Análisis: Explicaciones y posibles salidas a la más reciente crisis colombo-venezolana

Las más recientes medidas y discursos provenientes de Venezuela, defendidas con argumentos sobre la necesidad de contrarrestar acciones paramilitares colombianas y de contrabandistas, han afectado de manera dramática a muchos colombianos que residían (irregularmente) en el vecino país y han llevado a un escalamiento entre la tensión entre las dos naciones caribeñas. Aquellas medidas se refieren al cierre parcial de fronteras y a una expulsión de colombianos que bien podría calificarse de masiva y acelerada, y han generado verdaderos dramas humanos que, a largo plazo, podrían afectar a las poblaciones de ambos países y afectar seriamente sus relaciones bilaterales, si se escuchan algunas voces que claman por medidas drásticas en ambos sectores.

Por la seriedad de la situación, donde niños han sido supuestamente separados de sus familias, colombianos expulsados han tenido que abandonar sus bienes, y hay voces que claman en Colombia por retirarse como miembros de UNASUR por considerar que aquella organización internacional ha sido parcial, a la luz de declaraciones de su secretario general, Ernesto Samper (expresidente colombiano), conviene analizar qué posibles razones podrían subyacer para la toma de las recientes decisiones venezolanas (del ejecutivo con apoyo parlamentario) precisamente ad portas de elecciones parlamentarias en una zona donde las acusaciones de apoyo o tolerancia de grupos armados han provenido de ambos países (en Colombia se ha reclamado mucho tiempo la supuesta tolerancia de la presencia de guerrillas en territorio venezolano, desde donde perpetran operaciones). Examinadas estas posibles motivaciones, se analizará si puede haber violaciones actuales o potenciales del derecho internacional en este caso y si hay consecuencias que sean inadecuadas o condenables aún cuando no fuesen internacionalmente ilícitas. Finalmente, se examinará qué posibilidades de respuesta y reacción hay, a la luz de lo que se ha propuesto y hecho desde la República de Colombia.

Al indagar por las posibles motivaciones del gobierno de Maduro y el apoyo parlamentario al mismo en el contexto de esta situación, conviene señalarse desde un principio que es ineludible acudir en parte a la especulación basada en factores presentes en esta situación. Al respecto, es ineludible observar dos factores que pueden ser relevantes y pertinentes: el padecimiento de una seria crisis alimentaria y económica en Venezuela; y la proximidad de elecciones legislativas en el mismo país. A la luz de los mismos, podría pensarse que el sector afín de maduro ha aprovechado o, más exactamente provocado la reciente crisis para, por una parte, distraer sobre los problemas que asolan a Venezuela y la ineficacia del Estado para enfrentarlos; y por otra parte para intentar hacer que la población rodee a un líder y partido percibidos como mesiánicos o patriotas que actúan de forma decisiva frente a una amenaza extranjera. Esta estrategia de buscar un chivo expiatorio puede ser efectiva dadas la histórica enemistad y recelo a colombianos en algunos sectores venezolanos y la nada práctica hermandad en una región donde la hostilidad e incluso discriminación frente a nacionales de otros países del entorno subsisten, elementos estos que podrían hacer más proclives a algunos a creer en teorías conspiratorias. Dicho esto, la estrategia adoptada en este caso no haría más que respaldar el proceso político interno experimentado desde hace años en Venezuela: la polarización de una lucha entre clases que se quiere avivar, en tanto en el discurso se intenta prevenir sobre una supuesta amenaza de la derecha colombiana aliada con la venezolana, lo que parece sugerir que votar por el Partido Socialista Unido de Venezuela sería la única opción patriota y razonable para los venezolanos. En este sentido, es interesante observar que en sus discursos el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha insistido en ser un verdadero pro-colombiano.

De ser acertadas las anteriores observaciones, no se haría más que constatar una frecuente tendencia de algunos dirigentes de intentar distraer y obtener apoyos y unión mediante la creación (imaginaria o real) de un enemigo común. Este tipo de estrategias ha sido empleada, por ejemplo, en la Alemania de Bismarck; y ha sido identificada en la academia. Por ejemplo, Stanley Hoffmann, de Harvard, advirtió en su momento cómo algunos políticos intentan alcanzar objetivos mediante engaños referidos a supuestos enemigos internos y extranjeros.

Examinadas las posibles motivaciones de la administración de Nicolás Maduro, es pertinente examinar a continuación si las medidas adoptadas recientemente, que han desatado la crisis y pudieron basarse en ellas, son internacionalmente lícitas o convenientes.

Conviene comenzar examinando la deportación masiva de colombianos en aparente situación migratoria irregular, al ser la principal fuente de indignación en Colombia. La forma en que se está llevando a cabo sugiere que se trata de una verdadera expulsión masiva. Aunque mediante ella se puede intentar demostrar de forma tangible que se está haciendo algo para enfrentar la crisis desde Venezuela, es interesante el argumento esgrimido por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, de que esta expulsión terminaría favoreciendo a los contrabandistas contra los que supuestamente se intenta actuar.

