El Heraldo
A la reunión en Cartagena llegaron, por primera vez, los productores de gas, es decir los dueños del negocio.
Barranquilla

Una cena con ‘sushi costeño’ condujo al pacto del gas

El día clave fue el Miércoles de Ceniza en Barranquilla. Protesta de empresarios en la Andi precipitó el encuentro que resultó trascendental.

Conseguir que las tarifas del gas no subieran en la Región Caribe en un 25% durante 2015, como consecuencia de la fórmula creada por tecnócratas de la Comisión Reguladora de Energía y Gas, Creg, no fue tarea fácil.

Durante la llamada “batalla contra el alza del gas”, en la que al final la Costa logró que el aumento no sea mayor al 4% –el porcentaje acordado entre productores y distribuidores no ha sido oficializado en una Resolución de la Creg– sucedieron cosas insospechadas, como la rebelión contra el Gobierno nacional de algunos de sus más prominentes aliados, tanto políticos como económicos; en la Andi afloró un movimiento divisionista y hasta propusieron estrategias para desatar una protesta masiva en todo el Caribe.

Desde el momento en que EL HERALDO denunció –el 4 de diciembre pasado–el desproporcionado aumento que venía, comenzó un tenso proceso de negociación.

Activadas las alarmas, la dirigencia costeña —industriales, congresistas y distribuidores de gas, en reuniones por separado o conjuntas— trabajó, inicialmente, para identificar de “manera clara” los efectos negativos y hasta desoladores que el alza iba a generar en la Región. El objetivo principal era estructurar “argumentos incontrovertibles”, con cifras, para presentarlos ante el Gobierno.

De cara a la opinión pública, el debate en los medios de comunicación lo abrieron parlamentarios e industriales del Caribe contra el Ministerio de Minas y la Creg. Los primeros cuestionamientos y la defensa asumida por el Gobierno permitieron establecer que el pulso sería intenso.

El 26 de diciembre se dio un “paso importante” para intentar desmontar lo que ya calificaban como “otro trato inequitativo con la Costa”. Ese día, la ministra de Comercio Exterior, Cecilia Álvarez-Correa, como parte del Gobierno aunque con alma Caribe, metió en la discusión a los productores de gas, es decir los dueños del negocio.

En el patio tropical de la sede ministerial, en la calle de los 7 Infantes del histórico barrio cartagenero de San Diego, aparecieron el presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez Pemberthy, y la presidenta (e) de la multinacional Chevron, Marcela Cárdenas Cifuentes. Era la primera vez que las partes se sentaban a dialogar cara a cara.

Aliados disgustados

Allí el ministro de Minas, Tomás González, comenzó a dimensionar el rechazo que crecía en la Región ante la cuestionada fórmula de la Creg, que, a juicio de los críticos, había “deformado el mercado nacional del gas” al incluir en ella un elemento que disparó el aumento: el alto precio que las térmicas costeñas pagaron en 2014 por el gas que compraron a largo plazo para generar electricidad y abastecer no solo a la zona norte del país sino a toda Colombia.

La “gran preocupación” existente fue expresado en la reunión por uno de los aliados políticos más cualificados del presidente Juan Manuel Santos en la Costa, además de influyente empresario local: Fuad Char Abdala, también máximo dirigente político regional de Cambio Radical, partido del vicepresidente Germán Vargas. En defensa del Caribe, el rostro adusto del excongresista y su tono recriminatorio le dejaron ver al ministro lo que sucedía.

Otro importante santista, el presidente de Promigas, Antonio Celia, no escondió sus reclamos, pese a que el negocio de su compañía es vender gas. Tras escuchar a otros empresarios, quienes dijeron que el 25% de aumento los obligaría a “cerrar sus empresas” –caso Unibol y Quintal–; “aplazar planes de expansión” –eso le tocaba a Tecnoglass– o “elevar el precio” de sus productos –era la decisión que debía tomar Monómeros con sus agroquímicos con lo que no podría cumplir sus compromisos en el Pacto Agrario que el Gobierno firmó con los campesinos por el paro nacional– las partes conformaron una comisión para buscar otra fórmula porque, en otras palabras, la industria costeña perdería competitividad y los usuarios residenciales verían afectada su economía familiar.

El 5 de febrero empresarios se reunieron en Cartagena con el Minminas. Ecopetrol fue intransigente.

¿Quién carga la culpa?

