“Una cosa es el me dijeron, otra vivirlo y otra contarlo” | Pueblos que quieren dejar atrás la guerra: Batata

Sobre la cancha de fútbol, conexa a la casa de Iris Sotelo Padilla, guerrilleros de las Farc y paramilitares disputaron por separado encuentros deportivos con batatatenses, desde la década de los 80 hasta comienzos de los años 2000.

En ese mismo terreno de juego, de unos 60 metros de largo con 40 de ancho, solían reunirlos para advertirles que los soplones y los ayudantes del bando contrario terminaban bajo tierra. Allí cumplieron sus amenazas y decenas de habitantes del corregimiento de Batata, Córdoba, fueron asesinados entre 1988 y 2010, previo a desplazamientos forzados por el miedo y la violencia.

Iris, campesina fornida que ha pasado toda su vida cosechando en esta tierra, afirma que era tal la angustia, que muchas veces los pobladores dormían en el monte para que los grupos armados no los encontraran. Podían pasar dos días enteros entre los matorrales, soportando hambre, mosquitos y demás incomodidades, antes que ser sometidos por un bárbaro de fusil en el hombro.

“No queríamos que amaneciera ni que oscureciera, sino que el sol diera luz para ver quién llegaba. Escondernos”, puntualiza la morena de 60 años, en la sala de su vivienda: un gran quiosco de madera con techo de paja, que alberga construcciones de tablas; además de un patio con árboles frutales.

Parque y cancha de fútbol de Batata, donde fueron asesinados habitantes por las Farc y los paramilitares.

Son las dos de la tarde. El ocaso comienza a caer en Batata en medio del sonsonete de los gallos y el estruendo de las nubes grises. Sentada en una silla de plástico, Iris observa de reojo la cancha y un breve suspiro emerge de ella. Cuatro de sus 17 nietos corren en el lugar, mientras el fogaje lo permea todo. Años atrás –recuerda– sus vecinos eran quienes corrían por las calles del pueblo y sudaban del miedo antes de ser capturados por los armados. Cuenta que llegaban a las puertas de las casas, los amarraban y llevaban hasta la plaza –hoy la cancha– para fusilarlos. Si la persona se escondía o no quería salir, era asesinada en el interior de la vivienda. Los sobrevivientes de la violencia en Batata, explica entonces Iris como si se tratara de un fenómeno divino, tuvieron “resistencia con la ayuda de Dios”. 

El corregimiento tuvo notoriedad en el pasado por haber sido una despensa agrícola de Córdoba hasta 1993, cuando se dio el primero de tres desplazamientos debido a amenazas, muertes selectivas y desapariciones de la guerrilla, entre 1993 y 2001. Hace parte del área de influencia del Parque Nacional Nudo de Paramillo, el cual ha vivido luchas territoriales entre los grupos insurgentes (Farc, ELN, ERP y EPL), las autodefensas (Accu y AUC) y bandas criminales emergentes. Este se constituye en un ansiado corredor que comunica al Urabá con el interior del país, además de ser un área propicia para la siembra de cultivos de coca, el transporte de drogas ilícitas y el tráfico de armas. Las mismas que dejaron huellas imborrables en la población batatatense –más de dos mil víctimas– obligada a renunciar a su tierra y perder seres queridos.

El pueblo

Batata es un pueblo de optimistas y abandonados. De gallos que dormitan sobre los techos, de burros que pasean lentamente por sus 4 calles y de casas desalojadas por quienes nunca volvieron. Probablemente habrá quienes sepan más de los muertos, que de las mismas personas que hoy viven. Treinta y cinco policías patrullan un pueblo sin acueducto, sin biblioteca y sin un puesto de salud. Una emergencia puede costar $150.000 debido al alquiler de una camioneta que transporte al necesitado, a través de 40 kilómetros de trocha, hasta Tierralta. Eso, si la quebrada del río Sinú no sube e incomunica a la población durante horas o días. Batata es un pueblo históricamente atropellado por la violencia, pero también vulnerado por la desidia del Estado. Por culpa de esta, bandas criminales en este momento aún ejercen control sobre el corregimiento. A los habitantes les recomiendan no caminar las calles después de 10 de la noche y toda persona que entra al pueblo, sobre todo si es forastero, es reportado.

Pese a todo esto, hoy muchos afirman vivir felices porque ya no padecen el terror de décadas anteriores. Para Ernesto Sotelo Padilla, 40 años, hijo de Iris, hoy viven como “reyes” porque no tienen “ese tormento” de la violencia. Mientras camina por el único sendero que conduce a la entrada del pueblo, dice que durante el retorno de las primeras familias a Batata, en 2008, solos los burros y los perros continuaban esperando allí. En una aldea fantasma, llena de basura y malos recuerdos.

Iris Sotelo Padilla, habitante de Batata.

