Capturan a dos jueces por fraude de Corelca

Dos jueces, dos empresarios y dos funcionarias judiciales fueron capturados ayer en la capital por haber presuntamente amañado una acción de tutela que permitió a particulares apropiarse irregularmente de un lote en Cartagena con el que Corelca debía reparar a 63 familias campesinas de Mompox.

El operativo, realizado por la Dijín de la Policía y la Fiscalía 13 delegada ante el Tribunal de Bogotá, adscrita al grupo de fiscales destacados para el eje temático de corrupción en la administración de justicia, permitió poner en manos de las autoridades a los jueces civiles de Bogotá, Pablo Correa y Luis Bolaño; a los directivos de la empresa Conequipos (de obras de infraestructura), Honorato Galvis y Jorge Dávila y a las empleadas judiciales Yolima García y Diana Santos.

A la hora de cierre de la presente edición, se cumplían a puerta cerrada las audiencias de legalización de allanamiento y captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra estas personas, sindicadas por la Fiscalía de los delitos de prevaricato por acción agravado, cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer y falsedad ideológica en documento público.

Según fuentes del ente acusador, Galvis y Dávila, accionantes de la tutela, contactaron a García y Santos, funcionarias de la Oficina de Repartos del Centro de Servicios Administrativos de la Rama Judicial y a los Jueces Civiles, presuntamente para conseguir un fallo a favor y lograr la inscripción del predio, avaluado en 50 mil millones de pesos, a nombre de la empresa particular.

El arquitecto y socio de la empresa favorecida con el fallo, así como el gerente administrativo, presentaron el recurso de amparo el 16 de diciembre de 2011, que fue aparentemente direccionado por las dos funcionarias: Santos manejaba el sistema informático judicial y García se encargaba del reparto a los despachos.

Así llegó la acción de tutela de manera supuestamente irregular al Juzgado 29 Civil Municipal, en cabeza de Correa, para que, de acuerdo al comunicado de la Dijín “se favoreciera la apropiación del terreno”.

Este juez profirió fallo en primera instancia el 25 de enero de 2012, y luego, el Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogotá, en cabeza de Bolaño, profirió fallo en segunda instancia en el mismo sentido. Según el organismo de control penal, cada juez, presuntamente, recibió 40 millones de pesos por los fallos.

Por el denominado caso Corelca el pasado 15 de julio fue condenado por el Tribunal Superior de Cartagena el juez 1 promiscuo de Mompox, Bolívar, Orlando Luis Puello Ortega; fueron imputados de cargos a mediados de 2012, la exregistradora de Instrumentos Públicos de Cartagena, Emilia Fadul; el exgerente de Corelca, Julio Mendoza; el notario 12 de Barranquilla, Álvaro Ariza, el abogado Argemiro Lafont y el particular Luis Ballestas.

Así mismo, aparecen vinculados al proceso Rubén Ariza, notario 12 (e) de Barranquilla; Rolando Millán, asistente de la Fiscalía 48 seccional de Cartagena; Emiro Herrera, investigador del CTI en Riohacha; Luis Barragán, gerente general de Conequipos; el particular Nelson Hurtado; Arnulfo Medina, director ejecutivo de las Veedurías Ciudadanas de Cartagena y Libia De la Hoz, abogada de Mompox.

El caso se remonta al año de 1998, cuando la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, Corelca, puso sus redes de alta tensión en una zona rural de Mompox pero en el proceso 63 familias resultaron afectadas y ganaron una demanda en 2007 contra la empresa, que debió pagarles 14 mil millones de pesos.

Un juez embargó las cuentas y un terreno de la empresa en Mamonal, Cartagena, pero luego de que la gerencia de Corelca les traspasara el lote a las familias afectadas, la dación de pago se tramitó irregularmente a nombre de dos particulares, la deuda pasó a favor de los dos apoderados y no de los demandantes, el juez dio por terminados los procesos, desenglobaron el predio y, finalmente, lo vendieron.

Cuando Conequipos compró el lote y los derechos litigiosos, les fueron pagados 4 millones de pesos a cada víctima, cuando la demanda era por 1.000 millones de pesos a cada una.

Tras haber adquirido el lote, el gerente de la empresa instauró la tutela en cuestión en contra de la Superintendencia de Notariado y Registro y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena, por considerar que dichas entidades le vulneraron el derecho fundamental al debido y acceso a la administración de justicia, al no efectuarse el registro en el folio de matrícula a su nombre por ser comprador de buena fe.

El juez de primera instancia capturado, entonces, falló a favor considerando que “no les fueron notificadas debidamente las actuaciones administrativas” y ordenó realizar la inscripción. Decisión ratificada, por idénticos argumentos, en segunda instancia.