Intergremial pide a Electricaribe explicación sobre recursos Prone
Edgardo Sojo, presidente de Intergremial, subrayó que la normalización eléctrica es clave para la Región • Exministro Acosta dice que la empresa debe informar dónde están esos dineros.
La indagación de la Contraloría General de la República, CGR, a los recursos que entregó el Ministerio de Minas a las fiducias y estas a Electricaribe para el Programa de Normalización Eléctrica (Prone) generó este miércoles diferentes opiniones sobre los pasos que debe dar el Gobierno para buscar explicaciones. Especialistas como el exministro Amylkar Acosta recordó que el ente de control está obligado a “proteger el patrimonio público”, mientras que los gremios están esperando las explicaciones de la empresa de servicios públicos.
Los informes periodísticos de EL HERALDO, desde el fin de semana, basados en los hallazgos de la Contraloría señalan que las fiducias hoy tienen solo $7.734 millones de los $141.135 millones girados a Electricaribe, y el resto de recursos, $133.401 millones, fueron consignados a terceros o contratistas autorizados por la compañía de servicios públicos.
La CGR precisa que de los $141.135 millones que las fiduciarias recibieron del Ministerio de Minas y Energía entregaron el 95% ($133.401 millones), desde 2011 al 30 de abril de 2016.
Sobre la auditoría, el senador Álvaro Ashton analizó que la Contraloría tiene ciertas limitaciones para ejercer la auditoría a los estados financieros porque Electricaribe es una entidad de derecho privado. “Este informe corresponde a las actuaciones del Ministerio de Minas que es la entidad del Estado que es auditada por la Contraloría y la relación de ejecución de esos recursos”, dijo.
Ashton afirmó que, de alguna forma, se puede confrontar cada una de las inversiones con las apropiaciones presupuestales del Estado para “determinar una responsabilidad de delitos por omisión”.
El exministro Acosta consideró que el revisor fiscal tiene el deber de proteger el patrimonio público. “Donde están comprometidos los recursos se debe requerir a Electricaribe para que dé explicaciones de esos dineros, que no son de la empresa: son del Estado. Si están invertidos tienen que precisar en qué lo invirtieron. Y si la empresa asegura no se invirtieron, tiene que explicar por qué no están en la fiducia”, manifestó.
Edgardo Sojo, presidente de Intergremial y gerente del Plan5Caribe, que es el programa que acordó el gobierno del presidente Juan Manuel Santos para solucionar el déficit de infraestructura y servicio eléctrico en la región, dijo que esperan una respuesta de Electricaribe.
“Insistimos en que los recursos Prone y el desarrollo de la normalización eléctrica son importantes para la Región”, reafirmó.
Sojo consideró que la investigación de la Contraloría debe conducir a que si “hay una responsabilidad que le quepa a Electricaribe se deben tomar las sanciones que esto amerite”.
Ante los hallazgos, el senador Efraín Cepeda apuntó que está en riesgo que los habitantes de la Costa tengan la oportunidad de normalizar sus redes eléctricas. “Creo que queda claro que el Ministerio de Minas y Energía no puede contratar más con la empresa. Realmente hoy vemos muchos de esos recursos sin explicación y la empresa debe contar toda la verdad. Ya esto tocó y rompió fondo. Es hora de que entre una mejor entidad y con mejor músculo financiero”.
La oficina de comunicaciones de Electricaribe se remitió nuevamente al comunicado del 18 de julio en el que respondió, entre otros puntos, que los dineros recibidos de las fiducias se destinaron para su único destino: “No se utilizan para ningún otro fin”.
La Superintendencia de Servicios Públicos dijo, a través de su jefe de comunicaciones, que solo la próxima semana se pronunciará sobre los hechos que involucra sus funciones.
El barranquillero José Miguel Mendoza hace una semana asumió el cargo de superintendente y está conociendo a profundidad la problemática. “Hemos decidido no dar ninguna declaración hasta que no tengamos el panorama claro y el plan de acción a seguir”, aseguró Jorge Riaño, jefe de comunicaciones.
La Superintendencia está llamada a intervenir porque dentro de sus funciones y competencias está la de proteger a los usuarios. “Lo más afectados por esta omisión de no haber invertido esos recursos en normalización son los usuarios”, afirmó Acosta.
Ashton precisó que están identificadas las actuaciones del Ministerio de Minas por convenios con la empresa y cómo se han realizado. “Electricaribe tiene que responder por cada uno de esos proyectos y ese convenio obliga al Ministerio a tomar las conductas contra Electricaribe. Y la Superintendencia debe examinar las actuaciones y si es viable financiera la empresa en este momento”, subrayó.