“Una cosa es el me dijeron, otra vivirlo y otra contarlo. Uno queda como ‘sicosiao’, como con un tormento en la cabeza. No quisiera que me dijeran desplazado porque muchos, cuando salimos a Tierralta, fuimos tratados de guerrilleros (…) Fuimos maltratados”, evoca el campesino al bajar la pendiente. De pronto, comienza a serenar, frunce el ceño y las dos arrugas permanentes en su frente, producto de incontables preocupaciones, se convierten en tres. Ernesto confirma que los carros y las motos ya no podrán salir o entrar al pueblo debido a que el brazo del río creció y bloquea la entrada. Sin embargo, cada vez que esto pasa, parte de la cotidianidad de Batata es interrumpida y a las orillas del afluente se genera una especie de espectáculo público. El brazo de agua mide unos ocho metros de largo y los osados que lo atraviesan en balsas de madera, atadas con cabuya a un árbol, son los protagonistas del show.

El miedo

“¡Ay se cayó!”, “será miedosa la otra”, “¡se los llevó, se los llevó!”, “te vas a mojar las nalgas” son algunas de las observaciones que lanza el público, agolpado en tierra. Un niño descamisado se pasea con una jarra de jugo de naranja, vendiendo el vaso a $1.000 y un par de metros más adelante, sobre un montículo de arena, un hombre de barba desaliñada vende por el mismo precio empanadas de queso y carne en una charola. Cada aventurado paga otros $1.000 por ser transportado de una orilla a otra, mientras la gente permanece atenta y ríe por cualquier traspié que ocurra en los recorridos. Ninguno advierte de la peligrosidad de la práctica, pues lo hacen desde que tienen memoria.

Más allá del río, luego de atravesar los 40 kilómetros de trocha y boscaje. Serpentear cráteres de dos metros de ancho y divisar ranchos instalados a cada lado de la estropeada vía, Álvaro Álvarez Hernández, presidente de la Mesa de Víctimas en Córdoba, asegura que el miedo que vive una víctima del conflicto no se compara con ningún otro.

Apoyado en la puerta de su casa, en Tierralta, con los dedos de las manos entrecruzados y la mirada fija, dice que en la vereda de El Venado, donde se crió, a veces solía quedar en medio de los combates de la guerrilla y el Ejército. Que recibió amenazas directas de insurgentes, añade, porque querían convencerlo de ingresar a sus filas y él nunca aceptó. En septiembre de 1989 abandonó la finca con la ropa que vestía y con miedo. 

Álvaro Álvarez Hernández, presidente de la Mesa de Víctimas de Córdoba, sentado en el cuarto de su casa. Vive en Tierralta con su esposa e hijas.

En 1995, con el proyecto de la represa de Urrá, que de acuerdo a la Asociación de Pescadores y Campesinos de la Ciénaga Grande de Lorica y sus Humedales, afectó a unas 70.000 personas, Álvaro abandonó nuevamente con su esposa, Martina Vanegas, la casa que tenía en la vereda de Punta de Piedra. Hoy la zona está inundada cien metros bajo el agua.

En 2001, mientras vivía en Batata, su tío Manuel Francisco Hernández fue raptado por hombres armados, pertenecientes a las AUC. La esposa de este fue amarrada a un poste para que no hablara, pero también como símbolo del dominio territorial. Álvaro, cansado de tantos infortunios, se mudó a Tierralta, compró un lote y construyó la casa donde crió a sus tres hijas.

“Cuando en este país se comenzó a hablar de desplazamiento miraban a uno como un bicho raro, como si uno fuera delincuente (...) A veces me daba miedo decir que era desplazado y por eso muchos hoy todavía no han declarado su hecho victimizante”, argumenta el representante.

La paz

De repente, queda en silencio unos segundos y su mirada hace un paneo rápido a la sala de la casa. Las paredes son de ladrillos grises, el piso no está embaldosado y las cortinas hacen de puertas. Luego advierte que el proceso de reparación de víctimas ha sido muy lento. El pasado 19 de agosto la Corte presentó un informe de los avances que ha tendido la ley 1448 y de las 8 millones de víctimas que hay registradas en el país, ni quiera el 20% de estas han sido indemnizadas.

“Soy de los que le apuesto a la paz. Si bien es cierto de que con la firma del Acuerdo no se dará automáticamente en el país, hay que construirla desde nuestros territorios, pero además, desde nuestro interior. Sanar las heridas que nos dejó el conflicto, que causaron la ruptura del tejido social”, explica Álvaro, al tiempo que su mirada se pierde en recuerdos. Batata sigue ahí.

Hace cincuenta minutos que pasaron las dos de la tarde y sus ojos ahora se posan en Iris. Ella sigue en la silla de plástico y revela que la huella más grande que ha dejado la violencia en su familia fue el reclutamiento de su hermano, Luis Sotelo Padilla, por las Farc.

Ocurrió en 1988, cuando este tenía 16 años y se enamoró de una guerrillera. Dice que el entonces comandante del frente que operaba en el sector, Luis Alberto Morantes Jaimes, alias “Jacobo Arenas”, se lo llevó para combatir. La última vez que hablaron con él fue en la vereda El Limón. Aquella vez mandó a pedir el almuerzo e Iris le cocinó su plato favorito: guiso de gallina. Aún recuerda los vapores que emergían de la olla, hasta quedar el recipiente frío.