Ahora bien, desde la óptica del derecho internacional, si bien medidas como la deportación y el cierre de fronteras son en principio lícitas, algo que reconoció la ministra colombiana de relaciones exteriores, María Angela Holguín al referirse a aquel cierre como una decisión soberana, no puede ignorarse que en sistemas regionales y universales de derechos humanos se ha advertido sobre los límites a las decisiones en materia migratoria. En este sentido, en una interesante opinión consultiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consideró que “en el ejercicio de su facultad de fijar políticas migratorias, es lícito que los Estados establezcan medidas atinentes al ingreso, permanencia o salida de personas migrantes para desempeñarse como trabajadores en determinado sector de producción en su Estado, siempre que ello sea acorde con las medidas de protección de los derechos humanos de toda persona”.

En consecuencia, es necesario preguntarse si las medidas implementadas por Venezuela pueden afectar derechos internacionalmente reconocidos, a lo que respondo de forma afirmativa. En este sentido, a pesar de que desde redes sociales se haya dicho en Venezuela que los derechos de los deportados están siendo y han sido respetados, las características de la misma indican que estamos frente a una deportación masiva, donde muchos colombianos huyen de forma apresurada y se ven obligados a cruzar ríos incluso con bebés. Como se ha dicho por órganos internacionales encargados de supervisar el respeto del derecho internacional de los derechos humanos, las expulsiones masivas son contrarios a sus estándares, debido a que en ellas es muy probable que se ignore la situación individual de los afectados, algo que se potencia por la prisa con que se están realizando las expulsiones (lo que, a su vez, parece motivarse por un anhelo de “demostrar resultados”, lo que es a su vez riesgoso).

En el anterior sentido, puede decirse que se corre el riesgo de no averiguar de forma diligente si alguien que puede ser objeto de deportación goza del estatuto de refugiado, caso en el que su expulsión sería contraria a la la obligación de non-refoulement o no devolución a un Estado de cuyo territorio se huyó por haber sido objeto de o haber temido estar sujeto a persecución a manos de actores estatales o no estatales (como ha señalado la ACNUR). Dada la situación de conflicto armado padecida por años en Colombia, que se intenta acabar parcialmente (grupos como el ELN no participan en él) mediante el proceso de paz y las negociaciones en Cuba, tan atacadas por algunos sectores (afines al expresidente Uribe), es probable que haya colombianos que habitasen territorio venezolano al cual llegaran tras huir de persecución en Colombia. Además de esta posibilidad, la celeridad de las medidas y su carácter masivo pueden llevar a ignorar otras circunstancias específicas no relacionadas con el derecho de los refugiados. Por ejemplo, se podrían ignorar detalles relevantes para la protección de la familia y los derechos de los niños. En este sentido, es pertinente mencionar cómo en el caso K.A.B. contra España el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunció en contra de la deportación de España de la madre de un niño sin previa verificación de las circunstancias y la unidad familiar. En todos estos casos, las expulsiones no sólo serían contrarias a los derechos humanos por ignorar sus estándares, sino que además afectan de forma dramática a muchos seres humanos, un dato que no puede ignorarse ni esconderse tras argumentos estatales.

Además de las anteriores consideraciones, hay otros derechos humanos protegidos en el derecho internacional que podrían estar siendo vulnerados: el derecho a la propiedad de muchos deportados, que han huido deprisa y sin poder llevar todas sus pertenencias (en ocasiones afectándose probablemente un mínimo vital); el derecho a la vivienda de muchos afectados derechos humanos reconocidos internacionalmente y afectados en este caso son el derecho a la propiedad de los deportados, que en ocasiones no han podido llevarse sus bienes; el derecho a la vivienda, afectado por autoridades venezolanas cuando han demolido algunas de ellas; y, de ser ciertas algunas acusaciones, la integridad personal (que tiene dimensiones físicas y psicológicas, según tribunales internacionales) de quienes han sido agredidos por las fuerzas armadas venezolanas.

En cuanto al cierre parcial de las fronteras (aunque se ha amenazado con una ampliación del mismo), es cierto que esa decisión es en principio soberana. No obstante, en este caso parece ser ineficaz frente a las supuestas razones esgrimidas como justificación del mismo; y se corre el riesgo de generar un escalamiento o deterioro considerable en las relaciones bilaterales (muchos claman en Colombia por dejar de considerar a Venezuela como Estado garante del proceso de paz), motivos por los que puede considerarse desproporcionada y contraproducente. Más aún, el comercio en la frontera, fuente de subsistencia o de abastecimiento de parte y parte de la misma, podría afectar a nacionales de ambos países; y se dice que la fuente de trabajo e ingresos de muchas familias se han visto ya perjudicadas, viéndose afectados individuos de muy pocos recursos. No puede evitar pensarse en este caso que se está tratando a los individuos afectados como meros objetos para la obtención de réditos políticos, lo cual es contrario a la idea de que su dignidad humana exige tratarlos como fines y no como medios, en términos kantianos.

