Demandan concepto de la Dian que exoneró de impuestos y regalías a mineras
La acción popular fue presentada por el procurador judicial.
El Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira decidió vincular a la Contraloría General de la República y el ministerio de Hacienda a la acción popular presentada por la Procuraduría contra las empresas mineras que desarrollan sus actividades en este departamento.
Con este recurso jurídico la Procuraduría pretende anular un concepto de la Dian que terminó siendo generoso con las empresas que explotan los recursos naturales de la región, pues lo exoneraría de pagar regalías e impuestos que le representan a las arcas de la Nación unos 1.274 millones de dólares, según las estimaciones hechas con el Ministerio Público.
El proceso tuvo en el inicio algunas dificultades, pues se dijo que un recurso similar —presentado por el senador Jorge Robledo— estaba haciendo transito en el Consejo de Estado.
Dentro del proceso por la acción popular impetrada por el procurador 91 judicial administrativo, Luis Eduardo Acosta, se realizó una audiencia de conciliación en la que participaron representantes legales de varias empresas mineras, que prefirieron que la demanda siguiera su curso en las instancias jurídicas correspondientes al no llegar a un acuerdo con la parte demandante.
En esa audiencia el abogado Acosta Medina sostuvo que el país está dejando de percibir 1.274 millones de dólares por los últimos cinco años y no incluyó años anteriores a los que también se aplicaron los efectos del concepto de la Dian, pues ya hay términos vencidos.
Los demandantes argumentan que la Oficina Jurídica de la Dian contrarió lo dispuesto en el artículo 116 del Estatuto Tributario, que concede esos beneficios solo a los organismos descentralizados del Estado, al descontar los impuestos de rentas de las regalías que deben pagar.
“Esa norma tenía un nombre propio y era la empresa Carbocol, cuando fue socia de la trasnacional Intercor. El problema es que la Dian tomó ese beneficio para aplicarlo a todas las empresas mineras, sin importar su naturaleza, en el sentido de que fuera pública o privada”, dijo en ese momento el procurador Delegado Acosta Medina.
