El Heraldo
El Gobierno asumiría la terminación de las obras.
Colombia

ANI decreta caducidad de contrato de doble calzada Bogotá-Girardot

La Concesión habría pagado en anticipos $8.924 millones.

Tras un fallo de la Contraloría General de la República, en el que se constató que se produjo un detrimento patrimonial al Estado por más de 8.924 millones de pesos, por concepto de pagos ‘inflados’ de unos anticipos, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, en audiencia pública decretó la caducidad del contrato de la doble calzada Bogotá-Girardot a la Concesión Autopista Bogotá-Girardot S.A.

De acuerdo a la decisión del ente de control fiscal, el empresario contratista, Carlos Collins, habría supuestamente incurrido en anomalías en la ejecución del proyecto.

Al respecto, el director de la ANI, Luis Fernando Andrade, dijo que el Gobierno podría asumir las obras directamente a través del Instituto Nacional de Vías, Invías.

Además, explicó el alto funcionario, la concesión actual finalizará en septiembre de 2015 su contrato de la doble calzada de 117 kilómetros.

La Contraloría, en fallo de segunda instancia en contra de funcionarios y contratistas, señaló que los responsables de mayores valores pagados en la ejecución del contrato y omisión de los principios de la función administrativa, fueron: el exgerente del Instituto Nacional de Concesiones, Inco, Álvaro José Soto García y la Concesión Autopista Bogotá-Girardot S.A.; y, así mismo, el grupo interventor, conformado por Ingenieros Proyectos Consultorías IPC; Enrique Dávila Lozano, EDL, y Diseños Interventorías y Servicios, DIS.
Al declararse la caducidad, Soto García quedaría inhabilitado para ejercer cargos públicos durante cinco años y los miembros del concesionario, entre los que están Collins, no podrían contratar con el Estado durante el mismo periodo y deberán ceder los contratos que tengan.

Collins había respondido al respecto que pagaría lo correspondiente a la suma en que se estableció la responsabilidad fiscal, para lo que la gerente de la concesión, Luz Mélida Gamboa, se reuniría con el contralor general, el valduparense Edgardo Maya Villazón, para buscar un acuerdo de pago a ocho meses.

El empresario, así mismo, había anunciado el inicio de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, para revertir el fallo del ente de control fiscal.

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