Teniendo en cuenta que las medidas en cuestión violan en ocasiones el derecho internacional, y en cualquier caso exacerban los ánimos y son inadecuadas, es inevitable preguntarse qué se puede hacer para enfrentarla. Muchos en Colombia claman por medidas drásticas o de condena, mientras el gobierno ha optado por una actitud diplomática considerada pasiva por algunos. Aunque es humano buscar soluciones inmediatas y exigir ante agravios perseguidos, no puedo evitar pensar que la estrategia seguida desde la administración de Santos es la más prudente y eficaz.

En este sentido, detengámonos en algunas propuestas de ciudadanos y políticos colombianos, como la de llamar a consultas al embajador colombiano en Venezuela, que finalmente se ha concretado por orden del presidente Santos. Esta medida ciertamente manifiesta un grave desacuerdo, y es admisible desde el punto de vista del derecho internacional al no contravenir ningún deber, pudiendo considerarse como respuesta a una medida inamistosa (retorsión) o una respuesta a hechos ilícitos. A pesar de esto, a largo plazo puede ser contraproducente al acabar rompiendo (provisionalmente, se espera) canales de diálogo y observación con y en Venezuela, lo que acabaría reduciendo en ocasiones la asistencia que pueden tener los residentes en el exterior y haría más difícil el intercambio de propuestas. En este sentido, se observa que Nicolás Maduro también llamó a consultas al embajador venezolano en Colombia. La retórica desde Venezuela les impulsa a no ceder y asumir un (falso, a mi juicio) victimismo y actitud de no dejarse manejar. El retiro de UNASUR, por su parte, implicaría la pérdida de la posibilidad de participar (e intentar tener una modesta influencia en) aquel espacio multilateral, arriesgando quizás su plena conversión en un espacio unipolar o parcializado.

Por el contrario, aunque siempre lentos y sin soluciones mágicas inmediatas, los diálogos bilaterales, como el realizado por las ministras de relaciones exteriores en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias el pasado 26 de agosto, son más conducentes a proponer y obtener algunas soluciones, a rebajar las tensiones y a permitir la manifestación de desacuerdos y rechazo de forma más discreta. No puede ignorarse que, así como sucede en tantas relaciones interpersonales, las reclamaciones airadas y públicas generan como reacción obstinación o la persistencia de disputas. Claro está, la opinión pública colombiana pide que la diplomacia no implique renunciar a exigir el cese de abusos.

Al igual que, como dijo un juez y profesor mexicano, la vecindad con los Estados Unidos es compleja para México; las relaciones colombo-venezolanas son complejas, y un empobrecimiento de las mismas puede generar graves consecuencias para los dos países implicados. Por ejemplo, por su postura geopolítica, Venezuela puede afectar en gran medida la seguridad en Colombia, al negarse a cooperar frente a la presencia de grupos armados no estatales de extrema izquierda en territorio venezolano. Por su parte, el deterioro en las relaciones comerciales afectaría mucho a ambos países, pues si bien la interdependencia es una faceta del mundo globalizado actual, la misma es especialmente intensa en las relaciones entre las dos naciones suramericanas.

Todo esto hace que las relaciones bilaterales deban manejarse con sumo cuidado. Si a esto sumamos que la prioridad debe ser atender a los afectados y evitar su manipulación y el agravamiento de su situación con fines electorales (de parte y parte de la frontera), se puede inferir que resultan especialmente relevantes las medidas humanitarias y no confrontacionales. De hecho, algunas de ellas ya se han dado: la presencia del presidente Santos y sus ministros frente a los afectados, una acción similar por parte del Procurador; la asistencia de la policía colombiana a quienes cruzan la frontera retornando a Colombia; el ofrecimiento de techo y asistencia a los deportados y el ofrecimiento de vehículos para que recuperen sus bienes, son acciones que permiten enfrentar el padecimiento sufrido por muchos y atender a sus efectos.