Esa misma tarde comenzaron a trabajar. En un ambiente tenso aunque respetuoso, el Gobierno, a través del ministro González, insistió en que los contratos firmados entre los productores y los distribuidores –Gases del Caribe y Surtigas–no podían modificarse porque se corrían riesgos jurídicos y financieros por posibles demandas de los primeros.

En medio de la discusión, César Lorduy, representante de los empresarios, le dijo a González: “Ministro, no sé si usted quiere, entonces, ser el responsable del cierre de un número importante de empresas, del despido de centenares de trabajadores y de la pérdida de empleos de calidad” y remató afirmando que “así de grave es lo que se viene con este aumento”.

Tras más de 6 horas de propuestas y contrapropuestas, decidieron anunciar que el alza se congelaría por 90 días mientras avanzaban en la búsqueda de una solución o de otra fórmula para el gas.

Presión con pocos avances

Con motivo de las festividades de fin de año y año nuevo, el tema quedó congelado y en la segunda quincena de enero fue reactivado. El 29 de ese mes fue citada una reunión en el Senado con la bancada de congresistas costeños, que no tuvo mucha convocatoria.

Al ratificar el rechazo al aumento, entre los asistentes surgieron varias propuestas. Una de ellas, recibida con timidez, fue la de no tramitar el Plan de Desarrollo 2015-2018 presentado por el Gobierno.

El 5 de febrero en Cartagena, durante el encuentro Colombia Genera auspiciado por la Andi, empresarios de Barranquilla y Cartagena se reunieron con el Minminas, a eso de las 7 a.m.

Este les dijo que lo “dejaran trabajar”, que estaba “cumpliendo con lo planeado” y que seguiría reuniéndose con  los actores en controversia. Pero, insistió en que los contratos firmado “debía respetarlos el Gobierno”, así como “garantizar la seguridad jurídica” de los mismos. Y les dijo a los empresarios que “no tenía elementos” para obligar a los productores a cambiar los contratos, aunque comentó que seguía “ayudando” para lograr una solución.

Surtigas le planteó que no trabajaran un solo indicador para la fórmula, sino que la estudiaran por segmento de mercado –residencial, industrial, etc.– Y los empresarios cartageneros protestaron porque a ellos ya les estaban cobrando 14% de aumento.

Frenar el aumento del gas fue un reto para la Costa. Los sectores productivo y político unieron esfuerzos.

Sin embargo, la respuesta de Ecopetrol fue tajante: que eran una empresa y debían maximizar sus utilidades. Es más, argumentó, con cierta arrogancia, que “no veían ninguna justificación” para rehacer los contratos y sentenció: “El gas está ahí disponible, tómenlo o déjenlo”.

Semejante posición reafirmaba que todo estaba igual como al comienzo, pues lo diferente que había surgido en la puja había sido una propuesta ministerial –del 24 de diciembre– de diferir a 2 años el cobro del 25% para el sector industrial y que el aumento para los usuarios residenciales fuera del 8%.

Posteriormente hubo una nueva reunión de congresistas –a quienes los gremios le reconocen el interés por atajar el alza– en la que el presidente del Senado, José David Name, quien había recibido una “amplia capacitación” sobre el problema en cuestión, reafirmó que tal porcentaje “atentaba contra el desarrollo costeño”.

En esa labor de dar a conocer lo que iba a pasar jugó un papel importante Gases del Caribe, en especial el Subgerente comercial Manuel Vives, el hombre que manejaba al dedillo las cifras del impacto que sufriría la Región.

A congresistas costeños les reconocen que se dieron a la tarea de defender a la Región ante lo que iba a suceder.

Por ello, congresistas como Efraín Cepeda siguieron fustigando el incremento. “A La Guajira sí le piden que reparta sus regalías entre todo el país, pero el gobierno le vende el gas a Venezuela y ahora la que resulta gravemente afectada es la Costa”, dijo el parlamentario conservador en ese momento. Y Armando Benedetti, a través de Twitter, pedía que interviniera el presidente, pues a su juicio, ante el camino recorrido, era el único que podía “lograr una solución”.

Ante la falta de un acuerdo comenzó a explorarse la posibilidad de lanzar una masiva campaña de protesta en toda la Costa, llenando sus capitales y vías principales con pasacalles rechazando el alza.

El tiempo seguía corriendo y no se tenían mayores noticias de cómo iba el proceso en Bogotá. Entre tanto, Barranquilla se preparaba para el Carnaval –del 14 al 17 febrero– lo que para algunos significaba perder varios días para avanzar en un acuerdo, pero otros consideraban que era un escenario que podía aprovecharse por las visitas del presidente Santos y del vicepresidente Vargas.

