Corte Constitucional devuelve parqueadero a dueños de la Clínica de la Costa
El Alto Tribunal revocó la medida que privaba a los dueños de la Clínica del uso del parqueadero, tal y como lo había sentenciado el Juez Once Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla.
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, revocó la sentencia proferida en primera instancia por el Juez Once Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, el 18 de junio de 2015, a través de la cual se tutelaron los derechos fundamentales al debido proceso, al buen nombre, a la dignidad y a la propiedad de la Clínica de la Costa Ltda.
De esta forma, el Alto Tribunal devolvió a los médicos Gustavo Aroca y Andrés Cadena, dueños de la Clínica, el predio que corresponde al parqueadero y que se les había privado de usar por ser un predio que estaba en extinción de dominio.
Los hechos
Gustavo Aroca y Andrés Cadena le compraron una vivienda a Irma Ximena Álvarez Iragorri, para continuar el proyecto de expansión del centro asistencial.
Según lo relatado por Aroca y Cadena dentro del proceso, estuvieron varios años tratando de convencer a la señora Álvarez para que hicieran el negocio, tal como lo habían hecho con otras familias que residían en ese sector de la carrera 50 con calle 80. Luego de varios años de conversaciones, Álvarez Iragorri accedió al trato en el 2005. Fueron más de 300 millones de pesos que pagaron por el lote ubicado en la carrera 50 No. 80-152.
Aseguraron que a la hora de la compra los documentos fueron revisados y en el Registro de Instrumentos Públicos aparecen como dueños originales Francisco José Luque, Ricardo José Luque (exmagistrado), José Manuel Luque y Nicolasa González de Luque, quienes fueron los que le vendieron a Irma Ximena Álvarez Iragorri.
Cinco años después, el 4 de febrero de 2010, fueron notificados sobre el embargo del predio.
La diligencia de embargo y secuestro se hizo el 12 de agosto de 2011, fecha en la cual fueron enterados de que el predio supuestamente era de Víctor y Miguel Ángel Mejía Múnera, este último extraditado a Estados Unidos en el 2009.
Ante estos hechos, los dueños de la clínica decidieron presentar una tutela contra la Fiscalía 22 de la Unidad de Justicia Transicional y la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que fue la que se falló ayer a favor de la clínica.