Claro está, enfrentar las causas exigirá una mezcla de diálogo, dado el origen interno de las decisiones venezolanas, y de debate en escenarios internacionales. Sobre estos, hay algo curioso: en el gobierno de Venezuela se expresa con frecuencia un recelo frente a la OEA y sus órganos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por considerarse “pro estadounidense” y antivenezolana (argumento absolutamente falaz, en tanto recientemente ha habido pronunciamientos en contra de acciones estadounidenses); y se da preferencia por UNASUR. El dilema se debe a la desconfianza en muchos sectores colombianos frente a la última organización, considerada como favorecedora de sectores afines a la izquierda bolivariana. Esta mezcla de diálogo bilateral y en escenarios multilaterales (esta última más difícil, por los motivos expuestos y el apoyo por intereses a Venezuela que posiblemente asuman algunos Estados de la región suramericana) representaría aquella estrategia de diálogo con firmeza y sin agravación por la que optó el presidente Santos en una alocución televisada del 25 de agosto. La solicitud desde Coolombia de que se convoque a una reunión extraordinaria de cancilleres de UNASUR apuesta por acudir al escenario donde se siente más cómodo el gobierno venezolano, lo cual haría más factible que participe en el mismo, aunque por las razones descritas es dudoso, aunque no imposible, que asuma una actitud de crítica a los abusos venezonalos. La solicitud de algunos sectores colombianos, como el del partido conservador, atendida por el gobierno colombiano, de que se convoque a una reunión extraordinaria de cancilleres de la OEA, concretada en una petición a su Secretario General, puede ser factible, aunque puede esperarse que la actitud del Estado venezolano no sea precisamente de cooperación en dicho ámbito, aunque siempre podría sorprendernos el impredecible mundo de las relaciones internacionales.

Ahora bien, en un mundo globalizado no puede haber una opinión limitada al Estado y al gobierno central. Por ejemplo, líderes regionales como el alcalde de Cúcuta han dicho que acudirán a instancias como la Corte Penal Internacional (con éxito bastante improbable, por ejemplo por la actitud de la Fiscalía de la misma en el caso Comoros); y no puede ignorarse que la sociedad civil podría recurrir a denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ciertamente, es muy probable que desde la administración de Maduro se respondiese a esto mediante acusaciones de “intervenciones” e intromisiones en asuntos venezolanos. Pero esto sería más afín a una pataleta e ignoraría que hoy día los derechos humanos no son un “asunto interno” sino del interés de la humanidad (como refleja su categoría de obligaciones erga omnes en derecho internacional). Esto hace que acciones como la denuncia o el retiro venezolano de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sea tan condenable.

Un análisis de la reciente crisis también pone en evidencia visiones enfrentadas sobre el derecho y las relaciones internacionales. En este sentido, no puede ignorarse cómo en el gobierno venezolano hay una obsesión con nociones de soberanía con una interpretación tal que con frecuencia lleva a ignorar derechos y principios fundamentales previstos en el ordenamiento jurídico internacional, algo que ya advirtieron académicos como Myres McDougal en la guerra fría. Aquel análisis también debe generar consciencia sobre el hecho de que los derechos humanos no tienen una dimensión exclusivamente jurídica, pues hay afectaciones que trascienden a la misma y deben ser afrontadas con diversas estrategias y con base en la solidaridad con los afectados, como han advertido John H. Knox Amartya Sen o el profesor Andrew Clapham.

Por otra parte, no puedo evitar pensar con cuánta frecuencia se busca sacrificar al ser humano con argumentos de “orgullo nacional” o por estrategias políticas. Al respecto, es menester considerar que las recientes medidas pueden tener efectos simbólicos y generar dinámicas sociales de rechazo a los colombianos (o venezolanos) indeseables. Por ejemplo, cuando autoridades venezolanas escriben en casas si sus residentes son o no supuestamente regulares o contrabandistas, se puede generar estigmatización o fomentar la xenofobia, algo contra lo que clama la Declaración de Durban contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia. En aquella declaración se manifiesta preocupación “porque en algunos Estados las estructuras o instituciones políticas y jurídicas, algunas de ellas heredadas y que hoy persisten, no corresponden a las características multiétnicas, pluriculturales y plurilingües de la población”, se afirma que “las políticas relativas a la migración no deben basarse en el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia”, y se llama “a todos los Estados a que examinen y, de ser necesario, revisen todas las políticas de inmigración que sean incompatibles con los instrumentos internacionales de derechos humanos”.

La prohibición de la discriminación es imperativa en derecho internacional y no puede ignorarse por ningún Estado, norma o actor (la discriminación indirecta, incluso no intencionada, también es ilícita); y se exige que ella guíe las acciones de los Estados. Por ello, es menester examinar si las políticas venezolanas pueden estar generando discriminación contra colombianos. Claro está, en un régimen donde los opositores ciertamente están siendo perseguidos, no sorprenden muchas de las decisiones y mentiras actuales. Es tiempo de que los seres humanos y su dignidad ocupen un lugar central en las relaciones internacionales, como ya exige el derecho internacional.

* Nicolás Carrillo Santarelli es profesor e investigador de derecho internacional de la Universidad de la Sabana, y tiene un título de doctorado en derecho internacional y relaciones internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid.