Fallo de Corte sobre dosis personal de drogas desata polémica

Diversas reacciones produjo en los sectores políticos y académicos de Barranquilla y el país el fallo de la Corte Suprema de Justicia que estableció que la dosis mínima de drogas debe estar dada de acuerdo a la “necesidad de la persona” que vaya a consumirlas -no a venderlas- y no a las medidas que estableció la Ley 30 de 1986 sobre estupefacientes.

Con esta premisa, las autoridades no podrían entonces judicializar a una persona que sea sorprendida con más de 20 gramos de marihuana o más un gramo de cocaína -dosis mínima-, si no se le comprueba que es para venta o distribución. Se lee al respecto en la sentencia que “tratándose de consumidores o adictos que porten o lleven consigo sustancias con esa específica finalidad, no pueden ser judicializados por la justicia y su proceder es de competencia de las autoridades administrativas de la salud”.

La secretaria distrital de Salud, Alma Solano, indicó que “desde que  el año pasado se incluyó la farmacodependencia en el Plan Obligatorio de Salud (POS)”, han estado exigiéndole a las EPS que garanticen la ruta de atención de estos pacientes. “Hoy, a diferencia de hace un año, hay un aumento en una proporción de tres veces más pacientes en atención de farmacodependencia en instituciones de salud”.

A pesar de este incremento, la secretaria encuentra que hay un problema y es que es insuficiente el número de camas para este tipo de cuidados.

“La farmacodependencia es una enfermedad de salud mental porque es una adicción y no hay suficientes instituciones hospitalarias que puedan brindar este tipo de atención. Tenemos un problema como el número de camas”, indicó Solano.

La funcionaria explicó que dentro del Plan de Desarrollo, el Alcalde de Barranquilla incluyó la construcción de un camino de Salud Mental y neurociencia, “que va a apoyar estos procesos dentro del POS”.

La doctora en salud pública, Martha Hernández, ve en la decisión de la Corte la posibilidad para que se lleven a cabo políticas públicas para tratar las adicciones.

“No se pueden convertir las cárceles en instituciones para lidiar con pacientes que necesitan una atención especializada por su adicción. Penalizar a una persona que sufre de adicción es una medida que no soluciona los problemas de salud pública”, dijo vía telefónica la docente internacional de la Universidad del Norte.

Por su parte, la socióloga Angélica Santis, indicó que la medida puede traer como consecuencia que aumente el número de consumidores de sustancias.

“Cuando salió la ley que aprobó el consumo de dosis mínima ya no eran solo los jóvenes sino personas de todas las edades, porque ya podían portarla y no pasaba nada”, señaló la socióloga.

En una investigación que realizó la Universidad de Atlántico, Santis indicó que el análisis reflejó que la mayoría de los adictos se enganchaban por dos causas principales: “problemas familiares (padres divorciados, problemas económicos, o que habían sufrido violencia en la niñez, entre otros) o porque buscaban aceptación en un grupo social”.

Congreso. El senador del Partido de La U Roy Barreras afirmó que el de la Corte “es un paso en la dirección correcta” y puso de presente, en diálogo con EL HERALDO, que “el mundo está cambiando a propósito de la fallida guerra contra las drogas. El problema del consumo de sustancias prohibidas como lo fue el alcohol hace muchos años, y ahora la marihuana o la cocaína, es un problema de salud pública y no se resuelve persiguiendo criminalmente a los enfermos. Esa solución tendrá que ser aplicada en el mundo entero para poder acabar con el negocio del narcotráfico tumbándoles el precio, y eso se llama la despenalización global de las drogas”.

En cambio, su colega del Centro Democrático, Alfredo Rangel, consideró que “la Corte se ha equivocado porque prácticamente ha eliminado la dosis personal cuando establece que cada quien puede señalarla, y el control de las autoridades queda absolutamente imposibilitado. Es una decisión que favorece a los 'jíbaros' y a las ollas del microtráfico: no está en favor de la protección de los consumidores sino a favor del microtráfico”.

Entre tanto, Alexánder López Maya, del Polo Democrático, le dijo a este diario que al máximo tribunal de la justicia ordinaria del país le faltó ir más allá en su decisión: “la Corte ya se había pronunciado con anterioridad, y seguimos avanzando en una política de derechos individuales y personales, pero creo que la Corte se está quedando corta porque tenemos que mirar el tema de la legalización como una herramienta fundamental para combatir el narcotráfico”.

Al contrario, la senadora uribista Paloma Valencia opinó en este medio que “la Corte se equivoca porque está poniendo muy difícil la persecución del microtráfico, y el gran flagelo que sufren los colombianos hoy es ver cómo, los que se dedican al microtráfico, les venden drogas a los niños y a los adolescentes”.

De otro lado, el senador barranquillero de La U Armando Benedetti advirtió que la providencia “a pesar de que no criminaliza al adicto, lo estigmatiza, porque la persona tiene que ir a una EPS y decir ‘yo soy adicto y denme un carné que diga que yo soy de 40 gramos’. Eso es absurdo. A lo que tiene que llegar la sociedad es buscar que a los adictos que se quieran rehabilitar, el Estado pueda ofrecerles un protocolo para ello, y si la sociedad entiende que son enfermos, buscarán ayuda, pero si usted lo estigmatiza, no va a buscar ayuda”.

Finalmente, la senadora de la Alianza Verde, Claudia López, ve que en el fallo hay algo de confusión: “en general esa inestabilidad normativa en ningún tema me gusta. No conozco el fallo pero como cualquier otro hace referencia a un caso específico. Es decir, no es que se vaya a volver una política pública ni es que aplica en general para todos. La política pública sobre dosis mínima, sobre consumo de sustancias sicoactivas, sobre tratamientos a adictos, dependen del ministerio de Salud, y espero que sea éste el que muy pronto aclare si su política sigue siendo la misma o si producto de este fallo hay algún cambio”.

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, advirtió que el fallo “es un golpe mortal para la lucha contra el microtráfico”.

El jefe del Ministerio Público dijo que la sentencia es una “incoherencia del Estado colombiano en la lucha contra la droga y la drogadicción”, ya que “las fuentes del microtráfico se potencian y se le quita al Estado instrumentos eficaces para combatir la delincuencia que distribuye la droga”.

Concluyó el titular del ente de control disciplinario que este tipo de medidas contribuyen a “una progresiva flexibilización de las normas por intermedio de las decisiones judiciales”.