El Heraldo
La exregistradora de Instrumentos Públicos de Cartagena, Emilia Fadul, asegurada a mediados de 2012. Archivo
Colombia

Caso Corelca: un condenado, 5 imputados y 16 vinculados

Primeras decisiones por el crimen que habrían cometido en 1998 exfuncionarios para apoderarse de un lote que pertenecía a momposinos.

El pasado 15 de julio se volvió a mover el caso Corelca, con la condena impartida por el Tribunal Superior de Cartagena en contra del juez 1 promiscuo de Mompox, Bolívar, Orlando Luis Puello Ortega. Es la primera condena contra los 16 exfuncionarios y particulares vinculados en el escándalo, de los cuales a cinco ya se les han imputado cargos.

Entre estos cinco a quienes ya se les comunicaron sus delitos, en una audiencia cumplida en la capital a mediados de 2012, se encuentran altos funcionarios de la fe pública: la exregistradora de Instrumentos Públicos de Cartagena, Emilia Fadul; el exgerente de Corelca, Julio Mendoza; el notario 12 de Barranquilla, Álvaro Ariza, el abogado Argemiro Lafont y el particular Luis Ballestas.

También aparecen vinculados al proceso Rubén Ariza, notario 12 (e) de Barranquilla; Rolando Millán, asistente de la Fiscalía 48 seccional de Cartagena; Emiro Herrera, investigador del CTI en Riohacha; Luis Barragán, gerente general de Conequipos; el particular Nelson Hurtado; Arnulfo Medina, director ejecutivo de las Veedurías Ciudadanas de Cartagena y Libia De la Hoz, abogada de Mompox.

La luz oscura. La llegada de la luz eléctrica entre 1998 y 1999 a algunos sectores rurales de Mompox lo que trajo fue oscuridad.

La Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, Corelca, puso sus redes de alta tensión pero en el proceso 63 familias resultaron afectadas y ganaron una demanda en 2007 contra la empresa, que debió pagarles 14 mil millones de pesos.

Un juez embargó cuentas y el terreno en cuestión, situado en Mamonal, Cartagena -avaluado en unos 50 mil millones de pesos-, que, no obstante, trataron de apropiárselo, al parecer, los procesados en este caso con distintas artimañas jurídicas.

Luego de que la gerencia de Corelca les traspasara el lote a las familias afectadas, comenzó la 'piñata' de anomalías: 12 de las hectáreas del lote de 34 eran reserva forestal, la electrificadora no saneó los impuestos, la dación de pago se tramitó irregularmente a nombre de dos particulares, la deuda pasó a favor de los dos apoderados y no de los demandantes, el juez dio por terminados los procesos, desenglobaron el predio y hasta lo vendieron.

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