 

Y así fue

A Santos le llegaron varios mensajes, entre otros de la alcaldesa Elsa Noguera y del gobernador José Antonio Segebre, quienes le expresaron la preocupación que existía pues se acercaba el fin de los 90 días del congelamiento de las tarifas y no había acuerdo ni una nueva fórmula para reducirlas.

El mismo sábado de Carnaval, el sector productivo, luego de una reunión con congresistas en la sede de la Andi Atlántico, dio a conocer a través del Comité Intergremial un pronunciamiento en el que le pedían al jefe del Estado que interviniera.

Guandul y gas

Otra parte de la tarea la hicieron el empresario Fuad Char y su hijo, el senador Arturo Char. Durante una guandulada –cocinada con leña y no con gas– que ofreció este último en su casa a Germán Vargas, luego de asistir a la Batalla de Flores, le contaron de “manera detallada” lo que significaba para la Costa el criticado aumento.

A la par, mientras Barranquilla era un solo jolgorio, dos cartas de las juntas directivas de la Andi de Barranquilla y Cartagena dirigidas al presidente nacional de este gremio, Bruce Mac Master, pidiéndole una reunión urgente generaron inquietud en este.

“¿Qué está pasando?”, le preguntó Mac Master a Lorduy, como representante de los empresarios en la mesa de negociación con el gobierno y los productores del gas.

A Lorduy le tocó darle la noticia: existía mucho malestar  entre los empresarios –tanto que algunos estaban pensando en desafiliarse– porque consideraban que la Andi a nivel nacional, contrario a lo que hacían las seccionales de Cartagena y Barranquilla, no estaba acompañando el proceso de los industriales costeños. El sentir era que Bogotá estaba “haciendo muy poco” por ellos ante el panorama que afrontaban.

César Lorduy, Bruce Mac Master y el ministro González cuando hacían el anuncio del acuerdo. Atrás, a la derecha, Alberto Vives, gerente seccional de la Andi.

La reunión del acuerdo

Mientras eso sucedía, EL HERALDO conoció de una fuente cercana al presidente Santos que este, preocupado por lo que estaba sucediendo, dio instrucciones precisas al Minminas y le dijo que buscara una solución rápida.

Entre tanto, Mac Master decidió venirse para Barranquilla el Miércoles de Ceniza, pero no solo. Vino con el presidente de Chevron en Colombia,  Javier La Rosa.

Luego de escuchar a los empresarios, el presidente nacional de la Andi, La Rosa y 5 empresarios escogidos, entre ellos el gerente de Quintal, Mariano Espitia; el presidente de Unibol, George Zaher; Lorduy y dos representantes de Cartagena, se reunieron en el restaurante El Celler.

Mientras la ciudad dormía profunda tras el guayabo carnavalero, de 8 a 11:30 p.m., se dio otro paso importante para destrabar el acuerdo.

La Rosa, quien como productor de gas tenía la idea de que todo el lío regional armado era una jugada de los distribuidores para sacar provecho en el negocio, sacó una gráficas de PowerPoint. Los papeles impresos los colocó sobre su tórax y fue pasándolos uno a uno para argumentar el aumento del 25%.

Mientras el presidente de Chevron degustaban un apetitoso plato de ‘sushi barranquillero’ –una preparación especial de la típica morcilla– los empresarios le expresaron, a su vez, lo que para ellos, la región y decenas de empleos significaba el 25%.

Ahí los empresarios plantearon un aumento del 3%. El presidente de la multinacional no se mostró en contra de esa cifra, pero aclaró que cualquier acuerdo debía conocerlo Ecopetrol. La Rosa y Mac Maser viajaron a Bogotá. Ese jueves Ecopetrol y Chevron se reunieron con los distribuidores (Promigas, Gases del Caribe y Surtigas) que defendieron que los usuarios –residenciales e industriales– no fueran afectados. Durante todo el día negociaron y lograron un acuerdo del 4%.

La noticia no fue revelada a la espera de que el ministro González pudiera venir a Barranquilla. Pero el lunes pasado se conoció que el Frente unido contra el aumento del gas estaba organizando para el 3 de marzo una gran protesta.

La noticia llegó a oídos del Gobierno nacional y decidieron que el Minminas viniera a Barranquilla el martes a dar la noticia. Pasadas las 5 p.m. de ese día, la Región fue informada de que el pulso había terminado y que el 25% de aumento en el gas había quedado en 4%. Así desapareció esta amenaza para la competitividad de la industria y la economía familiar costeña.

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