San Andrés a dos años del fallo

El mar lo domina todo. Es la historia, la casa y la empresa. Dos años después de la lectura del fallo de la Corte Internacional de La Haya que los despojó de más de 75.000 kilómetros cuadrados en el Caribe, en los habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina aún está la herida abierta. Late en sus opiniones de diversas tonalidades, como el ‘océano de siete colores’, pero con una sola bandera común: la indignación.

La queja es una polifonía en San Andrés. Todos los que viven de la pesca quieren alzar la voz. Jaime Mclean es uno de ellos. Es un tipo popular, el año pasado fue declarado campeón absoluto de dominó en la isla, algo así casi como ganar un campeonato de sumo en Japón. 

Hace 14 años Mclean trabaja en atención a los clientes en el restaurante El Pescador  (The Fisherman Place), uno de los sitios tradicionales de la isla y que funciona a un costado del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla.

El pargo, el bonito y la saltona, más que tipos de pescado son las palabras que más ha repetido en su vida, dice. Pero en los últimos dos años – aclara- han pasado al desuso. Todo desde ese día hace dos años, cuya conmemoración trajo el martes, de nuevo, al presidente Juan Manuel Santos. Acompañado de varios de sus principales colaboradores, el mandatario de los colombianos presentó un balance de lo que se ha denominado el Plan San Andrés.

Según él, “las inversiones más significativas se han desarrollado en las áreas de transporte, vivienda, agua y saneamiento básico; turismo, agricultura y pesca; educación cultura, atención a primera infancia y jóvenes; deporte y recreación; TICs, energía, salud, asuntos de población y territorio, defensa, empleo y formación para el trabajo, y acceso al crédito”.

Una lista tan grande como la incredulidad manifestada por muchos isleños. El informe de la Presidencia dice que entre 2011 y 2014 han invertido aproximadamente 625.000 millones de pesos. Santos señala que la suma definitiva será de 1,3 billones de pesos. 

“Él (Juan Manuel Santos) está bien, feliz, pero nosotros no”, dice Lucas González. Habla en un español no muy claro. Tiene el cuello fibroso y rígido como una tortuga marina, pero oscuro. Lanza palabras como pequeños anzuelos cargados de resentimiento en un idioma que no es el suyo ni el de sus padres. Es nativo, raizal. En inglés expresa la rabia mejor. Dice que le tiene sin cuidado el presidente Juan Manuel Santos y sus discursos en la isla.

Mientras habla, la mirada parece perdida y la lengua se le atasca. El caparazón de fuerte ‘animal de mar’ hace aguas en sus ojos cuando cuenta su experiencia personal con el fallo de La Haya.

A las pocas horas de que la Corte retiró la soberanía colombiana sobre los 75.000 kilómetros cuadrados – dice Lucas-, hombres a bordo de un barco pesquero nicaragüense lo encañonaron y le quitaron su lancha. (La nueva frontera con Nicaragua)

Tenía ocho años con la embarcación. “Nunca nadie me ha llamado a preguntarme. Eso se quedó allá. Matrícula 0990, de 28 pies y un motor 75 de dos tiempos. Las dos cosas suman 32 millones de pesos”, recita. También está indignado, es otro más.

Otro de los que llega a El Pescador de Mclean, que es más que un restaurante. Allí 62 asociados descargan cada mañana y cada tarde el resultado de sus faenas. “En esa zona, la que especificó el fallo, es donde consiguen ese tipo de pescado. Cada embarcación traía en promedio 800 libras. La venta ha bajado en un 30%”, explica.

Él cree, como muchos más en el archipiélago, que el temor es una pieza clave en el rompecabezas de la actual crisis de la pesca. “Ya no salen tan lejos, les da miedo”, enfatiza, como asegurando el juego de su próxima ficha. 

Aunque todos no pueden ir por el alcance de sus lanchas, hasta la zona norte del meridiano 82, donde están los bancos grandes de pescado, langosta y caracol pala, muchos de los que tienen motores adecuados para el viaje prefieren evitar cualquier incidente con “los nicaragüenses”.
“No hay que temer”. El almirante Luis Espejo Segura es el comandante del Comando Específico de San Andrés, el componente de la Armada Nacional encargado de garantizar la soberanía nacional en la zona. Según el oficial en estos momentos se mantiene la jurisdicción del Departamento sobre 205.000 kilómetros cuadrados.

“No hay ningún tratado que cambie la frontera. Nos ceñimos al artículo 101 de la Constitución Nacional y así lo dictaminó el año pasado la Corte Constitucional”, señala Espejo frente al temor de los pescadores. Es decir, para el almirante  no hay nada que pueda impedir legalmente el tránsito de los colombianos por esos 75.000 kilómetros que según la Corte Internacional pasaron a manos de Nicaragua.

“El parte es de tranquilidad, no hay ningún evento que sea calificado como incidente en los últimos dos años. Solo un día enviaron mensajes de  radio a los capitanes en los que les pedían no faenar en la zona, pero tomamos las acciones del caso”, reitera Espejo, pero su mensaje de confianza no se ve reflejado ni en la actitud ni en las palabras de los pescadores, sobre todo en los raizales.

