Condenan a Ecopetrol por muerte de 95 toros que iban a corraleja
Tribunal Administrativo de Bolívar lo encuentra responsable por el derrame de hidrocarburos en una finca donde estaban los animales.
Un escape de combustible por un tubo del poliducto Baranoa-Cartagena le saldrá caro a la poderosa empresa estatal de petróleo, Ecopetrol.
Tras un largo proceso en los estrados judiciales, la compañía fue conminada a pagar $209 millones por la muerte por intoxicación, en el 2005, de noventa y cinco toros de lidia para corralejas, perteneciente a la finca La Esperanza, en el municipio de Turbaco, a veinte minutos de Cartagena.
El proceso en los tribunales contra la petrolera se inició en el 2011, cuando Gustavo Lozano Hoyos y otros iniciaron las acciones para recuperar sus animales que murieron a causa, según su demanda, por la contaminación que generó en una cuerpo de agua y en el pasto, el escape de hidrocarburos de una red de conducción que pertenece a Ecopetrol y que pasa por predios de su finca.
El fallo en segunda instancia a favor del hacendado fue proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar y obliga a la empresa petrolera a pagar dos millones doscientos mil pesos por cada toro muerto.
Un comunicado de Ecopetrol entregado a este diario reconoce que se produjo una decisión judicial de segunda instancia en su contra, en agosto pasado, pero que la empresa “promoverá las acciones necesarias para revisar la legalidad de los fallos y la valoración real de los hechos y de las pruebas”.
El asunto es que la petrolera se sostiene en su tesis de que “terceros colocaron una válvula ilícita en la tubería, lo que provocó el derrame de hidrocarburos”.
Para Ecopetrol se debe responder por la muerte de noventa y cinco toros únicamente, aunque se tiene el reporte de la intoxicación de un burro, un caballo y dos cerdos.
Los demandantes pretendían que Ecopetrol les pagara más de $2.000 millones por concepto de “daños morales y materiales causados a las víctimas”. El argumento es que entre junio y julio de hace nueve años pusieron a pastar y beber agua, en la finca La Esperanza, a ciento treinta y seis toros de lidia para fiestas en corralejas.
Sin embargo, dicen los demandantes, en noviembre de ese año y sin ninguna explicación, comenzaron a morirse los toros, que aseguraron “estaban vacunados por funcionarios del ICA y se encontraban en perfecto estado de salud, con el cuidado que esto implica, dada la actividad que se desarrolla con los toros de lidia”.
Entonces se iniciaron inspecciones por parte de la Policía y de la Unidad Municipal Agropecuaria de Turbaco y descubrieron que había pasto quemado y una sustancia viscosa en los alrededores.
Primero se murieron cuarenta y cinco toros y después cincuenta más. Varios fueron trasladados a otras fincas de departamentos vecinos para tratar de salvarlos. Los afectados aseguraron que no pudieron cumplir contratos para corridas en corralejas, en varios pueblos de la costa Caribe.
La definición de la demanda demoró cuatro años de estudios y comprobaciones técnicas. Los especialistas de Ecopetrol en varias ocasiones revisaron el área donde se produjo el derrame del combustible.
Las tesis analizadas son encontradas. Unas hablan de la supuesta falta de mantenimiento de la red de transporte de combustible, por lo que se habría producido el derrame.
Sin embargo, Ecopetrol asegura que el tubo fue manipulado por personas inescrupulosas para robar hidrocarburos y que, al colocarle una válvula sin las especificaciones técnicas exigidas para estos casos, ocurrió el escape.
La sentencia de primera instancia que ratificó el Tribunal encontró responsable al Estado porque se evidencia que hace una “actividad peligrosa, como lo es la conducción de hidrocarburos” y que por tal razón el daño que produzca esta debe ser indemnizado.
