La tensa tarea de los equipos de protección del espacio público

La sombra de un árbol de mango sembrado a un costado del Paseo Bolívar es el espacio en el que repasan detalles de la actividad que se avecina. Son las 9:35 de la mañana cuando once personas, uniformadas con chalecos y gorras verdes, escuchan atentamente las instrucciones de su coordinador respecto al procedimiento que están a punto de efectuar. El objetivo es minimizar, en la medida de lo posible, los riesgos que acarrea esa diligencia.

Después de un par de minutos, están claras las indicaciones para los funcionarios de la Secretaría Distrital de Control Urbano y Espacio Público que se dispone a cumplir la tarea pedagógica con los vendedores estacionarios que ocupan irregularmente los andenes de la carrera 43, entre calles 30 y 34. EL HERALDO participó en una diligencia para constatar las situaciones que afrontan estas personas.

Actualmente, en el Distrito hay censados cerca de 10.000 vendedores estacionarios, que cuentan con permiso para trabajar en la zona municipal, pero cumpliendo con la medida fijada para el tamaño de los puestos de venta. 

Sin embargo, la Secretaría de Control Urbano ha señalado que el número de vendedores ambulantes ha crecido a ritmo acelerado. Igualmente, ha indicado que una gran numero de ocupantes ilegales provienen de Venezuela o son Colombianos que retornaron al país.

El primer segmento del trabajo corre por cuenta de dos psicólogas que se encargan de hacer la  “pedagogía” con los comerciantes informales. Se acercan a ellos y, de forma apacible pero sin dejar de lado el temple que amerita un trabajo de estas condiciones, les explican que no pueden permanecer en el espacio donde están.

Con el movimiento de sus cabezas asienten las indicaciones entregadas por las asesoras de Control Urbano. “Prefiero irme de aquí antes que me quiten mi negocio”, dice el vendedor de frutas mientras bebe un sorbo de agua para combatir la agobiante temperatura que a esa hora se ‘adueña’ de la capital atlanticense.

Frente a una pescadería del sector, un vendedor de aguacates se dirige a los facilitadores de Espacio Público para pedirles, con tono cordial, que “no haya más atropellos”. Y agrega que si la intención es evacuarlos, el procedimiento se debe realizar “por medio del diálogo”.

Cambia la atmósfera

Algunos atienden el llamado de atención de los funcionarios con total receptividad. A pesar de ello, la relativa tranquilidad con la que se desarrollaba el procedimiento se disipa cuando un vendedor se acerca a los facilitadores y amenaza a uno de ellos con apuñalarlo si le quitan sus mercancías.

Al percatarse de la situación, en una suerte de efecto cascada, una decena de vendedores encara a los funcionarios de la dependencia distrital con la intención de amedrentarlos. En cuestión de segundos, los últimos son superados en número y, debido a que en ese instante no cuentan con custodia policial, deciden apartarse por seguridad.

Para aclarar que están incurriendo en una ocupación irregular del terreno, una de las coordinadoras de la actividad le explica a uno de los vendedores que la norma distrital indica que el espacio máximo que puede ocupar una venta estacionaria en ese sector es de 1,20 metros por 1,50 metros. Además, los vendedores no pueden instalar elementos que afecten el tráfico vehicular ni el flujo peatonal.

“La última vez que pasamos por aquí, esa mesa no estaba; sabes que no puedo permitir que la dejes allí. Tienes que quitarla o tendremos que subirla al camión”, dice la mujer a un vendedor de pescados que se limita a observarla en silencio mientras le advierte lo que debe hacer.

La llegada de tres camiones al servicio de la Secretaría de Control Urbano, acompañados por agentes de la Policía Nacional, tiene un doble efecto. Los que temen ser despojados de sus pertenencias empiezan a retirar lo que está mal ubicado. Otros, en cambio, adoptan una actitud desafiante y empiezan a lanzar insultos y vulgaridades contra los funcionarios.

Remoción de objetos

Pese a los intentos de intimidación, la diligencia sigue su curso. Con tapabocas y guantes, los encargados de la recuperación del espacio empiezan a despejar los puntos donde encuentran carretillas y mesas mal ubicadas. En algunos casos, sus acciones originan alteraciones del orden público que requieren la intervención de la Fuerza Pública.

Algunos ciudadanos reconocen que el trabajo del facilitador de espacio público es impopular, riesgoso e ingrato. Incluso, uno de ellos reconoce que “no es fácil tener que quitarle a una persona su fuente de ingresos, pero nuestra misión es recuperar los espacios invadidos para devolverlos a la ciudadanía”.

El jefe de la cartera de Control Urbano, Henry Cáceres, afirmó que los facilitadores están “capacitados” para realizar los procedimientos “respetando los derechos” de los vendedores. Así mismo, indicó que la meta es evitar incidentes entre su grupo de colaboradores y quienes ocupan de forma indebida el espacio público.

Advirtió en su momento que continuarán desarrollando su labor “aunque haya gente que quiera atacarnos” y que no cederán ante posibles intimidaciones. “Si dejamos de hacer los operativos, sería como entregarle la ciudad a las ventas informales; todos tenemos derecho al trabajo, pero este no puede estar por encima de una ciudad que quiere tener espacios de esparcimiento libres y no vamos a bajar los brazos”, sostuvo Cáceres.

Decomisan carretillas y mesas

En operativos hechos el pasado lunes, la Secretaría de Control Urbano decomisó unos 60 objetos por obstrucción del espacio público. En la diligencia, que se llevó a cabo en la carrera 43 entre calles 30 y 39, fue capturado un hombre por alteración del orden.

Entre los objetos decomisados están 5 carretillas, 20 mesas y 40 estibas de madera, así como instalaciones y exhibición de elementos que obstruyen la libre circulación de peatones, indicó la cartera en un comunicado.

Un total de 60 facilitadores de la entidad participaron en el operativo. También participaron 17 patrulleros de la Policía Nacional y seis profesionales en pedagogía. Para el decomiso de objetos se utilizaron cuatro camiones, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Control Urbano.

La dependencia del Distrito informó que estas acciones se llevaron a cabo luego de que los comerciantes firmaran actas de compromiso. Sin embargo, anotaron que “algunos no se han autorregulado”.