El Heraldo
Personal del Esmad estuvo presente durante la diligencia de demolición de las construcciones de El Rubí. Giovanny Escudero
Barranquilla

Comenzó demolición en El Rubí

240 uniformados de la Policía acompañaron diligencia para desalojar zona de “alto riesgo”.

Desde las 5:00 a.m., 240 uniformados de la Policía se posicionaron en los alrededores del lote conocido como el Rubí, en la carrera 38 entre calles 82C y 84, ladera occidental de Barranquilla. De inmediato, un grupo de personas que residen en algunas de las construcciones del sector quedaron alertadas ante la amenaza de demolición de los inmuebles por orden de la Alcaldía.

Durante la mañana la situación no pasó de una tensa calma. El personal del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) junto con carabineros y funcionarios de la Secretaría de Espacio Público se agruparon en un sector cercano, esperando para darle inicio al operativo, mientras que los habitantes de los predios bloquearon con palos una vía de acceso y en la otra estacionaron dos vehículos.

Pero el problema para la Alcaldía no era el mismo que en mayo de 2014, cuando EL HERALDO denunció el comienzo de estas construcciones. En ese momento solo habían ocho. Ayer, el número de casas ascendía a 61, según un abogado de los dueños de las viviendas. La advertencia que la Defensoría Regional del Pueblo hizo hace un par de meses, sobre que al Distrito le ha “faltado control” en este tema, cobró veracidad.

Luego de la denuncia del año pasado de este medio, la secretaría de Control Urbano y Espacio Público visitó la zona y aplicó el bloqueo a 32 construcciones consideradas “ilegales” por no poseer licencias de Curaduría Urbana y por encontrarse en un área declarada para parque ladera 14 y clasificada como “lote no urbanizable, área de riesgo no mitigable”, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

LA DESTRUCCIÓN.

A las 2:45 p.m., y con la llegada de dos retroexcavadoras, comenzó el operativo de demolición de las construcciones: aproximadamente 20, de las 61, terminaron convertidas en escombros. Durante la jornada una mujer propietaria de un inmueble tuvo una recaída de salud y fue trasladada a un centro hospitalario cercano. Y dos hombres pusieron, con éxito, resistencia a la demolición, uno se encadenó y el otro se montó encima del techo de la casa.

La diligencia solo fue aplicada por parte de las autoridades a predios desocupados o que estaban en construcción, dado que en otros había personas habitándolos o se encontraban con acciones de tutela en curso, como el caso Kelly Guzmán.

Ella mostró el oficio número 354 del 26 de febrero de 2015, donde el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Oralidad de Barranquilla decreta, “de carácter urgente”, ordenar a la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público Distrital la “suspensión de la diligencia de demolición que pesa sobre el inmueble ubicado en la carrera 36 con calle 84 – lote 8”.

“La Alcaldía solo justifica que estamos en zona de riesgo, pero no proponen ninguna solución. Nosotros tenemos derecho a la vivienda y se nos está vulnerando, y no somos ni invasores ni ladrones de predios. Hace más de un año tengo mi casa, el lote me costó $23 millones y llevo más de $50 millones invertidos en materiales”, afirmó Guzmán, que sostuvo que posee escrituras protocolarias pero no licencia de Curaduría.

Johana Acosta, otra habitante del sector, relató que compró a particulares el lote en siete millones de pesos, y que lleva unos 15 millones de pesos invertidos en materiales de construcción. “Mi casa está lista hace seis meses. Vivo con mi hija y mi esposo, no nos pueden sacar así. Que nos reubiquen o nos den una casa en otra parte”, reclamó. Su inmueble también fue uno de los que quedó en pie.

Manuel Barandica, uno de los seis abogados de las personas que han comprado los terrenos en El Rubí, advirtió que “saldrán más ordenes judiciales que impedirán las demoliciones, como medidas provisionales hasta que  nos den las garantías del fallo resolutivo”.

Este medio quiso consultar la respuesta de la secretaría de Control Urbano y Espacio Público, Diana Amaya Gil, pero la Alcaldía informó que solo entregará declaraciones hoy a las 8:00 a.m., en rueda de prensa.

Cronología 

El problema arrancó desde el año 2012 cuando el predio de 17 hectáreas que bordea el barrio Campo Alegre, Las Terrazas, Colinas, Villas de Las Colinas, Prado del Edén, Villa del Rosario y las Estrellas empezó a ser invadido. El 28 de marzo del mismo año, los propietarios del terreno solicitaron amparo policivo a la Inspección quinta de Reacción Inmediata.

En mayo de 2012, los invasores instalaron unos cambuches con techo de zinc que fueron derribados por la Policía.

En enero de 2013 empiezan a levantar mejoras en material con techos de eternit.

El 20 de marzo de 2013 se llevó a cabo una diligencia desalojo por la Inspección Sexta a cargo de la inspectora Lesby Movilla en reemplazo del titular Christian Manotas, quien estaba de vacaciones.

En 2014 volvieron a entrar al predio y a construir nuevamente unas casas de material de considerable tamaño y empezaron a intervenir el predio, remover la capa vegetal, cambiar el curso de los arroyos y trazar calles.

Escrituras y documentos notarias señalan que los  propietarios del lote son algunos miembros de las familias Mancini Alzamora e Inurbanas de la Familia Farah, que han recurrido a la justicia ordinaria y penal para frenar y acabar con la invasión.


 

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