Los afectados que deja el negocio de la fundición de plomo

Brayan Rafael Miranda, de 12 años, murió el 19 de diciembre de 2012 en el Hospital ESE Cari, de Barranquilla. Su madre, María Elena Suárez, dice que el plomo lo mató. Que después de seis años de inhalar durante día y noche el humo que la salía por la chimenea de la fundidora Reciclal, a menos de 10 metros de su casa, en la vereda La Bonga, el metal “entró en su cuerpo y lo intoxicó”.

Para probar que su hipótesis no era una simple “corazonada de madre” solicitó a través de un derecho de petición el historial médico de su hijo en el Hospital Local de Malambo, donde fue atendido tres días antes de fallecer, porque allí “le habían hecho una prueba de plomo en la sangre”. No recibió respuesta sino hasta el 29 de julio de 2013, siete meses después.

Una carta firmada por el entonces gerente del centro asistencial, Iván Estrada Hernández, despertó la intriga del ama de casa de 35 años. El documento señala que “efectivamente” el paciente fue atendido allí, que la factura a su nombre aparece con el registro número F983626, con el subsidio de la EPS-S Barrios Unidos, pero que en sus archivos “no reposa su historia clínica”.

“Duraron tanto tiempo para decirme que no tenían nada, eso está muy raro. Cómo un hospital serio no tiene la historia clínica de sus pacientes. Sé que están escondiendo algo. No quieren reconocer que mi hijo murió intoxicado por el plomo. En el Cari me dijeron que un familiar ya había reclamado la historia y que por eso no podían dármela. Es mentira. A ninguno de mi familia se la entregaron. Seguramente el que la cogió fue un socio de esa mujer”, relata Suárez.

La mujer de la que habla es Adriana Ortiz Sáenz, la representante legal de Reciclal, la misma en contra de la que la CRA impuso una medida preventiva de suspensión de actividades, inició una investigación y formuló cargos en septiembre de 2009, con el fin de evitar que ocurrieran daños ambientales, mediante la Resolución número 000563.

La relación entre la familia Suárez y la empresa de Ortiz comenzó el 9 de enero de 2007, cuando Julio Rafael Miranda, esposo de María Elena y padre de Brayan, le arrendó a la representante de Reciclal una parte del terreno que les pertenece, a cambio del pago de $200.000 pesos mensuales.

“Nos dijeron que iban a fundir aluminio, no plomo. Nos dimos cuenta de que era otra cosa por el olor, a los ocho días de que ella y sus socios montaran la empresa. El terreno es nuestro. Hace cinco meses que no nos pagan el arriendo (que ahora es de $500.000).Queremos que desalojen, no hemos podido sacarlos. Nos han amenazado”, explica Miranda.

Él dice que el contrato era solo por un año, pero que ahora Ortiz apareció con uno que reza que tiene opción de compra, lo cual “nunca” aprobó. Asegura que les pidieron una suma superior a los $60.000.000 como indemnización a cambio de desalojar el predio.

Un informe técnico de la CRA indica que la chimenea metálica no cumple con los requisitos establecidos por la ley, y que no facilita la dispersión del humo, por lo que puede “afectar a las personas, la fauna y la flora”.

Licencia ambiental

En el ‘Concepto Técnico número 000592’ de la CRA figuran cinco antecedentes de Reciclal. El primero, es la solicitud hecha por Adriana Ortiz el 23 de mayo de 2007 para que le otorgaran la licencia ambiental para la “recuperación de metales no ferrosos a partir de residuos peligrosos”. Los metales ferrosos son aquellos en cuya composición no hay hierro, los siete más importantes son el plomo, estaño, cobre, zinc, aluminio, níquel y magnesio.

El 19 de junio de 2007 la entidad otorgó una licencia ambiental a favor de Ortiz, luego de 28 días de que la solicitara. Un año después, mediante la Resolución 0350 del 20 de junio de 2008 renovaron unos “permisos de vertimientos líquidos y emisiones atmosféricas del establecimiento Reciclal”.

Todo iba “bien” en el negocio de Ortiz, hasta que el 20 de abril de 2009 la CRA hizo unos “requerimientos” y ordenó una inspección.

De la revisión hecha por funcionarios de la entidad surgió un informe en el que describen el proceso de retiro del plomo de las baterías de vehículos, que es realizado junto a las seis casas de tablas y bloques en las que viven la familia Miranda Suárez y sus vecinos.

Los inspectores reseñaron que las actividades dentro de la fundidora consisten en retirar el plomo de las baterías, que para ello usan una piscina de cemento en la que almacenan el ácido residual que puede ser “fácilmente atacado por el compuesto”, que el plomo es fundido en dos hornos de ladrillos, que lo vierten en moldes de 20 kilos y lo guardan hasta la fecha de entrega a los clientes.

Si bien el dictamen destaca que “el horno secundario no está en condiciones óptimas, ya que la chimenea tiene aproximadamente 3.5 metros de altura –por lo que sus descargas son realizadas a una distancia menor a la establecida legalmente– y esta medida no facilita la dispersión, lo que puede ocasionar impacto directo a personas, flora y fauna”, solo hasta el pasado seis de junio fue cerrada definitivamente.

“Los lingotes los vienen a recoger unas tractomulas, dicen que es para llevarlos al Huila”, apunta Miranda.

Funcionamiento clandestino

EL HERALDO recorrió la parcela en la que está Reciclal. Desde la parte de atrás de la empresa se observan unos cuarenta barriles metálicos sobre los que aparece el nombre de la firma Aserquim. Un olor ácido que irrita los ojos y hace arder la garganta se siente a pocos metros del muro de bloques sobre el que se sostiene una malla azul que separa el patio de los Miranda de la sede de la fundidora.