Los industriales

Armando Basmagi, es el dueño de una de las dos plantas de procesamiento de pescado y mariscos más grandes de la isla, un negocio de 30 años. En sus buenos días alcanzó a exportar un contenedor de langosta al mes,  negociaba un promedio de 500 mil dólares al año.Tenía una flota de 13 barcos pesqueros asociados a su cadena productiva. Usaba 6 cuartos fríos para almacenar el producto, 150 mil libras de capacidad. Dice que la planta alcanzó atener 32 trabajadores y que quedó solo el celador. “Ya no creemos nada y ningún anuncio”. El punto principal de distribución mayorista en la isla está cerrado. El negocio lo diversificó y lo convirtió en un restaurante, está incursionando en la actividad hotelera.

Los pescadores industriales son los verdaderos afectados y no han recibido un solo peso de ayuda, según Basgami. “Lo que ha hecho el gobierno de Santos son simples medidas demagógicas incluyendo los subsidios para los pescadores”. Y ese no es un comentario solitario, varias personas en la isla creen que desde que el gobierno empezó a dar un subsidio de $1.800.000 a cada pescador muchos dejaron de trabajar y que, además, en la lista de beneficiados se colaron algunos que nunca han lanzado una red.

Una fecha fatídica

La semana pasada fue realizado, en un hotel del centro de San Andrés, un encuentro de mujeres afro descendientes caribeñas. En la instalación coincidieron dos de las principales líderes de la isla: la gobernadora, Aury Guerrero Bowie, y  Corine Duffis, del grupo raizal Amen SD -Archipielago Movement for Etnic Native Self Determination- (Movimiento Archipiélago por la Autonomía Étnica Nativa, en español).

Ambos discursos fueron leídos primero en inglés y luego en español. Más que un capricho de las mujeres es el reflejo de los dos mundos que cohabitan los 27 kilómetros cuadrados de la isla. El de las zonas comerciales con nuevos habitantes y visitantes de paso, “los paña” o continentales.  Y el de las lomas,  el corazón del territorio. Con vecinos angloparlantes de religión bautista, viejas casonas inglesas de madera y fiestas con cerveza importada.

Tanto Guerrero como Duffis manifestaron su posición sobre el litigio con Nicaragua. Cada una desde su orilla.

Duffis habla con propiedad, lo que dice tiene eco en casi 30 mil habitantes del archipiélago. Es uno de los ‘pastores’ naturales de los raizales. Para ella no hay otra denominación para el 19 de noviembre de 2012 que el de “una fecha fatídica”, nada más. “Los raizales lamentamos mucho lo que sucedió. No nos respetaron. Durante los 11 años del litigio, el gobierno nunca mencionó que había un grupo étnico con posesión sobre este territorio por más de 400 años, cosa que creo hubiese cambiado el fallo”, argumenta Duffis. Ella cree que ninguna corte podría desconocer ese argumento. Que los jueces de La Haya actuaron así porque el Estado los invisibilizó y que el Plan San Andrés es un “simple contentillo”.

“En ese plan no hay nada que favorezca a los raizales,  los verdaderos dolientes del fallo. Perdimos nuestro mar, la base de nuestro sustento y los pescadores están sin empleo”, agrega la líder de Amen SD.

Los miembros del grupo de Duffis y de los otras asociaciones raizales creen que la deuda sigue ahí, que todos hablan de billones en inversión pero nadie se ha sentado a preguntar por las verdaderas prioridades.“Todo lo planean desde los escritorios bogotanos”, dice Corine.

La gobernadora Guerrero cree que a dos años del fallo se hay avances para mostrar en temas como educación, movilidad, salud y saneamiento básico, pero reconoce que están pendientes por trabajar  con la comunidad raizal para tener su estatuto de corte autonómico y de respeto de derechos.  (Momentos álgidos del conflicto con Nicaragua)

“La pesca tanto artesanal como industrial  sí sufrió afectación, muchas embarcaciones se fueron a pescar a Nicaragua a pesar de los subsidios de combustible entregados por el gobierno, pero la meta es poder garantizarles el tránsito en el Mar Caribe”, dice Guerrero.
Frente al edificio de la Gobernación, en la avenida Newball y en el sector de San Luis, entre otros, se pueden ver un gran número de lanchas. Quienes transitan por ahí a diario dicen que cada vez son más las que no salen a faenas.

En otro sector, en Cave, ‘Big Shot’, uno de los pescadores más reconocidos de la isla, ‘limpia’ cinco bonitos que obtuvo en 4 horas de faena. Parecen pocos para un veterano como él pero en medio de las escasez es un gran golpe. Dice que las cosas cada día están peor y que el clima no ayuda.

Parece ser cierto, al punto que  los pescadores aseguran que los filetes que le están sirviendo a la gente  en los hoteles es basa importada de oriente. Más que un problema del mercado, es otra punzada en la herida del orgullo y la tradición del nativo.