El Heraldo
Los ocupantes han llamado a El Mirador un espacio temporal humanitario. Luis Rodríguez Lezama
Barranquilla

Familias protestan en la Catedral para evitar desalojo

Habitantes de un predio llamado El Tamarindo esperan que la Alcaldía no los saque sin ayudarlos.

Norma Baldovino sostiene una pancarta con un mensaje claro para la Alcaldía de Barranquilla: respeten nuestros derechos, no al desalojo.

La mujer de 40 años integra una de las 44 familias que ocupan El Mirador, una franja del predio denominado El Tamarindo, del cual serían desalojados hoy por una diligencia que adelantaron los dueños de la tierra ante la inspección de Policía.

El terreno está ubicado a un costado de la vía La Cordialidad, entre Barranquilla y Galapa, a la altura de la Zona Franca Internacional del Atlántico (Zofía). El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) estableció que los suelos de esa zona son de uso industrial y por tanto no pueden vivir en él.

Baldovino es oriunda de Chalán (Sucre) y alza su cartel porque teme pasar el día de las velitas (mañana) en la calle. Ella llegó en 2007, luego de haber estado en diferentes lugares, tratando de asentarse.

El motivo de su nomadismo es que tuvo que huir de su municipio después de que su casa fuera atacada en 1996 “por la guerrilla del frente 37 de las Farc” y su madre resultara herida, para después fallecer en un hospital de Corozal. 

Al igual que la suya, otras 23 familias son desplazados por la violencia del conflicto armado colombiano. Llegaron del Cesar, Magdalena, Bolívar y Sucre para rehacer su vida, pero nuevamente tienen que recoger sus pertenencias para mudarse a un lugar que esperan sea definitivo.

“Estamos cansados de estar de un lado a otro. Nosotros no estamos peleando por esos predios, solo queremos un lugar donde podamos cultivar nuestros alimentos y tener nuestros animales. Lo único que pedimos es que nos reubiquen”, asegura Baldovino.

Soluciones
Alfredo Palencia, director de la Unidad de Víctimas en Atlántico, señaló que la semana pasada se llegó a un acuerdo con las partes para que el desalojo no sea inmediato.

“La orden de salida es mañana, pero las víctimas tendrán 15 días para abandonar el terreno. Se depositará un dinero en una fiducia para que lo usen comprando terrenos en otro lugar y así continúen con su rehabilitación económica”, señaló Palencia.

Sobre las personas que no son damnificadas de la guerra, afirma que es el Gobierno Distrital el que debe encontrarles una solución porque se sale de su competencia.

Otra de las propuestas que se presentaron en las negociaciones fue reubicar a las familias en Villas de San Pablo, sin embargo la chalanera argumenta que en la ciudad no se puede cultivar y que ellos lo único que saben hacer es trabajar el campo.

Por eso esperan que la administración les ayude a reubicarse cuando salgan de los predios y no seguir recorriendo el país para establecerse.

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