“Dicen que está cerrada, pero no es así. Hace dos noches fundieron, eran como las 11. Esperan a que sea tarde, a que todos estemos dormidos para prender el horno”, asegura Suárez, aferrada a la foto de su hijo muerto.

Las vacas que tenían en el monte se les murieron. Hasta el árbol de mango se les marchitó. Todo lo atribuyen a la emanación del humo que estaría cargado de partículas de plomo, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se acumulan en el organismo y producen efectos dañinos, especialmente en los niños.

“El plomo se distribuye hasta alcanzar el cerebro, el hígado, los riñones. Se deposita en dientes y huesos, donde se va acumulando con el paso del tiempo. Para evaluar el grado de exposición humana, se suele medir la concentración en sangre. No existe un nivel de exposición al plomo que pueda considerarse seguro ”, indica un recuento de la OMS.

Tan solo dos días después de la muerte de Brayan Rafael, los Miranda recibieron otros dos “golpes mortales”. Esta vez las víctimas fueron el padre y la hermana de Julio Rafael,  “también por plomo”, alegan.

Copia del contrato firmado entre Ortiz y Miranda en el 2007. 

Con el plomo en las venas

Tanto a los Miranda como al resto de las familias que habitan cerca del pozo de agua de La Bonga y de Reciclal la secretaría de Salud de Malambo ordenó hacerles pruebas de sangre, ya que si el grado de exposición es elevado, el plomo ataca el sistema nervioso central, pudiendo provocar coma, convulsiones e incluso la muerte.

Son vecinos de Randy, Meleidys y Dinier Romero, los tres niños que están hospitalizados desde el martes en la clínica Reina Catalina, en el norte de Barranquilla, tras presentar síntomas de intoxicación y hacen parte del registro de los 147 afectados por la exposición a este metal pesado que hizo la Secretaría de Salud del Atlántico.

María Elena y Julio Rafael en su casa, junto a su hija menor, de tres años. 

Dicen que vivir así no es fácil

Yodenis María Pantoja y Yelis Canchila, madres de otros seis niños que presentan síntomas similares, opinan lo mismo. Todas compran laticas de Vick Vaporub (ungüento de mentol) para ponerle en la nariz a los pequeños y “evitar que se les meta el humo”.

En el piso hay pedazos de plomo. Tantos como piedras. Los carros pasan por encima de ellos, los parten. Los pedazos salen disparados por debajo de las llantas de los carros que pasan a prisa por la Avenida Olivares. Los niños los confunden con “piedritas brillantes”, por eso no los descuidan, para que no “se les de por cogerlas”.

Donde los Miranda hay ocho pruebas de plomo en sangre. La menor de las niñas tiene tres años. No es muda, pero aún así no habla. María Elena la llevó varias veces a la EPS-S. Un médico le dijo que parecía que tuviera un retraso mental. No está comprobado. Brenda, su hermana de 11 años, tiene 2.88 microgramos de plomo por cada decilitro de sangre. Curiosamente, en la prueba realizada por el laboratorio Rey-Fals dice que la población pediátrica que considerada como “no expuesta” es hasta los 10 microgramos por decilitro, mientras que la OMS insiste en que “ningún grado de plomo en sangre es seguro”.

Buscando justicia

Brayan murió antes de conseguir su meta, “entrar al bachillerato” en la Institución Educativa Bellavista. El 19 de diciembre de 2012 unos funcionarios de la Secretaría de Salud le pidieron a Suárez la autorización para hacerle una necropsia.

“Era para saber de qué había muerto. Nunca lo llevaron a Medicina Legal, sí le hicieron eso, pero no me dieron los resultados. No nos querían entregar el cuerpo. Mi esposo se fue con los dueños de la fundidora a reclamarlo. El médico de pediatría del Cari salió -como que la conocía- y le dijo: Adriana el niño murió de plomo y ella le hizo shuuuu,.. como para que no dijera nada. Se lo llevó y a ella fue a la que le entregaron los papeles. Mandó a una gente armada que nos advirtió que así era que resolvían ellos los problemas”, recuerda entre lágrimas.
Afirma que aunque le hayan “robado las pruebas” va a buscar justicia, y que uno de los socios de Ortiz le dijo debajo del palo de mango que su esposa tenía “una amiguísima en el departamento de Salud Pública que le puso que murió de dengue”.
Sentada en la cama, junto a su esposo, aseguró que confía en la ley, y no que no olvida lo que le dijeron:“ vea doña a usted lo que le falta es plata para que pueda mover la gente. No va a conseguir nunca a un abogado bueno, como el de nosotros”.

La desvencijada chimenea metálica que se alza entre los árboles le trae a Suárez el recuerdo de la tarde en la que respondió: “sabe una cosa, cuando yo paro a mis hijos nunca les pongo un sello en la frente para ponerles precio, por eso voy a hacer justicia así me toque mover cielo y tierra”. EL HERALDO intentó comunicarse con los representantes de Reciclal, pero no fue posible.

Fundadoras en el Atlántico 

En cumplimiento del decreto número 123 la Alcaldía de Malambo ordenó el cierre definitivo de otras cuatro empresas. Se trata de Metales Recuperados del Caribe, Metcaribe S.A, cuyo representante legal es Rodrigo de Jesús Ángel, y que también está la vereda La Bonga. Acumuladores del Caribe S.A.S, antes Recuperadora Hermanos Herto, respresentada por Francisco Luis Toro, está en la vía a Caracolí, antes de la sexta entrada. Fundidora J & G, representada por Jorge Iván García, está en el kilómetro 7, en la Vía Caracolí. Y, Recuperaciones del Caribe LTDA, representada por Yosmet Rafael Navarro, está en la Vereda el Carmen.