en su poder no podían ser tenidos en cuenta como fundamento de la imputación, en clara contradicción con lo establecido en el Código de Procedimiento Penal”, manifestó el fiscal Montealegre al anunciar su decisión.

Horas antes, la juez 10 de conocimiento había resuelto a favor del indiciado Andrés Fernando Sepúlveda Ardila el recurso de apelación que este había interpuesto solicitando su libertad. La juez argumentó incongruencias en los elementos materiales probatorios con base en los que se pidió la medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía.

El presunto hacker es investigado porque, al parecer, realizó interceptaciones ilegales a correos electrónicos y teléfonos celulares de algunas personas que trabajan con el tema de las negociaciones de paz en La Habana.

La funcionaria judicial dice que hubo fallas en la diligencia de imputación llevada a cabo el pasado 7 de mayo, en vista de que, según su criterio, la Fiscalía no aportó el acervo necesario que llevara a concluir que era necesaria una medida de aseguramiento en contra de Sepúlveda Ardila. “No se cumplieron los requisitos exigidos porque hubo insuficiencia probatoria”, consideró la juez.

Descalificando la actuación inicial del juzgado de control de garantías, la juez 10 de conocimiento hizo una serie de anotaciones respecto a que los elementos aportados no tenían estructura y carecían de la contundencia que obligara a ordenar la privación de la libertad.

Dijo que la imputación “quedó a medio camino”, en vista de que en la comunicación no se resuelven interrogantes básicos para ordenar la medida de aseguramiento.

La titular del juzgado décimo concluyó que su colega y el ente acusador incurrieron en una incorrecta inferencia razonable, debido a lo que se tomó una decisión incoherente y sin los requisitos exigidos.

Específicamente, la juez argumentó que el día de la audiencia de imputación la Fiscalía se encontraba recolectando elementos materiales como los equipos de cómputo y documentos incautados en el allanamiento.

De acuerdo con la investigación, Andrés Sepúlveda compró un paquete de veinte correos con sus correspondientes contraseñas de personas que hacen parte de la mesa de La Habana y una base de datos de desmovilizados de la guerrilla lograda mediante un contacto denominado Torres en el COA, adscrito al Ministerio de Defensa.

La captura del señalado hacker, de nexos con el candidato Óscar Iván Zuluaga, se produjo el pasado 6 de mayo en su oficina del norte de Bogotá (calle 93 B con carrera 17), al parecer, el centro de operaciones desde el que se venía preparando todo el montaje en contra de dirigentes políticos y de los negociadores.

Antes de la detención, Sepúlveda trabajaba como asesor informático para la campaña de Zuluaga, del movimiento uribista Centro Democrático, quien el próximo 15 de junio se enfrentará al presidente y candidato a la reelección, Juan Manuel Santos, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

El Centro Democrático reconoció que la empresa de Sepúlveda hizo trabajos publicitarios, de divulgación en redes sociales y seguridad informática para la campaña de Zuluaga, que también admitió haberse reunido en una ocasión con el hoy detenido, pero negó haber participado en actividades ilegales.

Andrés Sepúlveda sigue vinculado a la investigación, mientras se espera la acción que tome el ente acusador luego de que la juez lo dejara en libertad.

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