Corte Constitucional avala el Plebiscito por la Paz
Mantuvo el umbral del 13% aprobado por el Congreso.
Tras más de nueve horas de debate y dos de votación, la Corte Constitucional le dio vía libre al Plebiscito por la Paz como mecanismo de refrendación de lo acordado con las Farc en la mesa de paz de La Habana.
Los magistrados avalaron el umbral del 13 por ciento del censo electoral, advirtieron que no se podrán incorporar contenidos que promuevan partidos o candidatos en medio de la campaña por el 'Sí' o por el 'No' y que la decisión solo es vinculante para el presidente de la República, en tanto que es una decisión política la convocatoria al Plebiscito.
En medio de una deliberación a puerta cerrada, en sala plena extraordinaria convocada expresamente para este mecanismo de refrendación, y mientras en los alrededores del Palacio de Justicia llovía, los nueve togados del alto tribunal guardián de la Carta Política analizaban los seis puntos del proyecto de ley estatutaria aprobado por el Congreso en diciembre y aceptado por las Farc en mayo.
Aunque desde las 6:45 de la tarde comenzaron a filtrarse a los medios las decisiones que iba adoptando la alta corte sobre el Plebiscito, e incluso se sabía de las votaciones de siete a dos sobre el tema del umbral y de seis a tres sobre el carácter vinculante de la iniciativa, no fue sino hasta las 8:10 de la noche cuando la presidenta de la Corte, María Victoria Calle y el autor de la ponencia positiva, Luis Ernesto Vargas, llegaron a la sala de audiencias de la corporación, donde una treintena de medios nacionales y extranjeros aguardaban desde las 5 de la tarde, para disponerse a dar lectura al comunicado sobre lo decidido.
"La corporación declaró inicialmente que se respetó el procedimiento legislativo en el Plebiscito por la Paz", indicó la togada sobre los aspectos de forma del proyecto.
"Frente al contenido material del proyecto, declaró ajustado a la Constitución el título, con la condición de que se interprete que el acuerdo final es una decisión política y la refrendación a la cual alude el proyecto de ley, no implica por sí misma una incorporación de lo acordado en el articulado de la Constitución ni en el ordenamiento jurídico", precisó acto seguido Calle.
Sobre el artículo primero, referente a la naturaleza del mecanismo de consulta, es decir el Plebiscito, se declaró acorde a la Carta Magna. Y en el artículo segundo, sobre las reglas especiales de este Plebiscito "como el umbral aprobatorio del 13 por ciento del censo electoral exigido o el deber de someterlo a aprobación del Congreso, se encontraron ajustados a la Constitución, precisamente porque la Constitución no prevé un umbral para el Plebiscito y porque además resulta razonable en términos del principio democrático".
No obstante, en ese artículo segundo se condicionó el numeral cuarto, que establece reglas para las campañas al Plebiscito: "la Corte consideró que en dicha campaña no se pueden incorporar contenidos que promuevan un partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos o que se relacionen con la promoción de candidaturas a cargos de elección popular",
En el artículo tercero, sobre el carácter vinculante de la decisión popular, "la Corte decidió que solo puede tener ese carácter respecto del presidente de la República".
En este sentido, agregó la magistrada, sin ofrecer más detalles, que "la vinculación al presidente quiere decir que no vincula a los otros poderes porque no es posible, dado que lo que se va a someter a consideración del pueblo es una decisión política del presidente".
Frente al artículo cuarto, "atinente a la revisión normativa a otras leyes como las referidas a mecanismos de participación, también se encontró acorde con la Constitución".
Para el quinto artículo, relativo a la divulgación del acuerdo final de paz con las Farc, se declaró constitucional "con la condición de que se entienda que esa publicación se realizará simultáneamente con la presentación del informe del presidente al Congreso acerca de su intención de convocar a un Plebiscito, con el fin de que el Congreso y el pueblo puedan conocer oportunamente el contenido de lo acordado".
Añadió Calle que respecto de ese mismo artículo se dispuso que la publicación del acuerdo final debe hacerse de manera que llegue también a las personas en condición de discapacidad y a todas las comunidades que no se comunican en castellano.
Finalmente, el sexto, que solo preveía la entrada en vigencia de la ley, fue declarado constitucional.
Explicó además la presidenta del alto tribunal que tras esta decisión la Corte debe enviar la sentencia a los presidentes de Senado y Cámara, para que estos remitan al presidente el proyecto de ley, con el fin de que lo sancione. Una vez sancionada la ley, el presidente debe decidir si convoca al pueblo al Plebiscito para que resuelva sobre la decisión política de la implementación posterior del acuerdo final con las Farc.
Y confirmó la misma magistrada Calle que las votaciones quedaron algunas veces siete a dos, seis a tres o nueve a cero. Sobre todo, porque según la composición política de la corporación, seis togados son de pensamiento liberal (Calle, Vargas, Alejandro Linares, Gloria Stella Ortiz, Jorge Iván Palacio y Alberto Rojas Ríos) y tres conservadores (Luis Guillermo Guerrero, el barranquillero Gabriel Mendoza y el cordobés Jorge Pretelt).
