El Heraldo
La magistrada del Tribunal de Justicia y Paz lee la sentencia ante abogados de las víctimas. Mancuso escuchó por teleconferencia desde la cárcel donde está recluido en EEUU.
Colombia

“AUC fueron engendradas por la fuerza pública”: Mancuso

Por declaraciones que implican al gobierno Uribe, compulsarán copias para investigar a varios exfuncionarios.

Una pena de 480 meses de prisión, multa de 50 mil salarios mínimos e inhabilidad de 240 meses para ocupar cargos públicos ordenó una juez de conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz en contra de Salvatore Mancuso, extraditado a Estados Unidos, y otros jefes del bloque Catatumbo de las AUC.

Sin embargo, la sentencia  tiene un carácter simbólico en vista de que el exjefe paramilitar y los demás postulados, al haberse acogido a los beneficios de la jurisdicción transicional, solo pagarán ocho años de prisión.

De todas maneras, y como ha sucedido con otros desmovilizados del grupo paramilitar, las exenciones podrían perderse si se comprueba que siguen delinquiendo desde las cárceles, que reinciden al quedar libres o que no cumplen con los compromisos de resocialización y contribución a la paz.

En tal caso, de inmediato  quedarán a disposición de la justicia ordinaria a fin de que les impongan las penas decretadas en esta sentencia, la primera proferida contra Mancuso en Colombia.

Los delitos. Masacres, desapariciones forzadas, actos de terrorismo, homicidio en persona protegida, homicidio en calidad de tentativa y tortura, son algunos de los punibles por los que la justicia halló responsables a Mancuso y a Jorge Iván Laverde Zapata, José Bernardo Lozada Artuz, Isaías Montes Hernández, Juan Ramón de las Aguas Ospino, Jimmy Viloria Velázquez y Lenin Giovanny Palma Bermúdez.

En su providencia, la magistrada determinó varias “compulsas de copias”; entre ellas, las remitidas a la Comisión de Acusaciones para que investigue al exfiscal Luis Camilo Osorio por su gestión entre el 2001 y el 2005 y la conducta de Ana María Flórez, quien se desempeñó como jefe de Fiscalías seccional Cúcuta.

Igualmente, la juez pidió a la Fiscalía que investigue a funcionarios del antiguo DAS y a empleados estatales nombrados por los paramilitares en sus versiones libres, así como a funcionarios de la empresa Termotasajero.

El apoyo de las FFMM. En la calificación de los hechos, la magistrada estableció que  los grupos paramilitares recibieron el apoyo de la Fuerza Pública, de comerciantes, de gremios como Fedegán y algunas empresas.

Por esta misma razón, en el fallo se exhorta a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional para que se investiguen los comportamientos y las hojas de vida de varios miembros comprometidos por haber apoyado el accionar criminal de las AUC.

En efecto, en la parte motiva de la sentencia la juez  leyó algunas de las confesiones hechas por los exparamilitares. En esas revelaciones se da cuenta de cómo, en mayo de 1999, se crearon las autodefensas en Norte de Santander   con la anuencia varios comandantes y mandos medios del Ejército y la Policía.

Según Mancuso, la Fuerza Pública “engendró a las AUC “y fueron los militares de quienes recibió entrenamiento. “Fui adoctrinado por el Ejército y la Policía”, delató el confeso criminal monteriano.

“Usted está montado en el lomo del tigre, si se baja, el tigre se lo come”es una de las frase que cita Mancuso en sus declaraciones y con la cual efectivos castrenses lo conminaron a que combatiera y comandara la confrontación armada ilegal.

También se conoció de las órdenes contrapuestas de Mancuso y de Carlos Castaño respecto a los muertos causados en las múltiples masacres. Mientras el primero era amigo de enterrarlos en fosas comunes, Castaño promovió la construcción de hornos crematorios para “desaparecer cualquier evidencia”.

Víctimas Apelarán. Al fallo, contra el que se presentarán recursos el próximo 18 de noviembre, el abogado de víctimas Arturo Mojica lo calificó como un saludo a la bandera, sobre todo en lo concerniente a la reparación de los afectados.

Explicó el jurista que a pesar de que la ley faculta a los jueces de Justicia y Paz para tasar los daños y perjuicios, a las víctimas se les remitirá, como ya ha ocurrido con otras sentencias, a la Unidad de Reparación (Uariv) donde, de acuerdo con unas tablas, el tope máximo para indemnizarlas es de cuarenta salarios mínimos. De hecho, contra la Uariv cursa una demanda interpuesta por las víctimas que también en Norte de Santander dejaron las masacres cometidas por alias el Iguano.

Reunión Mancuso-Uribe
En las citas textuales leídas por la juez con base en los testimonios de Mancuso, se mencionó la reunión con Álvaro Uribe en su finca El Ubérrimo donde se expuso la intención de paz de las AUC y la idea de que estas fueran reconocidas como grupo político. Según el postulado, Uribe, que aspiraba a su primer periodo presidencial, aunque consideró osada la propuesta, acordó incluirla en el punto 41 de su Manifiesto Democrático. En esa época, las AUC también definieron que Eleonora Pineda y Miguel de la Espriella serían sus representantes en el Congreso.

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