El Heraldo
El gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes, fue suspendido por la Procuraduría. Jhonny Hoyos.
Magdalena

Procuraduría suspende por 10 meses al gobernador del Magdalena

La decisión se tomó por violar principio de transparencia en la licitación de la Vía de la Prosperidad. Gobernador apelará la decisión.

La Procuraduría General de la Nación suspendió por 10 meses al gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes, después de determinar que se violó el principio de transparencia durante la licitación de la Vía de la Prosperidad. El mandatario apelará la decisión de primera instancia.

El Ministerio Público le reprocha al mandatario departamental que en la licitación, al parecer, se violó la libertad de participación al imponer topes elevados, que se adjudicó sin contar con la totalidad de los recursos y sustentos jurídicos y que el pliego de condiciones contenía reglas para la calificación de las ofertas y otorgamiento de puntaje que no eran objetivas.

Estimó el Ministerio Público que el mandatario puso en riesgo los recursos del departamento  comprometiendo su presupuesto  por conceder una obra de carácter nacional que debía ser financiada en conjunto con la nación y para la cual no se contaba con la totalidad del presupuesto estimado (466.900 millones de pesos).

La procuradora primera delegada para la contratación pública  consideró que el funcionario actuó con desconocimiento del principio de responsabilidad adjudicando la obra el 12 de agosto del 2013.

Asimismo, el ente regulador sancionó con suspensión por cuatro meses al secretario privado de la Gobernación, Rodolfo Enrique Sosa, debido a que "ostentando la calidad de gobernador encargado ordenó la apertura del proceso de licitación para la Vía de la Prosperidad sin publicar la totalidad de los documentos que hacían parte del proceso".

También a Claudia Janeth Orjuela, asesora jurídica, consideró el ente de control que "como particular cumplió funciones públicas", por lo que le impuso una sanción de multa por 50 salarios mínimos e inhabilidad general por el término de cinco años para ejercer empleo público, función pública, prestar servicios a cargo del Estado o contratar con este.

Añadió el Ministerio Público que Orjuela elaboró, diseño y estructuró, contratada por el Gobernador para ello, el proceso de licitación para la Vía de la Prosperidad, "en el que estableció factores de calificación que afectaron la selección objetiva y que indujo a los oferentes a presentar ofertas más costosas".

Por último, el gerente de proyectos de la Gobernación, Luis José Romero Ariza, fue absuelto al considerar el ente de control disciplinario que "su participación estuvo limitada a verificar el cumplimiento de los requisitos del pliego que fue diseñado y estructurado por la asesora jurídica".

La lectura de fallo había sido suspendida desde el pasado 7 de abril, ya que el Ministerio Público le había pedido a la Corte Constitucional -que estudia una tutela contra esta licitación- que le trasladara las pruebas que había recaudado. (Leer Procuraduría aplaza fallo contra Cotes a la espera de pruebas de la Corte).

La defensa de Cotes, en cabeza del abogado Donaldo Duica, había pedido suspender el proceso disciplinario hasta tanto el máximo tribunal defensor de la Carta Política diera su veredicto frente al recurso de amparo, pero la delegada del Ministerio Público negó tal solicitud al considerar que se trataba de dos procesos independientes.

En la audiencia de la Corte Constitucional, celebrada el pasado 13 de marzo, el Ministerio Público, el Invías, Planeación Nacional y el Ministerio de Transporte pidieron fallar a favor la tutela, que se suspenda el proceso contractual y que se haga una nueva licitación. 

En su intervención, la ministra de Transporte, la cienaguera Cecilia Álvarez-Correa, contó que en medio de la licitación algunos contratistas denunciaron que el proceso no era transparente, y que a pesar de las recomendaciones que le hizo personalmente al mandatario departamental de suspender el proceso, y de las que le hizo además el presidente Juan Manuel Santos en este mismo sentido, Cotes hizo caso omiso.

El Ministerio Público inició la investigación contra el Mello Cotes luego de la polémica desatada por el giro de 66 mil millones de pesos que, supuestamente de manera irregular, hizo la Gobernación del Magdalena al contratista de la vía.

El contrato de la Vía de la Prosperidad fue suspendido en agosto del año pasado por fallo del Juzgado 34 del Circuito de Bogotá, que amparó el debido proceso invocado por el Invías, entidad que le solicitó al gobernador del Magdalena declarar desierta la licitación pública.

 

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