El Heraldo
La alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera.
Barranquilla

Polémica por facultades negadas a la alcaldesa de Barranquilla

Asociación de Municipios dice que facultades tienen que ser específicas o si no, es como entregar “cheque en blanco”. Desarrollo de la ciudad, en manos del concejo: Alcaldesa.

Reacciones encontradas ha originado la decisión de la comisión de presupuesto del Concejo de Barranquilla, de archivar el proyecto de Acuerdo por medio del cual le concedía facultades a la alcaldesa Elsa Noguera para ordenar gastos distritales, efectuar procesos de selección y celebrar contratos y convenios.

En opinión de Gustavo Bolaño Pastrana, director ejecutivo de la Asociación Regional de Municipios del Caribe, Aremca, cuando son aprobadas unas facultades estas deben ser específicas y sin ambigüedad, porque de lo contrario sería como entregarle un “cheque en blanco a la alcaldesa”.

Explica que los concejales ejercen el control político sobre la administración y son coadministradores, por lo que tienen una responsabilidad política, financiera, económica y social con la ciudad.

“Si por ejemplo la alcaldesa pide facultades para firmar convenios interadministrativos con entidades públicas, es aparentemente específica, pero es ambigua porque no detalla qué entidad es, ni para qué son esas facultades”, expuso, al insistir que si no hay detalles de lo que se pide, es como entregar un “cheque en blanco”.

En otras ciudades

Sostiene que por norma, las facultades funcionan bajo el mismo esquema en todas las ciudades, por lo que jurídicamente es viable que archiven u objeten un proyecto de acuerdo por motivos de inconveniencia o cualquier razón objetiva y verificable que ellos consideren .

Citó como ejemplo que en mayo del año pasado, una situación similar vivió el alcalde de Soledad, Franco Castellanos, cuando el Concejo le negó facultades para contratar. Además, en el seno del Concejo de Bogotá se discute sobre el abuso en el sistema de contratación por parte del alcalde Gustavo Petro debido a las facultades abiertas que le concedieron.

El presidente del Concejo de Medellín, Jaime Cuartas, asegura que en su ciudad la situación es distinta porque no le han negado facultades al alcalde Aníbal Gaviria. “Consideramos que este modelo facilita la gestión de la administración, el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo y los diferentes programas que se necesitan ejecutar”. Aclaró que negar facultades es una potestad del Concejo y es legal, pero reconoce que pone en aprietos a una administración, como está ocurriendo en Barranquilla.

El camino a seguir 

Para Cuartas, una vez el Concejo archivó el proyecto que buscaba otorgarle facultades a la alcaldesa, le corresponde entonces a la mandataria pedir autorización para cualquier tipo de gestión o actividad propia de la ejecución del recurso y de cualquier tema concerniente a la ejecución del plan de desarrollo. “El proceso se vuelve lento y dispendioso.

La situación es delicada porque de alguna manera, el ejecutivo se tiene que esforzar más en tramitar todos los permisos para todo tipo de asuntos internos de la administración porque tienen que pedir permiso al Concejo para cada uno de los puntos que fueron negados en las facultades. Todo tiene que ser analizado, estudiado y votado por el Concejo”, añadió. Para Cuartas, el Concejo de Barranquilla tendrá que ser muy juicioso para poder darle trámite a lo que la alcaldesa le solicite.

En manos del concejo

Sobre el mismo tema, la mandataria distrital Elsa Noguera considera que con el actual panorama, el desarrollo de la ciudad está en manos de los concejales.  “Todos saben que queremos seguir generando más inversión en la gente que más lo necesita, pero tenemos varios proyectos suspendidos”, dijo la alcaldesa.

En la lista de proyectos suspendidos está la modernización de escuelas, la construcción del Parque Bicentenario para el suroccidente, la pavimentación de las vías en Las Flores, la reconstrucción de los Centros de Atención Inmediata de la Policía o CAI.

Además, la segunda fase del programa de recuperación de parques, la segunda fase de la ampliación y reconstrucción de la carrera  54 así como la rehabilitación del arroyo La María, entre otros.

“Pensaba que tenía buenas relaciones con el Concejo  porque es mi junta directiva, y en verdad me sorprende esta decisión. Yo lo que quiero es que se pongan en orden y digan realmente qué es lo que quieren”, enfatizó.

La mandataria explicó que el proceso de contratación por el orden de los $100 mil millones queda paralizado, por lo que cada vez que requiera presentar una iniciativa ya sea para ejecutar una obra o crear un programa, tiene que presentar el respectivo proyecto de Acuerdo en forma individual y sustentarlo ante el Concejo.

Sobre el mismo tema, Beatriz Vélez, presidente del Comité Intergremial del Atlántico consideró que “Obstaculizar las inversiones que demanda Barranquilla, sin argumentos claros, es una señal equivocada que el Concejo le manda a la ciudad”.   

Carlos Jiménez, director ejecutivo de Fenalco asevera que con la decisión de los concejales se retrasa la ejecución de importantes obras para la ciudad.

El concejal Luis Zapata, que propuso que se archivara la iniciativa insistió en que los concejales no pueden ponerse en riesgo disciplinario aprobando proyectos “que no están revestidos de lo que es la Constitución y la ley”.

Agregó que el proyecto presentado no precisaba ni definía cuáles son los programas, las apropiaciones, créditos y contracréditos, es decir, todo el andamiaje de normatividad que ampara y protege el presupuesto del Distrito.

“Al archivar la propuesta ahora le toca a la administración presentar proyecto por proyecto y se volverían lentas las inversiones previstas”, dijo por su parte Rosmery Quintero, directora ejecutiva de Acopi, al señalar que la Alcaldía también debe dar la suficiente información por que no se pueden dejar palabras que no definan exactamente la autonomía de determinado proyecto.

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