Mientras la Corte se encontraba en sesión permanente desde las 10 de la mañana, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, comentaba a medios de comunicación que el Gobierno confiaba en la vía libre "a que los colombianos se puedan pronunciar a favor o en contra de los contenidos de los acuerdos de paz en La Habana".
Agregó el jefe de la cartera política, frente a las inquietudes que se han suscitado por una posible plataforma política durante la contienda entre el 'Sí' y el 'No', que "la campaña del Plebiscito por la Paz no tendrá una bandera política fija, ni tampoco un sólo líder. Acá no hay un jefe de nadie en la campaña: hay muchísimas campañas, multicolores, multiétnicas y multiculturales alrededor de la paz en Colombia".
Y sobre el liderazgo de la campaña por el 'Sí' del expresidente César Gaviria, señaló que "obviamente es una figura muy importante del país, que ha venido acompañado a la paz y al presidente Santos. Gaviria ayudará a coordinar estos sectores, pero cada sector será un agente de paz en Colombia y habrá muchas campañas distintas alrededor de la paz en Colombia".
Una vez tomada esta decisión en la corporación, el próximo miércoles 20 de julio el presidente instalará una nueva legislatura con la certidumbre del mecanismo de refrendación.
La ponencia positiva de Vargas fue presentada ante sus colegas el pasado 17 de junio, y en ella se estimaba que era adecuado que mínimo el 13 por ciento del censo electoral, es decir, unos cuatro millones de colombianos, participaran del mecanismo de refrendación.
Una vez con el aval al Plebiscito, deberá enseguida darse la sanción presidencial en Palacio para que luego se informe al Legislativo sobre la intención de convocar la votación, que no podrá cumplirse antes de un mes ni después de cuatro meses desde que Santos informe al Congreso.
También, 30 días antes de que se convoque a las urnas, proceso electoral que costaría unos 350 mil millones de pesos, el Gobierno deberá divulgar la totalidad de lo acordado con las Farc. Y según lo que se ha dicho desde el Ejecutivo, el Plebiscito por Paz sería realizado entre agosto y septiembre próximos.
Igualmente, el Consejo Nacional Electoral, CNE, deberá reglamentar algunos asuntos sobre el mecanismo y las condiciones de las campañas, las cuales además no recibirán recursos públicos. Aunque, los funcionarios podrán hacer campaña por el 'Sí' o por el 'No'.
El pasado 8 de julio se conoció que el expresidente liberal César Gaviria lideraría la campaña por el "Sí", luego de aceptar tal dignidad en una reunión privada con el presidente Juan Manuel Santos.
Se supo además que la propuesta de que fuera Gaviria el encargado de conseguir la mayor cantidad de votos a favor de lo pactado en el proceso de paz paz fue barajada durante el acto de conmemoración de los 25 años de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución de 1991 -mientras Gaviria era presidente-, que se cumplió el 4 de julio.
De hecho, durante ese evento, Santos hizo un llamado a la Corte Constitucional en torno a la discusión sobre el mecanismo de refrendación: sin "sugerir el sentido en que deben tomar las importantes decisiones", manifestó a los togados que "el voto de confianza realizado por la mesa de negociaciones de La Habana es un signo de apreciación de su valor institucional, que engalana y estimula a la Corte", y celebró: "qué bueno saber que estamos otra vez en la historia de Colombia en manos de las sabias decisiones que ustedes han tomado y habrán de tomar".
Se refería el primer mandatario al anuncio que se dio el 23 de junio sobre el acuerdo en La Habana frente al fin del conflicto, en que ambas partes aceptaron acoger la decisión que profiera la Corte y "el mecanismo de participación popular que ese alto tribunal indique".
De otro lado, el 26 de mayo, durante la audiencia que se cumplió en la Corte dentro del estudio del Plebiscito, la viceprocuradora Martha Isabel Castañeda, pidió declarar inexequible este mecanismo: "reduce la participación del Congreso y su silencio se toma a favor del Plebiscito, el cambio de umbral es regresivo para las prácticas democráticas, una porción pequeña de colombianos son los que dan legitimidad, se desestima el derecho de los abstencionistas y el término de 30 días antes del Plebiscito para la publicación del Acuerdo Final es insuficiente".
El Plebiscito por la Paz pasó a revisión a la Corte Constitucional luego de que cumpliera su trámite en el Congreso, de donde salió el 15 de diciembre de 2015, cuando ambas cámaras aprobaron la conciliación, no obstante a las fuertes críticas que recibió de la oposición del Centro Democrático.
Entonces, por ejemplo, el senador barranquillero del uribismo, Jaime Amín, calificó como "tramposo" el Plebiscito, al tiempo que reclamó a los ponentes del proyecto el hecho de no haber invitado a la conciliación a algún miembro del Centro Democrático, mientras que su copartidario, Ernesto Macías, advertía que "el Gobierno tiene miedo de que los colombianos no aprueben los acuerdos de La Habana", por la negativa de las mayorías oficialistas del Congreso respecto a la propuesta de situar el umbral en el 25 por ciento y no en el 13, como quedó finalmente aprobado.
Entre tanto, el barranquillero de La U, Armando Benedetti, explicaba que el 13 por ciento no favorecía el abstencionismo sino que era un llamado para que los votantes salieran a las urnas.