“Dijo: no me rueguen. Dígale a mi mamá que se conforme, y que el parto que tuvo conmigo lo perdió”, evoca la mujer, que no puede contener algunas lágrimas. Dice que su hermano ese día ya vestía el uniforme azul, característico de las Farc, y llevaba un fusil en el hombro. Se había transformado en lo que más temía.

Hace cuatro años la familia conoció una versión de que estaba en el Chocó, pero quedó en especulaciones. No obstante, Iris afirma que no se conforma y que tiene fe de que volverá a casa, tras la firma del Acuerdo de Paz.

Ernesto, su hijo, la escucha sentado en una hamaca. Tampoco aguanta el dolor que le provoca el recuerdo de su tío, y sus manos limpian las lágrimas de su rostro. Casi en seguida aclara que perdonaría a sus victimarios, si estos se arrepienten sinceramente. Que si tuviera al frente a su tío, le diría que cualquiera comete errores y que la libertad es muy linda. Ernesto se encoge de hombros, agarra sus manos del nervio, y comenta que le pediría jugar un partido de fútbol en la única cancha del pueblo.

Por Tierralta cruzan los meridianos y paralelos de la violencia*

El Municipio de Tierralta, se encuentra en la región del Alto Sinú (sur del Departamento de Córdoba). En su territorio se ubican aproximadamente el 90% de la población y los territorios titulados a comunidades Embera Katio. Esta región es geográficamente estratégica, porque funciona como corredor que conecta a la Costa Atlántica con el Bajo Cauca, Norte de Antioquia y Urabá llegando hasta el Choco, teniendo como eje central el Parque Nacional Nudo de Paramillo.

El control militar de este parque natural, brinda ventajas estratégicas por la amplia red de conexiones territoriales que ofrece, entre otras cosas  porque conecta zonas de cultivos y centros de producción y acopio de cocaína con rutas de movilidad y puntos de exportación. El traslado de la droga hasta estos últimos puntos se ve favorecido por la estrella fluvial que atraviesa el parque natural, junto a los ríos Sinú y San Jorge (que lo cruzan), también nacen los ríos Verde, Esmeralda, Manso, Tigre y San Pedro que transitan hasta el mar y los ríos Cauca y Magdalena. En cierta medida, esto explica las dinámicas recientes del conflicto armado en la región y la continua presencia de actores armados ilegales.

Tierralta ¿Una historia de violencia o una violencia histórica?

La violencia contemporánea en este territorio, puede ubicarse en la etapa de la violencia bipartidista, entre los años 1949 y 1957, esta violencia pronto se fusiono con viejos conflictos agrarios. En ese entonces, el control político de región era ejercido por el partido conservador a quienes los liberales acusaban de desconocer continuamente sus derechos y promover todo tipo de atropellos en su contra, provocando entre otras cosas concentración de tierras en pocas manos y el fortalecimiento de los terratenientes. Ante esta situación, varios dirigentes liberales organizaron guerrillas, que operaron entre otras regiones en el Alto San Jorge (también en el Alto Sinú y Canalete). Mariano Sandón fue el líder guerrillero de esta región, llegando a tener bajo su mando entre 100 y 140 hombres. Sandón se acogió a la amnistía ofrecida por el gobierno de Rojas Pinilla y octubre de 1953 se desmovilizo junto a 70 combatientes en la plaza de Tierralta. Debido al reconocimiento social que alcanzo, Sandón fue nombrado corregidor de Batata, lugar en el que fue asesinado en 1972.

En la década de los sesenta, algunos terratenientes promovieron desplazamientos violentos de pequeños colonos, produciendo un aumento de la ganadería extensiva y una dramática disminución de los cultivos de arroz y maíz. En los setenta, haría presencia el Ejército Popular de Liberación (EPL), que se nutriría de la una larga tradición campesina de luchas por la tierra, de la experiencia de antiguos guerrilleros liberales que se encontraban inconformes por el incumplimiento de las promesas estatales y de la poca presencia estatal.

Posteriormente en los ochenta, harían su aparición las Farc a través del frente 18 que hasta la actualidad opera en el sur de Córdoba y el Bajo Cauca, con una fuerte presencia en el parque natural Nudo de Paramillo.

En paralelo ante la continua extorsión por parte del EPL, ganaderos y hacendados se organizan en la zona de Saiza (Tierralta) los primeros grupos de autodefensas, que posteriormente se convertirían en “Los Tangueros” y luego en las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), organización con mayor control territorial en la región, hasta su desmovilización en el año 2006.

Desde el 2006 hasta la actualidad, la región es escenario de disputas entre distintos grupos criminales que luchan por el control de una región estratégica para el narcotráfico que por la débil o la total ausencia de Estado y altos niveles de necesidades básicas insatisfechas, saben bien que su actividad ilegal gozará de una cierta legitimidad social porque genera empleo y mantiene un orden social básico o primitivo que permite el cumplimiento de los contratos y la convivencia, sustentado en la fuerza o la real amenaza de su uso.

* Por Luis F. Trejos Rosero- Profesor del departamento de Ciencia Política y coordinador académico de la Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte.

Con el apoyo de la Unidad Nacional de Víctimas.